Rosario – APROPOL llama a “tener memoria” y recordar que a las “paritarias policiales” la desactivaron ilegal y arbitrariamente este mismo gobierno actual.
Por Rubén Pombo
Luego de incesantes tramites y ante la falta de respuesta y la "virtual desactivación" de uno de los objetivos logrados en el "Histórico Paro Policial de 2013" que era un “canal de dialogo”; delegados gremiales electos dramáticamente denunciaron al gobierno socialista actual encabezado por Miguel Lifschiftz y su ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que hoy pretenden erigirse en respetuosos de los trabajadores policiales y salen a rogarles el voto para las próximas elecciones. APROPOL llama a tener memoria completa y “pasarles factura” por todo e daño que han hecho.
En noviembre de 2016, cuatro delegados gremiales que integran la Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo de esta provincia denunciaron ante el Ministerio de Trabajo provincial al gobierno por lo que consideran graves irregularidades.
Según fuentes confiables del propio ministerio los delegados gremiales Margarita Ramis Llull, Raul Saccone Tirrito, Juan José Montes de Oca y Roque Restovich todos policías en actividad y elegidos por el voto directo de los trabajadores policiales para integrar esta comisión se presentaron ante lo que es “la autoridad de aplicación” de la Ley Provincial Nº 12.913 de creación de los “comités mixtos de seguridad e higiene”. (Es reglamentada parcialmente por el Decreto 0396/2009 y promulgada por Decreto 2208/2008).
La lista de irregularidades que le achacaban al “empleador” es decir al Estado Provincial a través del Poder Ejecutivo es amplia y de gravedad en la cuestión laboral y de destacar en el marco del recalentamiento del malestar en la fuerza por los bajísimos salarios, el recorte de horas extras, congelamiento de lo percibido por servicios adicionales y otros ítem que se vienen reclamando.
Para ser mas grafico, según la información que publicamos la semana pasada, el 60% de la policía cobra salarios que están pegados a la línea de la pobreza que ronda según fuentes oficiales y de ongs en 12.800 $ mientras que el salario “inicial de bolsillo” de un policía es de 13.800$. Esta consideración es para lo que denominan “la base de la pirámide” y alcanza a más de la mitad del total de los mas de 22.000 efectivos como lo señalamos.
Las entidades gremiales que nuclean policías santafesinos se vienen pronunciando y anticipando el desemboque en un conflicto como ene l 2013 si no hay una respuesta a la acuciante situación que viven pero además marcando como ámbito para el dialogo precisamente a la comisión que integran y a la cual de manera inescrupulosa y mostrando una falta total de dialogo el gobierno de Miguel Lifchiftz ha “congelado” según las propias palabras de los dirigentes sindicales.
Este hartazgo lego ahora a los propios delegados de los trabajadores que han presentado una denuncia ante la cartera laboral y solicitaron al presidente de la misma (el ministro Maximiliano Pullaro) una reunión de emergencia para tratar los puntos denunciados y tratar de encarrilar las relaciones para avanzar en resultados que alejen la posibilidad lisa y llana de otro paro policial.
Los puntos denunciados son:
1 – desde 2014 reclaman que registren como marca la ley la comisión y los delegados ante la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo de la Provincia) y no lo lograron.
2 – Incumplimiento del cronograma de convocatoria a reuniones de la paritaria.
3 – Incumplimiento de los plazas para la convocatoria lo que perjudica y hasta impide la presencia y participación de los delegados que son de distintos ámbitos de la provincia.
4 – Inexistencia de un libro de actas de reuniones debidamente foliadas y habilitado por las autoridades.
5 – Trabas de parte del empleador para el desarrollo de actividades de los delegados.
6 – Falta de acciones de capacitación a delegados y al personal en temas de seguridad e higiene.
7 – Toma unilateral de medidas que debían ser tramitadas previamente, por ejemplo el denominado “Censo Policial”.
8 – Incumplimiento del empleador de un “Plan Anual de Prevención” como marca la ley pese ha haberse solicitado reiteradamente.
Como verán las claras conductas del gobierno solo contribuyen a ahondar el malestar y terminan por borrar el único ámbito de diálogo que se conquisto después de la traumática situación vivida en diciembre de 2013. Las autoridades de trabajo deberán responder aunque no se descarta acudir a la justicia o a las autoridades nacionales si no hay respuestas.
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