ROSARIO.- Diego Rodríguez y Malena Salinas, empleados de esa Secretaría declararon en la audiencia N° 33. Sus dichos estuvieron plagados de contradicciones por las cuáles las defensas piden nuevas medidas.
Por Hugo Alvarez (*)
La trigésimo tercera jornada en el juicio que intenta resolver las circunstancias en las que se ahogó Franco Casco siguió la misma dinámica que vienen teniendo las jornadas anteriores con testimonios que día a día reafirman que el caso es una emblemática CAUSA ARMADA.
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En esta inteligencia fue central el testimonio del abogado Diego Rodríguez, "empleado de planta permanente" de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, calidad funcional que defendió encendidamente sin permitir que se lo llame "funcionario" y la señora Malena Salinas, empleada también de ese organismo.
El señor Rodríguez -quién posteriormente fue empleado del Ministerio de Seguridad de la provincia- es uno de los acusados por el intento de desvío de 1.400 millones de pesos para la licitación y compra ilegal de armas a Israel, bajo las órdenes del ex Ministro Marcelo Sain.
El testimonio de estás personas había sido solicitado por las defensas atento a las irregularidades que se presentaron con respecto a los datos aportados por ambos.
Igual que en el ríoba: "todo de palabra"
Las declaraciones de Salinas y Rodríguez fueron requeridas a tenor de que los mismos se habían presentado en la comisaría séptima el 28 de octubre para entrevistar a los detenidos que supuestamente habrían tenido algún contacto con Franco Casco.
Por esa fecha la fiscalía provincial había realizado entrevistas a los familiares de Casco consignando todo en actas.
También la delegación Asuntos Internos había realizado entrevistas a los detenidos consignando lo propio en actas que eran elevadas a la superioridad.
El servicio público de la defensa penal realizó entrevistas a familiares de Franco Casco que consignó en "actas de entrevista".
Los tres organismos precedentes, al igual que el que integraban Salinas y Rodríguez formaban parte del gobierno de la provincia de Santa Fe.
Una de las cosas que más llamó la atención en la jornada, fue que tanto Rodríguez como Salinas, no habían tomado nota, no habían grabado audios, ni habían labrado actas con respecto a los dichos de los detenidos al momento de realizar las entrevistas, dichos que no pueden ser acreditados por ningún medio y que llamativamente van en sintonía con la teoría de la acusación.
"Lo comunicamos a Trangoni"
El testimonio de ambos "empleados de planta permanente" cobró relevancia no por sus dichos, sino por sus contradicciones.
Rodríguez afirmó que no había dejado nada escrito en el momento, pero que al salir "llame al fiscal Trangoni para comunicarle que uno de los detenidos afirmaba haber visto a Casco en la seccional, y que lo habían golpeado*.
Ante las preguntas de los Defensores sobre si había realizado alguna denuncia o activado algún protocolo inherente al conocimiento de que testigos le manifestaron los supuestos golpes sufridos por Casco (Rodríguez era funcionario público con el cargo de monitoreo de cárceles) el mismo dijo que "no tenían protocolo" pero no supo explicar porque no denunció esos supuestos hechos de lo cuáles tomo conocimiento.
En el mismo orden, se sorprendió cuando se le exhibió un acta firmada por el sobre las declaraciones recabadas el 28 de octubre de 2014 pero con fecha de marzo del 2021.
Allí Rodríguez consignaba -contrariamente a lo declarado- que se había comunicado con el Dr. Guillermo Aspanowics (en su declaración en el tribunal mencionó a Leandro Trangoni) y también que había recibido información de una persona (en su declaración dijo que eran dos).
Por su parte Malena Salinas confirmó lo mismo que Rodríguez, que ambos habían recibido informacíon de dos detenidos en orden a Franco Casco la cuál no volcaron en ningún acta ni activaron protocolo para resguardar seguridad de esos testigos ni denunciaron ante un organismo fromalmente, solo habían hablado a la salida con Leandro Trangoni.
En está inteligencia, repitió el guión de su compañero pero contradijo la información que consignaban en la extemporáneoa acta firmada por ambos en 2021.
Toda la información que brindaron no tiene más sustento que sus propios dichos, contradictorios con su único informe.
Vecinos y visitas. "En la comisaría estaba todo bien"
Las concubinas de dos detenidos y dos vecinos de la jurisdicción prestaron testimonio en la misma jornada.
Las primeras confirmaron que sus parejas que estaban detenidos en la comisaría jamás les refirieron algún hecho raro o fuera de lo común. También recordaron que era un penal evangélicos y que había comunión entre familiares e internos.
Los vecinos de la jurisdicción por su parte confirmaron que Diego Álvarez fue el único comisarío con el cual tuvieron contacto fluido, que visitaba a los vecinos asiduamente, brindaba su tarjeta, organizaba reuniones con los habitantes del barrio y se comprometia fielmente con los temas de la seguridad de los vecinos.
Uno recordó que compartían su afición por las motos antiguas, y que antes y después de Álvarez, nunca un funcionario policial se había acercado a ofrecer su ayuda en persona.
(*) Presidente de la Asociación Civil Inocente Colectivo
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