"Un funcionario procesado no puede seleccionar los jefes policiales"

Por Claudio González

La funcionaria del gobierno provincial, que afronta un juicio oral y público con un pedido de pena de tres años de prisión por falso testimonio, fue designada recientemente por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.

Una funcionaria del gobierno provincial que afronta un juicio oral y público con un pedido de pena de tres años de prisión por falso testimonio, en el marco de hechos vinculados a la investigación de la banda de Los Monos, fue designada recientemente por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro como miembro de la junta electoral del proceso de selección de ascensos en la policía de Santa Fe. Se trata de Ana Viglione, cuyo nombramiento despertó cuestionamientos desde varios sectores de la fuerza.

¿“Sabés quién nos toma fotos, nos entrevista, nos pregunta sobre nuestra vida, bienes”?, interrogó indignado hace pocos días un policía honorable a este cronista en un edificio judicial. Y casi sin esperar la respuesta lanzó: “Ana Viglione. A vos te parece, es increíble”, meneaba de un lado al otro la cabeza. El gesto decía más que mil palabras.

Las decisiones de gobierno deben generar credibilidad en la sociedad para sostener las políticas públicas. Incluso operarían como mensajes saludables puertas adentro de los distintos estamentos de la administración. Se habla de “sanear” a la policía, de depurarla y asignarle mayor profesionalismo. Al mismo tiempo el gobierno provincial se arroga haber exonerado y perseguido a los policías corruptos más que otros administraciones, algo que es cierto si se mira por el espejo retrovisor de la vida política de Santa Fe.

Decisiones contradictorias

Pero los discursos parecen estar disociados de la realidad. Lo de Viglione es un claro ejemplo y hasta parece caprichoso. “Es una vergüenza que una persona procesada en las causas por narcotráfico sea designada como miembro del Tribunal de ascenso policial. No es serio”, lanza un reconocido abogado penalista sobre la reciente determinación de Pullaro.

Ana Viglione es un “cuadro político” de la gestión socialista. Abogada y oficial oriunda de Santo Tomé, desembarcó en el Ministerio de Seguridad de la mano del ex ministro Leandro Corti. Es la actual subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial en la Escuela de Investigaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública provincial. Durante el gobierno de Antonio Bonfatti estuvo a cargo del área de Control de Agencias Privadas de Seguridad. Luego pasó a formar parte de la ya disuelta secretaría de Delitos Complejos, creada para pesquisar el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. Ocupó ese cargo apenas se detonó el escándalo del ex jefe de la policía provincial Hugo Tonioli, y monitoreo el seguimiento a la banda de Los Monos.

Su rol en ese último cargo la expuso a un proceso judicial que comenzó en 2014 y recién hace unos meses logró destrabarse. El 29 de agosto de ese año el juez Juan Carlos Vienna, instructor de la causa que terminó con Los Monos tras las rejas, firmó un decreto en el que pidió investigar por falso testimonio a Viglione y a su subalterno Andrés Ferrato.

El juez quería determinar el tenor de la declaración de los funcionarios en el marco de la causa Monos, donde el ex comisario Gustavo “Gula” Pereyra, por entonces bajo el mando de Viglione, aparecía comprometido y con supuestos vínculos con la banda de barrio Las Flores. Es que Pereyra quedó bajo sospecha al ser mencionado en escuchas telefónicas realizadas a Ramón “Monchi” Machuca y a un sargento que pactó una condena a 3 años en un juicio abreviado. 

Pero Vienna sobreseyó a Pereyra porque, si bien lo nombraban en esos diálogos, no lo comprometían escuchas propias. Esa resolución fue apelada y el camarista Daniel Acosta tuvo en cuenta que de la computadora del comisario se recuperaron archivos borrados con fotos, domicilios de quioscos de drogas, viviendas de supuestos narcos y organigramas de bandas. Eso suponía un conocimiento mayor al que había admitido y revocó el sobreseimiento. En 2015 “Gula” fue procesado y en esas condiciones llegó al juicio junto a la banda de Los Monos.

El proceso terminó en abril de 2018 con las condenas a todos los integrantes de la familia Cantero. Sin embargo, para los jueces Gula Pereyra no estaba en la trama delictiva y fue absuelto por el beneficio de la duda. Después del fallo, el policía se mostró conforme pero indignado. “No había duda que no intervine en nada. Estoy contento porque esto llega después de 5 años que me arruinaron la vida y la carrera por una cuestión política más que por otra cosa”, expresó. Y prometió seguir adelante como querellante en la causa por falso testimonio que entabló contra Viglione y Ferrato.

Los mails

El entredicho que originó la denuncia de Pereyra contra Viglione y Ferrato remite a la pesquisa de la banda de Los Monos. Cuando los dos funcionarios aludidos fueron convocados por Vienna para declarar en emblemática ausa 913/12, negaron haber ordenado investigaciones sobre narcotráfico, por lo que no había motivo para que el comisario tuviera acceso a informes o archivos, que fueron hallados. Pero Gula sostuvo que sí le asignaban tareas de esa índole.

De hecho, algunos de los elementos contra los ex titulares de Delitos Complejos fue la serie de mails que Gula remitió a sus jefes entre el 20 de diciembre de 2012 y el 13 de agosto de 2013. El contenido informaba sobre el funcionamiento de búnkers y las redes de narcotraficantes en Rosario. Gula puso a disposición de la Justicia dos cuentas de correo electrónico para que esa evidencia fuera cautelada. Luego, en varias oportunidades, el ex comisario dijo públicamente él se limitaba a pasar los datos a sus jefes, pero que no sabía lo que hacían ellos con esa información. 

Ahí radica la contradicción que desembocó en denuncia de Pereyra y posterior investigación contra los funcionarios por el delito de falso testimonio. Entonces el fiscal Aníbal Vescovo investigó el hecho y en diciembre de 2018 presentó una acusación contra Viglione y Ferrato que los dejó en las puertas de un juicio y con un pedido de condena a 3 años de prisión de ejecución condicional y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Según el funcionario, “faltaron a la verdad”. El fiscal cree que efectivamente Pereyra recibió órdenes de sus superiores para pesquisar a las bandas narcos, y se valió de los correos que aportó el ex comisario.

En esas condiciones está Viglione. El fiscal y el querellante sólo aguardan que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario le pongan fecha y asignen sala para el juicio oral y público. En un contexto con cuestionamientos sobre la integración de la escala jerárquica de la policía, con hechos que involucró incluso a miembros de la fuerza (algunos de Policía de Investigaciones) ahora detenidos y bajo proceso por vínculos con sectores delictivos, el ministros de Seguridad Maximiliano Pullaro firmó la resolución Nº 1909 del pasado 7 de agosto donde en el artículo 3 designa a Viglione como integrante de la Junta Electoral de los concursos de ascensos del personal policial del año 2019.

La funcionaria ocupa esa función junto a la directora general de Policía Adriana Corrales Antunez, y el secretario electoral de la provincia, Roberto Patricio Pascual. Según la decisión de Pullaro “estarán facultados para resolver todas las cuestiones que se susciten a partir de la fecha del concurso” en el marco de la normativa prevista.

De acuerdo al cronograma, la recepción de candidatos se realizó un sólo día, entre el 8 y el 9 de agosto y la oficialización de las postulaciones el 12 del mes pasado, mientras que el 9 de este mes fue la fecha límite para emitir el voto. El escrutinio para conocer el resultado de los miembros del jurado de los distintos agrupamientos policiales para el concurso de ascenso se conocerá a partir del jueves 26 de septiembre.

Algunos agentes y empleados policiales consultados por Aire Digital —que por razones obvias prefieren mantener el anonimato— se mostraron molestos con la decisión de Pullaro. “Es increíble que una persona como Viglione, tan cuestionada, ocupe ese rol. No sabemos cómo se sostiene. Es contradictorio porque dicen una cosa sobre sanear la policía y esta mujer tiene una causa abierta por falso testimonio. No es ético desde ningún punto de vista más allá del resultado del juicio”, coincidieron bastante molestos algunos vigilantes.

Repudio

Por su parte, los gremios policiales Utrapol (Unión de Trabajadores Policiales de Santa Fe) y Apropol (Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios), no reconocidos oficialmente pero que aglutinan buena parte de las sensaciones que atraviesa a muchos miembros de la fuerza, salió con los tapones de punta por esta designación. “"Como policías nos avergüenza que alguien que ha transitado todos estos años en el oscurantismo, por su pasado en la ex secretaría de Delitos Complejos. Hemos dicho hasta el cansancio de su ineptitud para cargos relacionados a la seguridad pública. Y que ahora pretenda calificarnos. No es una cuestión de su aptitud para ser jurado; es las ya probadas pericias e investigaciones que la tienen en el banquillo de acusados por un tema de narcotráfico; algo que nos repugna” dice un comunicado de Utrapol.

La entidad gremial insiste sobre la impresión generalizada que atraviesa a los policiales, y apunta directamente contra la funcionaria. Viglione es una persona desfachatada que no tiene ética para estar al frente políticamente de la formación de policías. "Lo peor es el sostén que hace Pullaro de esta abogada, ex policía, muy cuestionada; y que entendemos la banca máxima la tendría del propio (gobernador) Miguel Lifschitz, de otra forma no se entiende esta escandalosa situación”, refiere también Apropol.

“Los policías la miran con recelo porque Viglione fue dada de baja como personal policial cuando asumió el cargo político. Encima, cualquier policía con una mínima mancha administrativa en el legajo es pasado a disponibilidad o exonerado, no puede ocupar cargos, como corresponde. Pero ella con una causa abierta tan grave, relacionada a información sensible sobre drogas, es nombrada para designar policías. Es inaudito, poco serio”, vociferó una calificada fuente consultada por Aire Digital..

En plena transición y definición de políticas de seguridad

Y apuntó un tema no menor. “Estamos en un proceso de cambio de gobierno. Los ascensos que se definen ahora son de promociones de 2017 o 2018. ¿Que cuesta esperar para hacer una junta con los nueva administración?, que podría proponer cambios que no tienen que ver con la política actual de seguridad. Se va a encontrar con gente asignada que tal vez no tenga el perfil que busca. Además, hay una cuestión presupuestaria, hasta económica, porque el nuevo gobierno deberá pagar el plus retroactivo del escalafón que corresponda. Tal vez esto fue charlado en la transición, pero igualmente parece muy desprolijo”.

Está claro que esta no se busca hacer un juicio de valor sobre las capacidades intelectuales de Viglione, su honorabilidad o altura moral. Además, “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público”.

El punto está en la contradicción evidente que exhibe el gobierno con su discurso: se habla de honestidad, transparencia, de promover policías intachables, se muestran cifras de exoneración y persecución de los agentes corruptos, y de un trabajo de depuración de la fuerza a largo plazo. Algo que es real. Pero por otro andarivel genera una consecuencia dañosas al nombrar en un rol tan sensible a una funcionaria que despierta desde hace varios años fuertes cuestionamientos dentro de la propia policía que dice querer cambiar. La realidad está desconectada del discurso.

Fuente: Aire de Santa Fe

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