20 diciembre, 2021

CAUSA ADICIONALES: Mas denuncias. ¿Quién ha de explicar que servicios adicionales de “El Alero¨, del año pasado que no se pagaron?

La gestión de Administración y Finanzas de la Unidad Regional Uno (Giordano - Guzmán) que hoy está siendo investigada por servicios adicionales impagos, es la misma que estaba en el año 2020 y de donde también comienzan a conocerse deudas a los trabajadores policiales.

Por Alberto Martinez

Policías que han prestado servicios en el Centro Cultural “El Alero” de la ciudad de Santa Fe, innumerables veces han ido a la oficina de Administración y Finanzas en procura de saber que había ocurrido con el dinero de sus adicionales en ese lugar cultural; y siempre fueron las mismas respuestas, “no pagaron”, “pase una nota”, “el problema es de Policía Adicional”; todo muy bien, pero el poncho no aparece.

Han pasado diecisiete meses desde julio del año pasado, en que los empleados policiales debieron percibir el dinero, y jamás nada; ahora que una fiscal tomo el caso se animan a exponer el tema y cuentan lo cansador que es ir una y otra vez, y que en más de una oportunidad ni siquiera los escucharon, desde una ventanilla les decían, acá no hay nada.

En ese tiempo, julio de 2020, la Unidad Regional Uno estaba bajo el mando de la hoy directora general Marcela MUÑOZ y como segunda en el cargo la subdirectora María Laura PONCE, pero la administración contable de la Departamental la Capital, era la misma.

A medida que avanzan los días hay más pedidos de informes, y van saliendo a la luz más irregularidades.

Según conversaciones que hemos mantenido con policías afectados por esta situación, hay tres casos en que pondrían abogados para que sean parte de una querella contra el Estado y contra quienes resulten penalmente responsables; no es descabellado pensar que puedan pedirse sobre algunos funcionarios policiales trabar embargos.

SILENCIO DE RADIO

Mientras se acumulan hojas y hojas al expediente judicial, a lo ya conocido de manera pública; ni las autoridades del Ministerio de Seguridad, ni de la Jefatura, han salido a decir absolutamente nada; y mucho menos a remover de los cargos a los responsables, cuando hay un hecho indubitable, a la vista y grosero; LOS SERVICIOS ADICIONALES HAY SIDO PAGADOS POR LOS CONTRATANTES, Y EL DINERO NO LLEGO NUNCA A LOS POLICIAS.

¿Mientras hay una investigación judicial en marcha, necesita la Jefatura o el Ministerio esperar ese decisorio para tomar una medida administrativa?

La pasividad y quietud de la cúpula de la URI solo aumenta el grado de sospechas de cosas oscuras.

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