La justicia decidió frenar un proceso licitatorio con vicios delictuales, ya que desde el Ministerio de Seguridad se habría direccionado, como un traje a medida, para que el vendedor sea uno en particular.
Por Miguel Zalazar
Fue la empresa de pistolas Bersa la que recurrió a la Justicia por considerar que las condiciones del licitatorio destinado a adquirir armamento para la policía santafesina, estaba teñido de irregularidades, entre ellas la particularidad de estar direccionada a una empresa.
Hasta aquí lo ya escrito de manera escueta en algunos medios; y también se supo que el gobierno esgrimió sus flácidos argumentos, pudiendo citarse entre ellos, “…que el Ministerio de Seguridad se encuentra embarcado en un proceso de modernización y actualización del sistema policial de la Provincia en todo lo referido a su estructuración orgánica, su despliegue territorial y su funcionamiento táctico-operacional”.
Este 5 de febrero deberían abriese “los sobres”, en realidad es uno solo, y pertenece a la empresa “Automation Systems”, donde uno de los dueños gerentes, tiene estrecha vinculación con funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Este proceso viciado de nulidad, donde hasta inclusive podría caber una asociación ilícita, según la tipificación del Código Penal Argentino, y que el gobierno sostiene igual llevara adelante, desoyendo a la justicia, se confeccionó en charlas de café entre los “socios del poder”.
Quien es quien en este “negociado”
No es la primera vez que el Ministro Sain hace compras sospechadas de estar manchadas con pliegos que luego, por debajo de la mesa, dejan “buenos regalos”; sino, basta con ver lo ocurrido por ejemplo con las camionetas, donde muchos sostienen hubo premios para todos, incluso para algún oficial superior.
En el caso de la adquisición de las camionetas Volkswagen Amarok Trendline, por las que se pagaron 477 millones de pesos, y que fuera adjudicada a la empresa de la capital provincial, Escobar Automotores, ya hubo sospechas al verificarse que comprar una sola unidad, salía más barato que comprar 200 unidades.
Muchos murmuran por lo bajo, particularmente en el Departamento Logística (D-4), donde el jefe Director Marcelo Correa, no suele dejar huellas, hasta ahora; habría encargado en esa oportunidad la misión de las camionetas al Subdirector Martín Arosio, y en una “rara coincidencia”, quizás solo casualidades de la vida, una semana antes de la adjudicación de las unidades a la empresa Escobar Automotores, este oficial superior puso en el garaje de su casa en la localidad de Pilar, una Amarok cero kilómetro, idéntica a las que compró la provincia; y fue en esos días donde este comisario, que exhibía tamaña chata en redes sociales, cerro su facebook.
¿Alguien puede asustarse por mostrar una compra lícitamente?
En el caso de las, hasta ahora, licitadas armas para la policía, nadie sabe cómo es que alguien confeccionó el pliego, quien dio las indicaciones, y aquí hay que comenzar por el primer eslabón, ¿cuál es el papel de la División Armamentos de la División Logística (D-4), el jefe fue el primer lobista? ¿El Director Marcelo Correa firmo el expediente que terminaría en las oficinas del Ministerio de Seguridad para luego llamar a la licitación? Ya con la presentación de la empresa Bersa en la justicia la Jefatura de Policía debió iniciar un sumario administrativo a través del Departamento Judicial (D-5) para saber que paso; hasta ahora eso no ocurrió. Tampoco desde la Agencia de Control Policial (ex asuntos internos) no se inició una investigación de oficio. Desde el vamos todo luce sospechoso, es como que, si el ministro Sain no da orden alguna, oficiales superiores de la policía miran para otro lado ante la presunción de la comisión de delitos de funcionarios políticos.
Ya fuera de la policía, con o sin participación de esta; en el Ministerio de Seguridad, se confeccionó un “pliego combo”, donde claramente se pretendía que la adjudicación cayera sobre la empresa “Automation Systems”, dejando a fuera a cualquier otra, inclusive a Bersa; empresa de trayectoria en el país, fabricante de pistolas.
Pero el cimiento del pliego no fue parte de un estudio del Departamento Logística (D-4), más allá que podría aparecer una firma en alguna hoja del expediente, ni siquiera tampoco en alguna oficina o funcionario de menor rango del ministerio de seguridad; al pliego “lo cocinaron”, en charlas de café, el Subsecretario de Seguridad Preventiva de la Provincia Diego LLumá y el dueño-gerente de la empresa “Automation Systems”, el señor Armando Mayora.
Mayora es un tercerista de armamento israelí en Argentina, y puede venderte un chaqui bom o un tanque de gerra; y ha sabido oficiar de lobista para hacer este tipo de negocios; ya vamos a referirnos en otro momento a este “empresario”.
Si una copia de la presentación de Bersa fuera derivada a una fiscalía de delitos complejos, habría funcionarios en problemas, porque a todas luces emerge de esta situación una posible “asociación ilícita” más que una licitación.
Los teléfonos celulares suelen ser claves para determinar donde estuvo cada uno en determinado momento, saber sobre mensajes, conversaciones, etcétera. Mucho se sabría si se determina cual era, y cuál es la relación entre Llumá y Mayora; y si “estas licitaciones armadas”, son moneda corriente; solo que esta vez algo salió mal.
¿Llumá es el cadete de Sain?
En esta licitación, donde el Subsecretario de Seguridad Preventiva quedo expuesto, porque fue él quien tuvo reuniones anticipadas con el propietario de la empresa quien fuera el único que ingreso el sobre para un negocio millonario, deberá responder por que lo hizo, cuál es su relación con el vendedor, y si lo hiso de motus propio o fue mandado por el propio Sain; para que este no quede pegado.
En este club de amigos del gabinete de Perotti, se prende una luz más sobre la corrupción en la provincia; ahora esperemos que un fiscal se anime a investigar en serio.
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