Santa Fe - El organismo se expidió a partir de dos presentaciones que reclamaban la rectificación de los decretos del gobierno provincial que permitieron, con acuerdo sindical, liquidar montos por única vez no remunerativos y no bonificables. Ello, según el defensor Luciano Leiva, transgrede la Ley Provincial de Blanqueo N° 12.469.
 
La Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo de la provincia que de aquí en más y para todos los sectores de la Administración Pública “evite la aplicación de sumas no remunerativas y no bonificables”, tal como lo establece “la letra y el espíritu” de la ley N° 12.469 conocida como “ley de blanqueo”. Dicha norma estipula que los montos pagados en negro a los agentes públicos debían ser “blanqueados” de manera progresiva, y exige que en adelante, todas las sumas otorgadas como mejoras salariales deben necesariamente ser remunerativas y bonificables.
 
La resolución del defensor adjunto Zona Norte, Luciano Leiva, es la N° 278 y fue emitida el pasado 12 de setiembre. El organismo se expidió a partir de dos presentaciones realizadas en ese ámbito en las que se reclama que el gobierno rectifique los decretos mediante los cuales otorgó, con acuerdo de los gremios respectivos, sumas fijas pagadas por única vez a los agentes públicos -activos y pasivos- como parte de la política salarial de 2014. Las quejas habían sido impuestas por José Cándido, ex titular de la Asamblea Permanente de Jubilados y Pensionados; y por el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, Eduardo Cóceres.
 
Además de invocar los postulados de la “ley de blanqueo”, los denunciantes advirtieron en sus escritos que el otorgamiento de esas sumas fijas perjudica a la Caja de Jubilaciones y al Iapos, ya que no se trasladan los aportes correspondientes a los pasivos ni a la obra social.
 
Actuaciones
 
Las sumas fijas fueron otorgadas a principios de 2014 a los agentes de la administración provincial, y por acuerdos posteriores con la Festram, a los empleados municipales. Pero ya a fines de 2013 habían sido parte del acuerdo salarial alcanzado con el sector policial y penitenciario, después de la revuelta de diciembre. Dicho importe -1.500 pesos por agente llamado “bono de fin de año”- se pagó de manera uniforme, sin reparar en jerarquías ni cargos.
 
En sus considerandos, la Defensoría deja constancia de que remitió oficios antes de emitir su resolución al Ministerio de Gobierno de la provincia, al Tribunal de Cuentas, a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, y a la Caja de Jubilaciones de la provincia. Este último organismo respondió que las sumas fijas en cuestión, al haber sido otorgadas por única vez, “no revisten las características de habitual y regular”. Por lo tanto, argumenta, “carecen de la condición exigida por la ley previsional para ser considerada remuneración”, y en consecuencia, generar el aporte.
 
Resolución
 
Finalmente, y tras analizar la jurisprudencia y antecedentes presentados por los denunciantes, el defensor sostiene que la habitualidad o regularidad de pago de las sumas en cuestión es un rasgo “secundario” ante el carácter “general” que tuvo dicho ítem. Acota que las sumas otorgadas “no respetan proporcionalidad entre el activo y el pasivo, ni gradualidad en el haber por jerarquía entre los propios pasivos”. Y concluye en que dichas sumas constituyen “una remuneración y su causa no es otra que el débito laboral de los trabajadores”.
 
El defensor reconoce la situación de “excepcionalidad” vivida en diciembre de 2013 con el alzamiento policial, pero sin perjuicio de ello, recomienda al Poder Ejecutivo que en lo sucesivo “evite la aplicación de sumas no remunerativas y no bonificables como lo establece la ley”. Asimismo, alerta que “la actividad discrecional y las decisiones de la administración adoptadas por razones de oportunidad, mérito y conveniencia merecen un cuidadoso y prudente control administrativo y judicial”. Apunta, por último, que el objetivo de “identificar la raíz de esta problemática” es a los fines de “evitar que se torne frecuente, para evitar que deriven en juicios contra el estado con su consecuente perjuicio económico para los fondos públicos”. Por todo ello, recomienda al gobierno abstenerse de volver a otorgar dichas sumas fijas en el futuro.
 
Archivo
 
En abril de este año, El Litoral consultaba a la directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Berzero, sobre si el pago de las sumas fijas afectaba o no al organismo previsional. “Son decisiones políticas, del gobierno -respondía la funcionaria-. Nosotros siempre bregamos para que las sumas sean remunerativas. También nos encontramos con el problema de que muchos municipios y comunas pagan sumas no remunerativas que son habituales y permanentes, y siempre estamos luchando para que la caja sea sustentable y se pague con aportes a la Caja”. 5 millones de pesos, según Eduardo Cóceres, fue el déficit mensual que según el Presupuesto 2014, le causó a la Caja Municipal el pago de sumas fijas a los agentes de sector.
 
La clave
 
Notificados
 
La Defensoría del Pueblo notificó de la resolución en cuestión a los ministros de Gobierno, Rubén Galassi; de Seguridad, Raúl Lamberto; de Economía, Ángel Sciara; a la directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Berzero; y a los secretarios generales de los gremios de Festram, Claudio Leoni; de Asoem, Américo Barrios; de UPCN Jorge Molinas, y de ATE, Jorge Hoffman.
 
Fuente: El Litoral
 
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