6 marzo, 2020

Violación en la Escuela de Policía en Rosario

Corría el año 2011 y Victor Sarnaglia era el director del instituto donde ocurrían cosas raras, descontroladas y donde se recuerdan que por las noches subían a la residencia de la Planta Alta “gente muy rara” del mismo target que lo acompañaba cuando volcó el movil que conducía. En ese contexto un cadete fue violado y se “instrumentó un operativo para enmascarar la situación". Finalmente el Estado Provincial fue condenado.

En el año 2011 la Justicia condenó al gobierno santafesino a indemnizar con 150 mil pesos a un cadete de la policía provincial que sufrió vejaciones por parte de sus compañeros en la Escuela de Policía, de esta ciudad. El director de la escuela era Victor Sarnaglia, quien intento encubrir el caso según la victima.

En abril de 2003, un joven que había ingresado poco tiempo antes en la Escuela de Cadetes de Policía (hoy Instituto de Seguridad Pública), ubicado en Alem 2050 de Rosario, denunció una brutal agresión por parte de un grupo de compañeros, en esa época el director de la escuela era el actual Jefe de Policía Victor Sarnaglia.

El joven dijo que durante la madrugada del miércoles 23 de abril de ese año, se levantó para ir al baño cuando fue atacado por varios compañeros, que primero le pusieron una toalla o un trapo en la boca para que no gritara y luego lo tiraron al suelo, le bajaron el slip y le introdujeron un envase plástico en la zona anal.

Según el fallo de primera instancia, el joven dijo que en estado de shock, fue a pedirle ayuda al responsable del sector, a quien le solicitó asistencia médica por dolores y pérdida de sangre.

Pero la ayuda tardó mucho en llegar, sostuvo en su momento, ya que el médico policial apareció a media mañana. “A la escuela de Cadetes vino una ambulancia por una emergencia de otro cadete, a mí no me atendieron”, dijo el muchacho, que fue trasladado recién al mediodía hasta el sanatorio Laprida, donde quedó internado.

El joven, cuyas iniciales son J. D. C., sostuvo que los entonces responsables de la escuela –en ese entonces dirigida por el comisario Víctor Sarnaglia– montaron un operativo con la finalidad de ocultar el suceso e incluso sugirieron que el caso había sido una autoagresión.

Pero en febrero de 2006 se conoció el resultado de un sumario interno y la doctora Leyla Perazzo, en ese momento jefa de Policía de la Provincia, determinó que el cadete había sido víctima de un ataque cuando estaba en la institución policial. La resolución fue tomada en base al resultado de pericias médicas realizadas tanto por la dirección de Medicina Legal de la Policía santafesina como por médicos del sanatorio donde el cadete fue internado.

Además del daño moral, las lesiones le provocaron “una incapacidad parcial permanente e irreversible del 20,05 por ciento por secuelas anatomofuncionales en la región anal”. Así lo determinó una de las pericias médicas que tuvo particular relevancia en el dictamen de primera instancia. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial rechazó esta semana el recurso extraordinario que había presentado hace poco más de dos años el gobierno santafesino y dejó firme la resolución que ordena indemnizar al por entonces cadete.

Fuentes judiciales informaron que los magistrados Edgar Baracat, Avelino Rodil y Damián Serras rechazaron el recurso “porque no cumplimentó cuestiones formales”, en tanto no fue necesario que se expidieran en la cuestión de fondo.

La resolución puesta en crisis fue dictada en 2008 por los jueces Stella Maris Martínez, Luis Juan Perelló y María Andrea Mondelli, entonces integrantes del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6. En esa oportunidad, los magistrados rechazaron el planteo de defensa de la provincia, que sostenía que el aspirante de policía se había “autolesionado” para sacar provecho económico del Estado. Pero ese planteo fue ignorado por la entonces jueza de trámite Stella Maris Martínez, actualmente jubilada, quien sostuvo que la provincia nunca probó en su defensa que el denunciante se haya inflingido heridas por cuenta propia. A las lesiones físicas se sumaron las psicológicas, que provocaron estados de angustia prolongados en el denunciante, según indicó en su momento el fallo judicial.

Fuente consultada: UTRAPOL

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