Denuncias de acoso laboral graves de mujeres policías en el sur provincial

Por Alberto Martínez (*)

En estos días se han presentado al menos en nuestro cocimiento dos casos en los que se ha pedido intervención de la organización ante lo que las victimas consideran una grave violación de sus derechos. Cumplimos en visibilizarlos y exhortar a las autoridades a que tomen cartas en el asunto de manera inmediata y con una justa decisión investigando debidamente lo que relatan las compañeras.

En un destacamento rosarino

En esta ciudad nos exponen que una compañera (personal femenino) denuncio a un subjefe de un destacamento céntrico entendiendo que ”abuso de su autoridad, la maltrató psicológicamente, discriminó y amenazó” constituyendo de acuerdo a lo informado “una persecución laboral”.

Dice la compañera que no es el único caso, es decir son varias las afectadas pero que “a ella se le agudizo ya que declaro en contra del funcionario denunciado”. Como “castigo” la trasladaron a otra ciudad causándole problemas económicos y familiares.

Acotan que se evidencia una “impunidad total” para quienes cometen o al menos son denunciados por estos actos.

Las denuncias fueron radicadas en Asuntos Internos “que no hicieron absolutamente nada” por lo cual estiman hacerla “publica”.

“Te voy a llevar a un telo”

En San Lorenzo y ante lo que el diario Síntesis describió como “un corporativo silencio institucional” dos jefes policiales de una ciudad de ese departamento fueron denunciados “por acoso sexual, hostigamiento y abuso de autoridad”.

Si bien e medio de prensa identifico a los denunciados ( A. R. y S. C.) por el momento preferimos mantener en este medio la reserva de sus identidades. La cuestión se centra en una presentación de una joven policia de 29 años, ingresada en 2016 que vino padeciendo según sus dichos “insinuaciones de acoso sexual y violencia psicológica por parte de sus jefes, los oficiales A. R. y S. C..”.

Según el medio periodístico: “Ante la negación sistemática de la joven a acceder a “salir a tomar algo” con sus superiores o “patrullar juntos para conocerse”, los jefes empezaron a subir el tono de sus insinuaciones y conductas al punto de proponerle que “le regalarían ropa interior para que se cambie delante de ellos”, rozarla corporalmente al pasar mientras le decían improperios al oído o darle una palmada en la cola. Innumerables situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, con el agravante de ejercer coerción y abuso de autoridad por tener rango superior a la agente”.

Todo esto consta en la denuncia radicada por la joven mujer en el Centro de Orientación a la Víctima de la Unidad Regional XVIII de San Lorenzo, el 2 de marzo de 2016, con ampliación de denuncia el día 3 de marzo y ademas se menciona como testigo a un oficial superior que no actuó en funcion de lo que presenció. La dependencia es de la “Policía Comunitaria”. 

“La situación más intimidante que vivió la joven se dio en una oportunidad que estaba trabajando en la base de la policía comunitaria de barrio Copello y el oficial C. pasó por el lugar y le solicitó que lo acompañe a entregar al Jefe unas planillas de adicionales que ella había confeccionado. En esa oportunidad Correa circulaba en su auto particular. En lugar de hacer lo anunciado, tomó la autopista y le dijo que “la iba a llevar a un telo”. Cuando ella se negó le dijo que el dinero de los adicionales se lo iba a dar para “que se hiciera las tetas”, tocándole los pechos, a lo que la joven puso resistencia como pudo”.

Luego dicen “comenzó un verdadero calvario para la joven, ya que el jefe y su secretario, ejerciendo abuso de autoridad, comenzaron a hostigarla en su trabajo, sobrecargándola, cambiándole los horarios laborales sin notificación previa, pasando por la casa de la joven fuera de los horarios de trabajo para hacerle reclamos infundados y haciéndola sentir que la controlaban y sabían todos sus movimientos. La joven comenzó a angustiarse, a quebrarse emocionalmente, hasta que no soportó más y decidió hacer la denuncia”.

“Al día siguiente de hacer la denuncia le comunicaron que no podía seguir trabajando, que le daban licencia psiquiátrica y la derivaron al psicólogo de medicina legal. Le retiraron el arma y le dieron “carpeta médica” para que se quede en su casa”.

La cosa no quedo allí y detallan que: “También recibió amenazas intimidándola para que retire su declaración. Le hicieron saber a través de los compañeros de trabajo que estaba siendo vigilada, que los denunciados pasaban por su casa en sus autos particulares”.

La sorpresa fue cuando su abogado se presentó en la Jefatura de San Lorenzo y requirió la copia de la denuncia para presentarla en la justicia, la misma no estaba; había sido “fondeada” y denuncian que ademas de lo relatado “la institución policial, activó de inmediato una serie de procedimientos para aislar y acallar a la denunciante, para que no se investiguen los gravísimos hechos denunciados ni se sancione a los oficiales acosadores”. En esto señalan responsabilidades del nivel político que sostuvieron esta situación.

Esta situación se prolongó por más de dos años. En ese ínterin la mujer policía fue reubicada en Rosario, sin ninguna notificación fehaciente. Estuvo a punto de ser suspendida por no presentarse a citaciones que nunca recibió. La nueva subjefa de Rosario le dijo “el pasado pisado” (NR: obviamente en busca de una contención adecuada a su padecimiento) y le asignó “tareas diferentes”. Estuvo quince días en la Comisaría 24 de Baigorria y luego pasó a una dependencia de Rosario, donde cumple trabajo administrativo. En tanto C. y R. fueron ascendidos.

En la denuncia, la joven menciona que hay otras compañeras que han sufrido situaciones similares, pero que tienen miedo de denunciar, porque está a la vista lo que les pasa si hablan: no les creen, no las defienden, las tratan de “enfermas psiquiátricas”, se minimizan sus testimonios, se las responsabiliza del acoso que ejercen los varones, se interrumpe su carrera, las aíslan. La institución policial, los funcionarios políticos de los que depende y la Justicia miran para otro lado, tienden un manto de silencio y ejercen complicidad para defender a los acosadores.

¿Cómo puede garantizar la policía el derecho de las mujeres civiles cuando denuncian haber sufrido violencia de género, si no escucha ni defiende a las propias mujeres de la fuerza? Se preguntan.

Diputados dio media sanción a la ley del CIPGEN

El proyecto crea un centro de asistencia y apoyo para mujeres policías víctimas de violencia de género en el ámbito laboral.

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género (CIPGEN) para mujeres pertenecientes a la policía provincial, al Servicio Penitenciario y al Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). El proyecto tiene como objetivos proveer asistencia y acompañamiento a víctimas de discriminación y violencia machista en el ámbito laboral y desarrollar acciones en pos de modificar prácticas y garantizar la igualdad de oportunidades.

La normativa fue elaborada en colaboración con las integrantes de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe, que vienen trabajando para visibilizar esta problemática y reclamando medidas ante las numerosas situaciones de desigualdad y abuso que padecen. En una encuesta realizada por esta organización a 300 trabajadoras, el 75% afirmó que sufrió violencia por parte de compañeros o superiores y que los casos quedaron en la nada. El estudio reveló también que el 65% del total tiene entre 5 y 15 años de antigüedad, pero nunca ocupó cargos jerárquicos. Y que, si bien la mitad de las entrevistadas cuentan con un título universitario, apenas un pequeño porcentaje ha logrado ascensos.

El CIPGEN se encargará de recibir y acompañar las presentaciones y denuncias por casos de violencia de género y discriminación en el ámbito laboral. También contemplará los hechos ocurridos en el ámbito doméstico cuando el agresor pertenezca a estas instituciones. Además, brindará asesoramiento jurídico y asistencia a las víctimas a través de equipos interdisciplinarios, y realizará un seguimiento de las actuaciones y un registro que sirva a la confección de estadísticas. En este sentido, busca proteger a las mujeres garantizando no sólo sus derechos constitucionales, sino también las leyes y reglamentos propios de las fuerzas.

En principio, la normativa prevé el establecimiento de cinco sedes, uno en cada nodo de la provincia. La autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que podrá actuar en forma neutral ante esas situaciones y proponer actividades y capacitaciones tendientes a prevenir la violencia contras las mujeres y a erradicar estas prácticas, promoviendo un cambio cultural.

Una red donde acudir

Las compañeras que estén atravesando esta situación podrán comunicarse con la Red de Mujeres Policías de Santa Fe que se esta transformando en un ámbito especifico para la contención y promoción de medidas concretas, en la red social Facebook en https://www.facebook.com/redmujerespoliciasSF/.

Nuestra institución policial sufrió en estas ultimas cuatro décadas (osea un cuarto de su vida aproximadamente, una serie de cambios favorables en cuanto a la incorporación masiva de personal femenino, tuvimos la primer jefa de policía del país, muchas otras han seguido sus pasos en lugares relevantes y la incorporación a tareas diversas entre ellas las mas complejas han sido satisfactorias, es decir el camino institucional es hacia la integración y complementación. De todos modos se advierten conductas individuales pero con rasgos sistemáticos a erradicar de la vida interna y que afectan a este sector.

Nuestra posición de casi dos décadas

APROPOL sostiene la necesidad de que con las reservas del caso y ante las crecientes denuncias se visibilicen los caos, se provea de un tratamiento adecuado a las potenciales victimas y se exija a las autoridades administrativas y judiciales investiguen a fondo despejando cualquier duda y se llegue a la verdad y consecuentes medidas. Cuando hay testigos, detalles documental que registra cambios de horarios, pases, asignación de funciones, recorridos de móviles, registros telefónicos, etc, la posibilidad de reconstruir la situación denunciada no es tan difícil. Otro de los detalles que la experiencia reciente mas allá de la falta de estadísticas oficiales respectivas es la “reincidencia” marcada de personas señaladas en diferentes hechos, es decir vuelven a cometerlos y siempre desde una posición de poder.

Aspecto positivo restante es el cambio cultural en el cual se trata de generar en muchos aspectos desde hace casi dos décadas y donde en este caso especifico la mujer (compañera) deje de ser en la mente de algunos pocos “un elemento del inventario” del que se hacen cargo. A buen entendedor pocas palabras.

(*) Secretario General APROPOL

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