ROSARIO.- Recientemente se conoció una notificación por la cual se pide el "pase a retiro obligatorio" de 10 de los 19 trabajadores policiales que demuestran su INOCENCIA desde el pasado 6 de diciembre ante la mirada atenta del Tribunal Oral Federal N°2.
Por Hugo Alvarez (*)
Ante la falta de protección y cobertura política a los trabajadores, el reciente caso del Sub oficial Alberto País vuelve a resonar en esta ocasión.
¿Hay apoyo político a los buenos trabajadores policiales?
¿Es Constitucional y ajustada a derecho una medida que propone echar de su cargo a gente INOCENTE?.
La CAUSA ARMADA por la muerte de Franco Casco ya no es un tema desconocido para el grueso de la sociedad.
Tampoco lo es el echo de que gran parte del sector periodístico, así como gran parte de la opinión publica hayan adoptado ese término al referirse al caso: "causa armada".
Los conflictos devenidos de el armado del caso iniciaron todo un periplo de idas y venidas.
En ese marco se encarceló a 30 trabajadores inocentes, se provocó la muerte de las madres de 3 de los acusados (quienes fallecieron esperando ver a sus hijos en libertad) y la muerte de una de las imputadas que falleció con menos de 30 años, a poco de ser madre y mientras se mantenía sobre ella una gran presión por parte de la acusación.
Estas particularidades -sumadas a todas las que se vienen denunciando- fueron informadas la CIDH en una presentación que fue admitida en tiempo récord.
Allí se detalló lo que hoy todos sabemos: la acusación en la causa armada fue llevada adelante por un grupo de peligrosos SOCIOPATAS.
Nueva embestida
Con ese marco, esta semana se conoce que la Jefa de Policia de Santa Fe solícita al Ministerio de Seguridad el pase a "retiro obligatorio" de 10 de los 19 trabajadores policiales que después de 4 AÑOS Y MEDIO llegan a juicio y sobre los cuales sigue operando el mas pleno ESTADO DE INOCENCIA. (VER NOTA: "ROSARIO: Chimenti pide a gobierno el retiro obligatorio a los camaradas de la 7ma que se defienden en juicio oral").
(NR: La medida alcanza al Comisario Supervisor Diego Alvarez (ex titular de la unidad) los Subcomisarios Enrique Gianola Rocha y Cesar Acosta, los Oficiales de Policías Walter Benítez, Esteban Silva, Cintia Greiner, Cecilia Contino, Guillermo Gysel, Fernando Blanco y el Suboficial de Policía Marcelo Guerrero, todos de la Unidad Regional II).
Si bien es conocido que el artículo 15 inciso 1 de la ley policial 11.530 afirma que se pasara a retiro obligatorio al personal "cuando se encuentre bajo prisión preventiva sin excarcelación y alcanzare dos años en esa situación sin haber obtenido sobreseimiento definitivo o absolución", ante la abrumadora particularidad del caso (cuyas irregularidades llegan hasta instancias INTERNACIONALES) no podemos mas que preguntarnos:
Juzgan a INOCENTES por un delito que no existió
Este 24 de marzo vuelve a mover sentimientos encontrados en todxs lxs Argentinxs.
Entre esos, se vislumbran los de aquellos que quieren secuestrar la memoria y autoproclamarse "vencidos vencedores" y los que entendemos que la memoria es una construcción colectiva de todxs y que no pertenece en exclusiva a ninguna casta militante o grupo político.
Los que creemos que a la palabra "memoria" debe agregarse la palabra conjuntamente con el reconocimiento a todas las víctimas de los conflictos armados y la violencia política iniciada -como mínimo- en los bombardeos de Plaza de Mayo en 1955.
Todos los fusilados, los desaparecidos, los asesinados por grupos terroristas de la extrema izquierda, murieron en el marco de un conflicto en el cual no todas las víctimas eligieron participar.
De regreso al 2022, les 19 trabajadores policiales, INOCENTES juzgados en una CAUSA ARMADA no eligieron el destino al cual los arrastraron.
La "cúpula de arma causas" prestigiosos operadores que se cansaron de montar pruebas falsas contra trabajadores policiales los arrastró hasta esa situación, operando como un verdadero grupo de tareas o comando terrorista.
Hoy día sus métodos cambiaron. Ya no sirve "matar al enemigo". Para financiar las estructuras políticas a las cuales pertenecen es mas rentable vaciar al Estado mediante juicios penales y posteriormente civiles.
El grupo de letrados que asiste a Ramón Casco desde Buenos Aires ya le facturó al Estado Argentino mas de 298.000.000 millones de presos por la "asistencia letrada al Sr. Casco", dinero que pagamos todxs, los de arriba, los de abajo, los del centro, los de derecha, los de izquierda, los libertarios y los colectivistas.
Ante este saqueo a fondos públicos, ante la afrenta a la dignidad de personas INOCENTES que piden ser oídas, ante esta reedición de una persecución política y de clase INACEPTABLE en la evolución democrática de nuestro país, la Jefa de Policía y el Sr. Ministro de Seguridad ¿no tienen el coraje de pedir informes al colegio de abogados para que notifiquen los antecedentes de "los arma causas de siempre"?
¿No quieren saber que uno de ellos estuvo a punto de perder la matrícula por armar causas (con el mismo método) en otra oportunidad?
¿O que se lo llamó brindar declaración formal por sandeces que decía en medios contra trabajadores de la fuerza que ellos dirigen y jamas concurrió por temor a quedar detenido por falso testimonio?.
Estas cuestiones serían mas reveladoras que quitarles el trabajo y el sustento a las familias de 10 hombres y mujeres INOCENTES que vienen haciendo periplos para costear los gastos que les provoca defenderse de una acusación falsa, montada sobre una emblematica CAUSA ARMADA.
Queda en manos y en conciencia de Emilce Chimenti y de Jorge Lagna el echar a INOCENTES y arruinar a sus familias, o sumarse a un reclamo justo por verdad y justicia.
Notas relacionadas:
(*) Presidente de la Asociación Civil Inocente Colectivo
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