ALARMANTE: Piden destitución de Policía por un procedimiento donde fue víctima

Por Alberto Martinez

En un procedimiento de rutina, por entonces fue comisionado por el 911 a un incidente en pleno centro rosarino, donde un repartidor se trabaría en lucha con empleados de tránsito municipal. Allí, el oficial junto con su compañero, redujeron al infractor y lo pusieron a disposición de la Justicia, ya que aquel habría agredido a los agentes de control urbano y hasta al propio personal policial, intentando arrebatar la pistola de uno de ellos.

Rápidamente la causa dio un vuelco a raíz de una denuncia radicada por el conductor infractor que cambió radicalmente los roles en la investigación: aquel imputado de amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad, pasó a ser víctima de apremios y vejaciones producto de la viralización de videos que transeúntes registraron en sus celulares, donde nada de aquello se observaba.

La fiscalía llamó a los policías a audiencia imputativa en abril de 2021 y hasta la fecha no hubo avances en la investigación penal, sin embargo, violando toda presunción de inocencia el entonces Jefe de Policía, Miguel Oliva, solicitó al Poder Ejecutivo la pena de destitución de la fuerza del agente.

Desde diciembre pasado, el policía -que no contaba con antecedentes judiciales ni administrativos- está en disponibilidad sin percibir haberes, en una situación de extrema vulnerabilidad.

Consultado el abogado defensor del Oficial, Dr. Federico Godoy de la Fundación Proteger y Servir, acerca de los pormenores de la situación, el letrado manifestó que: “sorpresivamente la jefatura de policía de provincia solicitó la medida de expulsión de mi cliente sin que se encuentre debidamente acreditada la falta atribuida, apartándose del criterio jurisprudencial que indica que en los casos en que una investigación judicial y una administrativa compartan plataforma fáctica, debe estarse a la firmeza de una decisión jurisdiccional previa a fin de evitar decisiones contradictorias y excluyentes entre sí, toda vez que la autoridad administrativa debe supeditarse y jamás ir ¨más alla¨ de una resolución judicial; lo que resulta especialmente grave si se toma en cuenta que se lesiona el principio de inocencia, de seguridad jurídica y defensa en juicio cuyo cercenamiento produce en la persona de mi cliente un gravamen irreparable. Por lo que, por estas horas estamos evaluando alternativas para hacer cesar esta aberración jurídica".¨

Consultado el letrado acerca de las faltas atribuidas, respondió: “a mi cliente le imputan -en lo administrativo- una falta que depende de la investigación penal, donde no fue condenado, y otra por un presunto examen de narcotest que en nada se relaciona con el fondo de la cuestión y que, a la vez, no se advierte haber sido ordenado por la fiscalía interviniente ni haber sido receptado respetando protocolos y/o formalidades vigentes en la materia, lo que presenta un claro defecto técnico en el método, ya que mi representado no fue ni siquiera examinado por un médico para extracción de muestras de sangre u orina. Si bien oportunamente se presentó la correspondiente defensa, entendemos que la decisión de la autoridad policial resulta arbitraria e inconstitucional, por lo que estamos evaluando iniciar acciones contra la provincia”. Y abundó: “Con este tipo de medidas lo que se consigue es deteriorar cada vez más a una institución que viene bastante golpeada y castigada. De pronto entendemos que es sumamente necesario reivindicar al policía que cumple con su labor correctamente y dejar de alimentar al clamor popular de determinados sectores que buscan -continuamente- desestabilizar. No es menos importante recordar que este procedimiento fue tenido como válido, legítimo y merecedor de distinciones por la otrora Jefa de Policía, Emilice Chimentti y el exministro Jorge Lagna, quienes han vertido declaraciones públicas reconociendo el trabajo policial”, concluyó

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