Adelantamos días atrás que “Se caen 200 disponibilidades por ilegales” por ña aplicación de una ley que no estaba vigente ahora te la mostramos en detalle.
Por Rubén Pombo
Es la Ley 13.977/2020 denominada de “Emergencia en Seguridad Publica” (VER en formato PDF) que como todas ley de estas características de hacen para saltear controles, viabilizar compras y licitaciones con controles mas laxos o ausentes y que siempre sirvieron para violentar garantías ciudadanas y en este caso de trabajadores policiales.
Este es el caso planteado donde desde el Ministerio de Seguridad se violó la Ley Orgánica Policial en principio reserva a la Jefatura de Policía tal posibilidad. Dentro del año 2020 esta norma (Ley 13.977/2020) posibilito esta posibilidad al Ministerio pero por el termino perentorio de “hasta el 31/12/20" y este a graves de la ex Asuntos Internos (hoy conocida con el nombre de fantasia de Agencia de Control Policial ACP) la siguió ampliando hasta el día de hoy.
Ver ley 13.977/2020 completa en formato PDF
Ver Resolucion Ministerio Seguridad 1444/2020 completa en formato PDF
Esta claro que todos los actos administrativos son nulos ademas de las responsabilidades penales que le caben a los funcionarios políticos y policiales involucrados. Los responsables en principio están señalados y se trata de Diego Rodriguez (ex Subsecretario de Control Institucional) y su asesora letrada Nadia Schujmann. ademas en el plano policial misma imputación les cabe a la cúpula de la Agencia de Control Policial ACP Mariana Olivieri actual titular, el asesor letrado Pablo Selva y la jefa de Sumarios Administrativos Glenda Mc Carty respectivamente aunque no se descartan otros. Uno de ellos es un comisario de apellido Montagner al que apodan "El Monje Negro" al que lo señalan operando en varios temas irregulares.
DEBERAN RENDIR CUENTAS: Montagner, Olivieri, Schujmann y Rodriguez
Esta situación ha llevado a que los autores de tamaña ilegalidad que conlleva un perjuicio grave a casi dos centenares de policías santafesinos ahora sean denunciados penalmente por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
APROPOL espera que los Legisladores a la hora de brindar “leyes de emergencia” que a juzgar por los hechos no han resuelto nada y han servido para robar de manera disfrazada de compras directas, licitaciones truchas u otros procedimientos amañados, sepan que también violan garantías pro las cuales se ha luchado por décadas y que no estamos dispuestos a ceder bajo ninguna presión y defenderlo a cualquier costo.
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