A la denuncia que realizara el ex subjefe de la Unidad Regional VII, Departamento Garay, contra la Subdirectora Estela LEGUNDA, ahora, otros Directores de Policía se sumarían al reclamo judicial contra el supuesto mal proceder de la Jefa del Departamento Personal (D-1).
Por Miguel Zalazar
A nuestra mesa de trabajo, APROPOL Noticias, llegaron varios escritos de Directores de Policía que este año fueron pasados a retiro de la fuerza de manera irregular, los mismos estarían analizando radicar una denuncia penal, sumada a la ya existente efectuada por el subdirector Carlos ALVAREZ, contra las actuales autoridades del Departamento Personal (D1) y la Jefatura de Policía de Provincia, por considerar que el procedimiento que derivó en sus “Retiros Obligatorios” fueron atípicos y abusivos, violándose las reglamentaciones vigentes, por ende, principios básicos de la carrera policial, entre éstos, el derecho a la misma.
Según nuestras fuentes, los Directores de Policía reprochan el haber sido perjudicados en todo lo concerniente a sus derechos esenciales, señalados en la Ley del Personal Policial de la Provincia de Santa Fe, Nro. 12.521.
Los mismos, aducen que en el año 2020, mientras ocupaban cargos de relevancia en la Institución y faltándoles años de servicio, para completar los 30 reglamentarios, por simples caprichos del ex Ministro de Seguridad quedaron sin funciones y, con la complicidad del que fuera Jefe de Policía, se dispuso que permanecieran a la espera de destino en el Departamento Personal, junto a otros Directores y Subdirectores. Esta problemática ya fue planteada en artículos anteriores.
Con posterioridad a esta determinación, esgrimen los oficiales superiores, que mediante notas solicitaron la asignación de destino acorde a sus jerarquías (artículo 27 inciso b) de Ley del Personal Policial), derecho que sin fundamento alguno les fue negado; y que como respuesta recibieron el Retiro Obligatorio; como una suerte de castigo por reclamar por sus derechos.
A ese decisorio cargado de inconsistencias y falsas afirmaciones (groseros errores en fechas e interpretaciones de la ley), con el asesoramiento de un profesional, los oficiales perjudicados presentaron los recursos administrativos correspondientes impugnando la misma.
Hoy, a más de 10 meses de su interposición ante el Ministerio de Seguridad y vencidos todos los plazos, estos recursos aún no fueron contestados. Se dice que la presencia de funcionarios que respondían directamente al cuestionado ex Ministro de Seguridad, frenaron toda clase de tratamiento de los reclamos en ese ámbito, obviamente en perjuicio de los damnificados.
Entre las falencias de la Resolución Ministerial, se menciona el hecho de que estos Directores de Policía hayan estado en Disponibilidad de acuerdo al artículo 90 inciso a) de la Ley del Personal Policial, lo cual, según los mismos, jamás ocurrió. Sin embargo, de manera absurda, utilizaron esa situación para “echarlos” de la fuerza. Si bien estaban a la espera de destino, nunca habían estado en Disponibilidad, son contextos muy distintos en lo administrativo policial.
Más a fondo, los Directores de Policía, cuestionan, que otros pares habían sido corridos por mal proceder en sus funciones, lo cual fue publicado en todos los medios de comunicación y resaltado negativamente en cada entrevista que dio el ex Ministro de Seguridad, hoy se encuentran ocupando importantes cargos.
Por ello, su más enérgico reclamo va dirigido a la titular del Departamento Personal, la cual al momento de intervenir informó de manera incorrecta fechas y situaciones de revista a la Jefatura de Policía, generando con ello daños irreparables en las carreras de los Directores de Policía que fueron pasados a Retiro. La misión de la Jefa de dicho Departamento de la Plana Mayor, es asesorar con seriedad y objetividad a la Jefatura Provincial en todo lo relacionado a los recursos humanos de la Policía, lo cual en esta ocasión fue realizado de manera inverosímil.
Hoy, estos oficiales superiores, esperan la decisión de sus representantes legales para recurrir ante el Ministerio Público de la Acusación donde denunciarían todas estas situaciones que los dejaron vulnerables ante tremendo atropello administrativo policial, los que sin duda les provocó perjuicios laborales, morales y económicos.
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