En la jornada número 40 del debate por la muerte de Franco Casco, fueron convocados tres testigos por la defensa de los imputados. Estuvieron el periodista Hernán Lascano, el ex secretario de Control policial Ignacio del Vecchio y el perito en informática forense Pablo Rodríguez Romeo.
Por Alejandra Ojeda Garnero
Una nueva jornada en el juicio por la muerte de Franco Casco se desarrolló este jueves en el Tribunal Oral Federal 2 de Oroño al 900 y como siempre, Conclusión es el único medio que estuvo presente. Los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez escucharon a los testigos presentados por las defensas de los acusados, y deberán definir en base a las pruebas producidas en el debate, la responsabilidad de 19 policías procesados, con distinto grado de participación, por los delitos de desaparición forzada, torturas y muerte del joven de Florencio Varela.
El periodista Hernán Lascano que trabaja en el diario La Capital hace 29 años, fue el primero en dar su testimonio. Ante la pregunta de la defensora Antonela Travesaro dijo que “mi relación con el caso ha sido esporádica. No tuve un seguimiento sistemático. Mi contacto no debe haber ido más allá de cinco o seis notas con mi firma”.
A pedido de la defensora, Lascano explicó que “la primera nota fue cuando el fiscal de primera instancia acusó a 30 policías”, además recordó “haber hecho una nota del seguimiento de las audiencias ante la Cámara Federal por el procesamiento de empleados de Asuntos Internos”.
“Estuve en la totalidad de esas audiencias, me había llamado la atención ese tramo del caso, por eso pedí estar allí. Luego recuerdo haber trabajado, cuando de manera sorpresiva se incorpora al expediente una pericia odontológica, tres años después de producida, lo que tuvo, a nuestra lectura efectos en el trámite y la interpretación general del caso, que es a eso lo que nos dedicamos los periodistas. No recuerdo si tuve alguna nota más».
«Creo que este es uno de los casos penales más destacados ocurridos en Rosario, y creo que es muy estremecedor y muy controversial al mismo tiempo. Nuestro trabajo como periodistas no es establecer la verdad sino compulsar esas cuestiones controversiales, oscuras que se presentan en un caso», explicó Lascano.
Sobre los puntos que le llamaron la atención, aclaró que «no hacemos una cobertura sistemática del juicio y no salen todos los días crónicas del seguimiento de este juicio. Además, ha sido cubierto por distintos periodistas de La Capital». Sin embargo, dijo que «hay situaciones que podían ser controversiales y atípicas de las dos partes que plantean ideas diferentes del hecho que se juzga». «Nos llamó la atención varias cosas: la causa de muerte, la fecha específica que estuvo Franco Casco en la comisaría. Me llamó la atención el caso de los policías de Asuntos Internos, no comprendía cabalmente cuál era la responsabilidad que se les atribuía, me quedaban dudas por eso fui a las audiencias, y desde mi rol no quedaba clara la responsabilidad legal de esas personas, que finalmente tres de ellos no llegaron a juicio».
La defensora Travesaro le consultó al testigo si había observado alguna falencia en las audiencias del caso, a lo cual Lascano respondió que «no cubrí audiencias del caso, solo cubrí algunas cosas en la etapa instructoria del caso y también en ese momento advirtiendo situaciones que nos llamaban la atención y que me parecen que son motivo de disputa entre la Fiscalía y las defensas, me refiero a la fecha en la que Franco estuvo detenido, si es el 6 o el 7 de octubre del 2014».
«Una situación donde los periodistas nos insertamos en los casos es a partir de situaciones que nos parecen llamativas. A mí me pareció llamativo el momento en el que se incorpora al expediente la pericia odontológica, y después ver que los odontólogos de la UNR que participaron en esa pericia fueron llevados a indagatoria por encubrimiento y luego se los desvincula porque queda de manifiesto que la situación de la dentadura de Franco, que el desprendimiento de dos piezas dentales había sido por maniobras de la pericia odontológica, y era una de las fundamentaciones por las cuales se alegaba violencia».
También mencionó que «en algunos casos la valoración que tuvimos de las imputaciones que se habían hecho a nuestro criterio no fueron solventemente fundamentadas. Donde una acusación inicial contra treinta personas terminaba después reducida a diecinueve, en eso nació que había circunstancias controvertidas que merecían la pena ser compulsadas, que es la función del periodista».
Sobre la cobertura del caso, mencionó que realizó entrevistas «sobre la pericia odontológica con el médico forense Rodríguez; también con salvador Vera, Roxana Gambacorta. No tuve una cobertura sistemática del caso, fue poco lo que hablé con las partes, tanto de víctimas como de imputados».
Lascano fue consultado sobre una nota que tituló ‘Las defensas niegan homicidio y desaparición forzada’, pero dijo que «no la recordaba, pero al ser exhibida, reconoció». En la misma se plantean cuatro puntos que llamaron la atención del periodista y que los familiares de los acusados mencionaron como puntos clave en la investigación para demostrar la inocencia de los trabajadores policiales. «Recuerdo la nota, y en la misma están los elementos controversiales de la historia del trámite del caso».
«Es una nota con los puntos controversiales que manifiestan las defensas. La situación respecto del momento de la detención en Rosario Norte, los testigos detenidos en el penal dijeron haber visto o escuchado, la autopsia sobre la causa de muerte y la pericia odontológica».
Lascano, al igual que quien escribe esta nota, fue cuestionado por organizaciones que acompañan el justo pedido de justicia por la muerte de Franco Casco, el periodista recordó que «cuando fue la cobertura de las audiencias en Cámara Federal de Asuntos Internos hubo un pronunciamiento» de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional «donde cuestionaron el contenido del artículo y un repudio hacia mi persona, pero me parece que son casi parte de las reglas del juego. Quienes trabajamos en lo público estamos expuestos a estas cosas». Pero aclaró que «trabajo desde mi buena fe y profesionalismo».
El defensor Mahieu le consultó si pudo hallar las posibles causales de muerte entre el material que analizó, el testigo dijo que «encontré las relaciones en los argumentos que fundaron la teoría del caso, por un lado lo que define la imputación penal y el efecto que tuvo para las personas acusadas y lo que plantean las querellas en relación al tema de la causa de muerte lo que me pareció en la autopsia, no aparece de manera categórica la aplicación de la violencia como motivo de la muerte de Franco, según los dictámenes forenses, no hay en la autopsia en término de certeza que hable de muerte violenta».
Finalmente, Lascano aclaró que tuvo contacto esporádico con la causa, que no leyó el expediente y solo se basó en algunos informes forenses que le resultaron controversiales.
También indicó, ante la consulta de un defensor, que «es un caso que se debate políticamente, por disputas para desacreditar la función de uno u otro funcionario, es parte de los casos que tiene un interés público”.
«Por eso es importante ver si los hechos se pueden probar como lo ha contado la acusación. Hay una controversia muy grande que habla de distintas versiones», manifestó el testigo.
Por su parte, Ignacio Del Vecchio, con 28 años de experiencia como abogado, fue secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, entre mayo de 2014 a diciembre 2015 y actualmente trabaja en su profesión de forma particular, aportó su testimonio y participación en el caso.
En el caso por la muerte de Franco Casco, tuvo una cuestionada participación en el momento que apareció un video en la iglesia evangélica cercana a la comisaría séptima, donde se observaba a un joven ingresando al local. Personas que se desempeñaban en ese lugar habían declarado que un chico había estado en el lugar, que le habían dado comida y ropa y luego se retiró. Personal de Asuntos Internos que estaba colaborando en la búsqueda de Franco Casco estaba analizando las imágenes para determinar si se trataba del joven de Florencio Varela, pero nunca lo habían afirmado.
Antes de tener la confirmación científica sobre el estudio de las imágenes, Del Vecchio aseguró ante un medio de comunicación que Franco Casco había sido visto con vida en la iglesia evangélica que estaba a pocas cuadras de la comisaría séptima, sin ningún sustento material. Estas afirmaciones les costaron a cinco efectivos de Asuntos Internos una acusación por encubrimiento por plantar pruebas. Luego, tres de ellos fueron sobreseídos por inexistencia de delito. Aunque dos continúan detenidos, y son juzgados en este juicio por la declaración de uno de los 33 detenidos que se encontraban en la comisaría en el momento de los hechos.
En la audiencia de este jueves Del Vecchio ratificó sus dichos, “hice una declaración pública en un medio de comunicación que algunos testigos habían visto a alguien parecido a Franco Casco. No recibí cuestionamientos porque todos querían saber que había pasado”.
El por entonces defensor provincial Gabriel Ganon cuestionó los dichos de Del Vecchio, sobre la aparición de Franco Casco. Al ser consultado sobre ese punto dijo que “no lo conozco personalmente, no tuve contacto”. Pero aclaró que “el doctor Ganon hizo declaraciones en contra de todos, estimo que de mi también, es la manera de actuar de Ganon, hablar mal de todas las personas. Trataba de no leer las declaraciones. Pero no existió ningún episodio previo, ni animosidad”.
Finalmente, prestó testimonio el ingeniero informático Pablo Rodríguez Romeo, perito informático forense, quien realizó las pericias sobre los videos de Franco Casco. El especialista afirmó que el único método para identificar con certeza a una persona son las huellas digitales, pero ante la carencia de este elemento existen otros métodos para identificar a una con un alto grado de certeza. El estudio arrojó como conclusión que la persona que se observa en los videos, es la misma que se observa en las fotos indubitadas de Franco Casco.
El estudio establecía cuatro objetos de análisis, comparar si los archivos fílmicos son compatibles antropológica, antropométricamente y las indumentarias con las imágenes de Franco Casco; determinar el lugar donde estaban ubicadas las cámaras de video, orientación y sitio geográfico; plasmar el sitio geográfico del domicilio de la tía de Franco Casco y graficar los movimientos del sujeto en cuestión.
Los peritos recibieron ocho videos y tres fotos que fueron sometidos a distintos análisis para determinar la identidad de la persona que allí se observa.
El experto explicó que “la orientación hacia la individualización humana se basa en su generalidad por grupos Biotipológicos: según la raza humana, sexo biológico y morfología corporal.
A su vez, “la orientación hacia la Individualización Humana por medio del rostro se basa” en los siguientes puntos: cráneo, tipo de rostro, cabello, forma del peinado, tipos de cabello (cantidad, longitud y color), frente, cejas, ojos, nariz, boca, mentón, surcos dérmicos y orejas.
Los análisis realizados a las imágenes revelaron que la indumentaria de la persona que se observa en los videos “es un suéter, de cuello amplio de color azul, tonalidad obscura, mientras que, en sus extremidades inferiores, viste un pantalón del tipo “jean” color celeste, de tonalidad clara”. Además, concluyó que “se han establecido compatibilidades antropológicas, antropométricas y de vestimenta entre el sujeto identificado como Franco Casco con los individuos que surgen en las capturas de imágenes dinámicas y estáticas”.
El caso
Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, cuando su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgados por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cinco años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Álvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Silva como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte del joven.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Belkis Elisabeth González, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
Además, los agentes de Asuntos Internos Pablo Síscaro y Daniel Escobar fueron acusados de encubrimiento.
Fuente: Conclusión
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