El escandaloso caso de un intendente electo por el pueblo al que le negaron licencia para asumir por “ser personal penitenciario” trae a colación nuevamente el sometimiento a arcaicos reglamentos y usanzas en nuestras fuerzas.
Por Alberto Martínez
La cuestión que proviene de décadas toma ribetes de noticia cuando al primer intendente electo Andrés Soperez de la novel ciudad de San José del Rincon en la provincia de Santa Fe se le negó licencia especial para pode asumir, con lo cual o renunciaba a su empleo en el Servicio Penitenciario Provincial o renunciaba a su designación como titular del municipio.
Debemos destacar que este reconocido vecino ya gozaba de una licencia por ser concejal y lo que solicitaba era en realidad una “extensión” de la misma, cuestión que le fue negada aduciendo un “reglamento interno del año 1978” es decir de épocas no democráticas.
Es obvio que el vetusto y anacrónico marco legal en el que se desempeñan policías y penitenciarios cruje con la misma realidad pero mas aun cuando hay funcionarios que con criterios mas perversos aun creen que pueden obrar muy sueltos de cuerpo por encima de la Constitución Nacional, los Tratados y Convenios Internacionales, nuestra Constitución Provincial y las leyes.
Fue tal el estremecimiento político que causo esta cuestión que el propio Secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Galvez debió salir a poner parches fríos asegurando que “Soperez podría asumir” y aclara algo muy importante para justificar semejante actitud y es la existencia de una “ley orgánica del servicio penitenciario del año 1978 que prohíbe a los agentes penitenciarios participar en la actividad política. Esgrimiéndose en eso, en una norma que establece las incompatibilidades de cargo, la Dirección Provincial del Servicio Penitenciario le rechaza la licencia” aclaró y a renglón seguido busca la salida lógica afirmando: “...Por encima de las normas internas de una institución, están las Constituciones Nacional y Provincial, y éstas hablan claramente del derecho que tienen los ciudadanos de participar en la política enriqueciendo la vida democrática de nuestro país…”
Los policías también deben tener la misma prerrogativa por cuanto hoy quien transitare el mismo camino tendría similares obstáculos.
Siempre hemos dicho que a los policías al menos se le deben respetar los mismos derechos que se pretenden que velen y por lo tanto si queremos una policía democratizada, desmilitarizada, humanizada y profesionalizada debemos comenzar por ello. No es justo que se siga manteniendo a este colectivo de trabajadores como cuidadnos de segunda y bajo el yugo de un Estado que se plantea con leyes que deben ser revisadas y adecuadas al Siglo XXI.
Recordemos que la inseguridad tiene solución si se respetan los derechos delos trabajadores policiales y penitenciarios.
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