SANTA FE: El tour de los quebrados era organizado por abogados

La entidad detectó una maniobra pergeñada para evitar pagar los créditos a través de la presentación de una quiebra por parte de los uniformados que solicitaban los préstamos. El perjuicio es millonario y habrá más denuncias. 

os abogados penalistas Alejandro Otte y Sebastián Oroño, en representación de Red Mutual, presentaron 23 denuncias en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos contra empleados públicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, por supuestas estafas cuyo ardid se basa en evitar saldar los créditos obtenidos mediante la presentación de una quiebra.

Según denunciaron los letrados, los uniformados tomaron la ayuda solidaria en la mutual a sabiendas que luego desarrollarían una maniobra judicial para no devolver el importe. Se estima que a fines de marzo está previsto que se concreten las primeras imputaciones.

La maniobra

Al respecto, Otte estuvo presente en los estudios de Aire de Santa Fe y brindó detalles de las denuncias en el programa Será Justicia, con Ignacio Mendoza y Andrea Viñuela: “Se trata de veintitrés personas que habiendo solicitado un crédito en una asociación mutual, automáticamente presentaron la quiebra. Disponen del dinero, y presentan la quiebra a través de un abogado”, explicó el letrado.

En esa línea, el letrado explicó que la mayoría de las personas investigadas "dependen del Ministerio de seguridad y pertenecen a una franja etaria que ronda entre los 28 y 35 años".

Otte manifestó además que las personas denunciadas declararon un pasivo de al menos 300 mil pesos. "¿Cómo se llega a ese nivel de endeudamiento? Las causales generalmente son las mismas: que por el nivel de inflación y que el sueldo no acompaña tuvieron que ir pidiendo créditos hasta no poder devolverlo”, sostuvo.

Puntualmente sobre los casos llevados ante la Justicia penal, los letrados detectaron que la mayoría de los casos firman los poderes para pedir la quiebra una o dos semanas antes de sacar el crédito, y después mienten en la declaración jurada (para sacar el crédito). "No hay duda que sacan el crédito engañando a la persona que les toma los datos, es una defraudación, lisa y llanamente”, opinó el abogado.

A su vez precisó que muchos de los agentes policiales denunciados tienen causas en trámite. "Delitos contra la propiedad, antecedentes dentro de la fuerza. Puede haber algo de horas OSPE, coacciones, violencia de género, violencia institucional. Son personas que ya han demostrado una actitud contraria al ordenamiento jurídico”, destacó el letrado.

A modo de ejemplo sobre el despliegue de la maniobra estafatoria, el letrado expresó que “hay un caso en el que en el mismo momento en el que la persona estaba solicitando el crédito, su abogada estaba estaba en el juzgado pidiendo el pase a despacho para que salga la quiebra".

En relación a la posibilidad de que pueda existir un ideólogo o autor intelectual en común de estas estafas, Otte explicó que “en la medida en que se vaya investigando es posible que haya más personas".

Más denuncias

Las denuncias se presentaron hace dos semanas en la unidad de investigación de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación: “son maniobras con un viso de legalidad. Acá hay un juez civil que está trabajando, un síndico, un empleado público, un letrado... sin duda es complejo. Lo que no tenemos dudas es que acá hay una estafa, después vemos quién la pergeñó y demás... Pero la estafa es clara”, sentenció Otte.

En este sentido, el letrado precisó que fueron convocados por la mutual en julio del 2019, pero que la maniobra “viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Estos 23 casos son testigos porque hay indicadores comunes: el mismo ministerio, la misma forma de presentar la quiebra, la misma maniobra. Cada caso debe ser analizado de forma individual, si después se detecta connivencia entre estos actores, seguramente se acumularán las causas”.

Además, Otte adelantó que a estas 23 denuncias iniciales se les van a sumar más: “estamos trabajando en una segunda tanda de casos, entre 20 y 25 casos más, también vinculados al ministerio de seguridad, y en la tercera tanda pueden ser empleados del ministerio de salud”.

Por último, el letrado confirmó que a fines del mes de marzo se concretarán las primeras imputaciones para tres de las personas denunciadas en este primer tramo.

Fuente consultada: Aire de Santa Fe

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