SANTA FE: Diputados dio media sanción a la emergencia en seguridad pública y del Servicio Penitenciario

Se habló de consenso, pero hubo pases de facturas y chicanas entre los diferentes bloques políticos. De todos modos, este martes la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a un expediente que contiene dos proyectos: la declaración de la emergencia en seguridad pública (cuya autora es la diputada socialista Lionella Cattalini) y la declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario santafesino (del senador justicialista Rubén Pirola).

Según el texto votado este martes, la finalidad de la emergencia es atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del Servicio Penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática.

La diputada y autora del proyecto, Lionella Cattalini puso especial énfasis en destacar el gesto de confianza de la oposición: "La seguridad es una cuestión de Estado y nos tiene que encontrar a todos comprometidos, velando y trabajando para garantizarla al conjunto de santafesinos y santafesinas”, sostuvo. “A pesar de las promesas de paz y orden, se perdieron dos años fundamentales en materia de seguridad.

Entendemos que el gobierno de Omar Perotti quiere dar vuelta la página y comenzar un nuevo tiempo en el Ministerio de Seguridad; confiamos en este cambio de actitud y vamos a seguirlo muy de cerca", expresó la legisladora. Cattalini especificó que “el proyecto aprobado otorga la suma de 3.000 millones de pesos y será el ministro de Seguridad Jorge Lagna quien tendrá que presentarse cada seis meses ante la Legislatura para rendir cuentas”. De todos modos, advirtió que “esta ley no alcanza si no hay un plan de seguridad a largo plazo que sea consensuado entre todos los poderes del Estado que, además, vaya acompañado de políticas sociales para los sectores más vulnerables”.

La diputada remarcó que “pese a ser críticos del gobierno por no usar los 3.000 millones de pesos que la Nación envió hace más de un año para atender la seguridad y a que, además, tiene dinero en plazos fijos sin ejecutar, entendemos que es un acto de responsabilidad de nuestra parte construir acuerdos.

Desde el socialismo vamos a seguir muy de cerca lo que ocurra con esta Ley de Emergencia; queremos ser parte de la Comisión Bicameral para controlar su aplicación y llevar respuestas a la ciudadanía más rápidamente”.

Mediante la declaración de emergencia en seguridad pública, el gobierno queda habilitado a reestructurar el esquema vigente de los suplementos salariales para atender situaciones excepcionales o de riesgo especial, ampliando las partidas necesarias para hacer frente a los recursos presentados por el personal policial y penitenciario; y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de inmuebles destinados a dependencias de las fuerzas de seguridad, poner en valor y funcionamiento la nueva infraestructura orientada a la operatividad policial en la ciudad de Rosario, como así también la elaboración de programas de abordaje integrado con los gobiernos locales. El Poder Ejecutivo también podrá instrumentar mecanismos para la distribución de vehículos a asignarse de acuerdo con las necesidades en materia de seguridad, únicamente destinadas a cumplir funciones operativas.

El Ministerio de Seguridad deberá elaborar e implementar un plan adquisición de patrulleros y otro para la reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación costo-beneficio para su reinserción operativa. También se podrán comprar sistemas de video vigilancia en convenios con municipios y comunas, como así también todo equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario. En cuanto al personal policial, se deberá brindar asistencia en materia de soluciones habitacionales e implementar programas de incentivo en becas y cursos para el personal policial y penitenciario.

Desde la cartera que encabeza Jorge Lagna tendrán que adquirir equipos y sistemas informáticos destinados a dependencias policiales y penitenciarias y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de complejos penitenciarios.

El proyecto autoriza a ejecutar un plan de equipamiento en las unidades penitenciarias para la provisión e instalación de equipos o sistemas de inhibición de señal o de llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica, garantizando que el bloqueo de señal no perjudique o afecte los servicios de comunicaciones en las zonas cercanas de las unidades penitenciarias. Otro de los puntos clave del proyecto tiene que ver con la Junta provincial de Seguridad. Al respecto, se determinó que serán convocadas por el gobernador y se llevarán a cabo, al menos, una vez por mes. Por otro lado, el Ministerio de Seguridad quedó facultado para convocar al servicio activo del personal de la Policía en situación de retiro del Escalafón General, Subescalafón Seguridad, a los efectos de cumplir funciones de seguridad pública.

Suplementos y afectaciones

Durante el plazo de vigencia de la emergencia en seguridad, el Ministerio de Seguridad podrá otorgar asignaciones y/o suplementos remunerativos y/o no remunerativos al personal policial que desempeñe funciones caracterizadas fundadamente como críticas, en el contexto de la misma; y, afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.

Programa de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario

Además, el proyecto crea el Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, para ser destinado a las erogaciones especiales. Dicho fondo estará financiado con aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta pesos tres mil millones ($ 3.000.000.000.-) para atender lo atinente a la emergencia en seguridad y del servicio penitenciario; el cincuenta por ciento (50%) de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, conforme al Decreto N° 1698/08; aportes provenientes de programas del Estado Nacional; aportes provenientes de organismos multilaterales y donaciones, legados y subvenciones. La iniciativa –que deberá ser debatida por la Cámara Alta- establece como límite máximo para la realización de licitaciones y concursos privados que exclusivamente se hagan en el marco de la emergencia para la compra de equipamiento es de seis millones de pesos, y para licitaciones privadas para la realización de Obras públicas, la suma es de nueve millones.

Fortalecimiento de áreas investigativas

Asimismo, se crea el Programa para el Fortalecimiento de áreas investigativas, destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las fuentes de financiamiento son aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000); aportes provenientes de programas del Estado Nacional; aportes provenientes de organismos multilaterales, en idénticas condiciones que el inciso b) y donaciones, legados y subvenciones. 

Comisión bicameral

El proyecto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento del Estado de Emergencia a la cual el gobierno deberá enviar informe de avance de las gestiones y de la ejecución presupuestaria de los fondos del Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario y suministrar toda la información que se le requiera de cualquier naturaleza.

Fuente: Aire de Santa Fe

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