La Justicia suspendió una licitación de armas para la policía tras una fuerte acusación

 Fallo Judicial Licitación de Armas

La empresa fabricante de pistolas Bersa cuestionó ante la Justicia la fijación de las condiciones de un proceso licitatorio destinado a adquirir armamento para la policía santafesina, por considerarla arbitraria de parte del gobierno provincial, al considerar que el motivo de esa condición puede ser favorecer a otra proveedora. La presentación se hizo mediante un amparo que autorice la presentación de ofertas en la mencionada licitación sin las limitaciones fijadas en las cláusulas. La Justicia en lo Contencioso Administrativo resolvió la suspensión del proceso de compra a fin de analizar si lo que refiere la denuncia tiene sustento.

Lo que indica Bersa SA es que las condiciones se habrían expuesto, con una cláusula específica, para que la licitación la gane una proveedora determinada. Los representantes legales de la empresa alegan que el pliego técnico copia textualmente la descripción de los productos de otro proveedor y pide que se ordene autorizar la presentación de ofertas en la mencionada compulsa sin las limitaciones fijadas en un anexo agregado. Un diputado provincial del radicalismo presentó un pedido de informes para que se explique por qué se modificó el pliego y cuál es el dictamen técnico que lo sustentó.

Bersa sostiene que la convocatoria para comprar armas para la policía fue publicada en el Boletín Oficial del 14 de enero pasado que indicaba que las ofertas serían recepcionadas hasta las 12 horas del día 2 de febrero de 2021 y que la apertura se realizaría el día 5 de febrero a las 10. Aduce que adquirió el pliego a los fines de poder participar en la licitación demostrando su interés al señalar ser la única empresa nacional dedicada a la fabricación de pistolas.

Las armas

Se trata de la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual requeridos por el Ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo Sain.

La presentación judicial fue porque la provincia estipuló que se desestimarían las ofertas que no incluyeran a todos los ítems incorporados en el renglón único. Esto impediría, por ejemplo, que Bersa solamente ofreciera pistolas semiautomáticas, sino proponía también una oferta en los demás artículos requeridos. Y refirió a una publicación de un portal de internet en el que se informó acerca de la intención de la provincia de adquirir armas de la marca israelí “Iwi”. A la vez que observa que las “especificaciones técnicas” de las nuevas condiciones “son una transcripción de los manuales de las armas de dicha empresa”.

Punto conflictivo

La cláusula restrictiva impide que Bersa pueda efectuar una oferta para la compra de pistolas semiautomáticas ya que no permitía ofertar por ese solo ítem sino que obliga a los proveedores a suministrar, como condición para la participación, en todos los ítems de los bienes a licitar. Eso dejaba a Bersa fuera del proceso.

Lo que alertó Bersa en su amparo es que la nueva regla de la licitación “no sólo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.

Único oferente

El planteo indica que “con la restricción impuesta por el pliego, se genera como consecuencia que sólo puedan presentarse aquellos oferentes que puedan ofertar la totalidad de los productos y entiende que ello implicará que la administración sólo pueda adjudicar todo el renglón a un único oferente, aun cuando por algunos de los ítems pueda no resultar beneficioso”. Además analiza “la magnitud de la renovación de pistolas por parte de la provincia para las fuerzas de seguridad, y arguye que tal licitación debería aspirar a que se genere una mayor competencia, con el fin de tener la posibilidad de obtener la oferta más conveniente”.

Finalmente valora como “inexplicables los motivos que habrían justificado las restricciones a la competencia, y explica que los supuestos e inexistentes beneficios que podrían resultar de la agrupación de los ítems resultan desproporcionados con relación a las afectaciones que produce, siendo que, no sólo resulta vulnerado su derecho a participar del procedimiento licitatorio, sino que también se perjudica a la industria local y a los propios intereses de la provincia, al lograrse menor cantidad de oferentes”.

Resolución judicial

La Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó suspender el proceso licitatorio para que el gobierno provincial brinde las razones que tuvo para modificar con una cláusula el pliego licitatorio y ejerza su derecho de defensa sobre la legitimidad de su determinación dado que, dice el tribunal, no habría dado respuestas a los reclamos de la demandante.

La resolución judicial que ordenó revisar el proceso es del 4 de febrero pasado, un día antes de la fecha prevista para la apertura de sobres. Trasciende ahora porque el diputado provincial radical Juan Cruz Cándido presentó hace dos días un proyecto de comunicación para que el gobierno provincial informe las razones que motivaron la suspensión, los dictámenes de las asesorías letradas y el estado actual del proceso de adquisición de armamento.

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Fuente: La Capital

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