WASHINGTON (DC): Durísima respuesta de SIPOBA a descargo del Estado Argentino ante la OEA

Por Alberto Martínez

En el marco de la causa presentada por la entidad gremial luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (VER NOTA: La Corte Suprema por mayoría resolvió que la Policía de la Provincia de Buenos Aires no tiene derecho a sindicalizarse )negara su reconocimiento como sindicato y se violara palmariamente los derechos humanos del colectivo que representan se produjeron novedades luego de que la CIDH admitiera el caso y oficiara al Estado Nacional Argentino (vía diplomática) para que hiciera su descargo de parte. (VER NOTA: HISTÓRICO: La CIDH admite queja de sindicato policial argentino).

Negativa + honorarios y costas

Como apostilla no menos gravosa a esta cuestión, SIPOBA debió afrontar un cargo de $ 300.000 (en 2017) en concepto de COSTAS Y HONORARIOS estos últimos a pagar a los abogado estatales que cobran sueldos para esa tarea. Esto es obviamente un agravante a la palmaria violación del Estado Argentino a los DDHH de los policías en este caso aunque ya han muchas otras causas ante ese organismo por diversos motivos.

Ampliación y denuncia contra gobierno bonaerense

A principio de marzo ultimo SIPOBA amplio la presentación inicial (VER NOTA: Sindicato policial denuncia al Gobierno argentino ante la CIDH por violación a los Derechos Humanos) que agravó la cuestión con muestras palmarias del manejo “salvaje” del poder estatal por las actuales autoridades.

Mas casos de violación

Después de este caso vinieron dos más ens expedientes de organizaciones de la provincia de Córdoba, ellos son el Caso Rearte patrocinado por la la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba y otro de la Unión de Policías Penitenciarios Argentina Córdoba 7 de Agosto (VER NOTA: “La Corte se volvió a equivocar”) el ultimo también recurrido ante el organismo internacional y en marcha. 

Dura respuesta de los policias bonaerenses

Excedida de tiempo y sin leer evidentemente siquiera el expediente, el  gobierno argentino contesto la requisitoria de la CIDH con erlementos verdaderamente que rozaban la burla a ese alto comisionado y solicito "desestimar el caso". Ante esto hbo una duriusma respuesta de SIPOBA cuyos trazos generales son:

Del Informe presentado:

"... Es en el marco de todo lo expuesto, nos lleva a preguntarnos cuál es el verdadero alcance de nuestros derechos, porque hasta ahora, nadie ha podido respondernos cabalmente":

¿Cuál es el alcance de la excepción del tercer párrafo del art. 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos?

¿Puede ejercerse con arbitrariedad?

¿Se entiende que puede prohibirse cuando se reclama un derecho de huelga o se promueven desórdenes, o se puede hacer en general y sin discriminación?

¿Acaso la CADH permite una excepción sin límites razonables?

¿Limitar los derechos sindicales significa cancelarlos en general invocando "seguridad" o debe interpretarse en armonía con el segundo párrafo (de dicho artículo), o sea, con las "necesidades de una sociedad democrática"?

¿Acaso las policías europeas no están todas sindicalizadas y no hay ningún problema?

¿No hay algunas sindicalizadas en América Latina? (Brasil –Policía Civil- y Uruguay)

¿No son sociedades democráticas? ¿La interpretación correcta no será que se puede prohibir en circunstancias particulares y especiales, pero no en general?

¿Las excepciones acaso no deben interpretarse restrictivamente y en forma racional?

A MODO DE CONCLUSION:

La decisión de negar el reconocimiento de nuestras organizaciones sindicales es una afrenta a los más elementales derechos humanos pero, además, también una actitud que golpea contra una de las pocas posibilidades que los trabajadores del sector hemos construido con la finalidad de levantar claras banderas de transformación profunda que tienen que ver con la “Democratización”, “Desmilitarización”, “Humanización” y “Profesionalización” de nuestro colectivo y desde allí a las instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley.

El mensaje es desbastador para el único movimiento que a partir de la instauración de la democracia argentina (1983) se visibiliza con serias chances de lograr cambios culturales profundos y dar una idea de que se puede pensar en un proyecto trascendente para las vidas de cada uno de nosotros y del pueblo argentino en su conjunto.

Lo más gravoso ha sido sin lugar a dudas la actitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en quien habíamos depositado nuestras esperanzas más sinceras (en especial luego de la audiencia pública como ya hemos referenciado) en que defendería la vigencia de la Constitución Nacional Argentina (en todo su contexto), pero nos defraudo. Rescatamos de esto obviamente a quienes en minoría ajustada que ajustada (valga la redundancia) al espíritu de nuestro ordenamiento ha expuesto en disidencia con la mayoría (alcanzada por un voto de cinco).

El Congreso de la Nación no ha logrado alcanzar un acuerdo a los numerosos proyectos que por años han presentado legisladores de todas las fuerzas políticas con representación en ambas Cámaras. Más allá de que, con la normativa actual creemos alcanza y sobra para sustentar nuestra pretensión, la posibilidad de avanzar con una nueva ley tal cual utilizan como “excusa” los Poderes Ejecutivo y Judicial nos parecía conveniente en la idea de que sumaba, complementaba y en todo caso reforzaba, no solo nuestros derechos sino también nuestras ideas en el proceso de un desarrollo democrático en este siglo XXI.

Párrafo aparte han sido las actitudes reprochables de los diversos gobiernos a lo largo de estas tres últimas décadas que no solo han negado nuestro reconocimiento, sino que han impuesto todo el feroz y apabullante mecanismo estatal para “eliminar” no solo a nuestras entidades gremiales que son de existencia real más allá del reconocimiento oficial o no y que accionan como tales; sino que, además, de una cruel tarea sobre cada uno de sus dirigentes y hasta de sus afiliados. Para consumar estos fines no escatimaron esfuerzos ni medios llegando incluso en reiteradas oportunidades a la ilegalidad.

Es por ello que sostenemos que “No se puede dar seguridad desde la inseguridad” y que “La democracia argentina tiene una deuda para con los trabajadores policiales” que somos en lenguaje usual los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Esta actitud reprochable no encontró lamentablemente un cauce natural y lógico en el ámbito del sistema nacional de protección y ha posibilitado que como personas tengamos vulnerados nuestros más elementales derechos humanos y además la posibilidad incluso de defendernos de manera colectiva.

Así que recurrir al Sistema Regional de Protección es no solo un derecho sino una necesidad imperiosa ante semejante situación y que, además, debemos decir nos da una cierta vergüenza ajena como connacionales argentinos dado que nuestro país ha sabido ser faro en materia de reconocimientos de derechos y logros concretos en el marco de una humanidad, en camino inexorable de ellos (sufragio universal, voto femenino, derechos laborales, protección y promoción a las actividades sindicales único en su tipo, la defensa de la libertad y tantos otros que parecieran no ser propios de los policías y penitenciarios).

En el contexto antes descripto la Comunidad Internacional es nuestra última instancia para quebrar un modelo de feudalismo encubierto como paso previo para que quienes, en modo preponderante, aunque no exclusiva “hacemos la seguridad ciudadana”, tengamos una oportunidad de generar “desde el interior” de esas instituciones Estatales y de nuestro colectivo profesional la transformación que todos no solo necesitamos, sino que tenemos como derecho.

“La decadencia no tiene límites, cada vez se puede ser más decadentes y de esta situación se sale por arriba”. Es por ello que necesitamos desde donde y con qué, para afirmar los valores y principios democráticos en un país donde sus políticos dicen serlo, para que los mismos trabajadores podamos no solamente tener más sino ser más dignos y respetuosos de los Derechos Humanos.

PETITORIO:

Por todo lo expuesto, y en las razones argumentadas en la presente y a las ya elevadas a esa HONORABLE CIDH, es que solicito:
1) …
2) …
3) …
4) …
5) …
6) Al mismo tiempo, consideramos valido y necesario para una mejor evaluación de las cuestiones aquí ventiladas que se disponga de una INVESTIGACIÓN IN LOCO (art. 39 del Reglamento de la CIDH), la que sin lugar a dudas podría amplia los hechos ya denunciados y que constituyen una clara VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS."

APROPOL Noticias