SANTA FE: Se viene un juicio millonario en dólares contra el Estado Provincial

Por Gustavo Castro

La empresa FC Group presentó un recurso de revocatoria contra el decreto del gobernador Perotti que la apartó por no entregar 5.500 chalecos para la Policía. Allí avisa que, en caso de rechazo, le pedirá a la Corte Suprema una declaración de inconstitucionalidad. Y asegura haberse enterado de todo por una nota de AIRE. 

La empresa Sucesión de Cuppari Francisco, conocida como FC Group, presentó el 5 de abril pasado un recurso de revocatoria contra el decreto del gobernador Omar Perotti que le rescindió por incumplimiento el contrato para la provisión de 5.500 chalecos antibala para la Policía santafesina, según documentación a la que accedió AIRE.

Se trata de un capítulo más de la saga que se inició tras la negativa de la firma de entregar los protectores si es que no se producía un reajuste de precios tras el salto inflacionario ocurrido el año pasado con la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía de la Nación. Aquel episodio ocurrió luego de la adjudicación del contrato y antes de la provisión de los productos. El gobierno provincial no aceptó pagar más, la compañía no proveyó los chalecos y Perotti resolvió rescindir el vínculo y ejecutarle una garantía millonaria. Finalmente, quien se quedó con esa tarea por la vía de la contratación directa fue la estatal Fabricaciones Militares.

El primer punto del reclamo empresario presentado a la provincia hace dos semanas dice de manera textual lo siguiente: “Por versiones periodísticas, esta parte ha tomado conocimiento que el señor Gobernador habría dictado el Decreto Nº 547/2023 supuestamente el 31 de marzo pasado de acuerdo a dichas noticias, en virtud del cual la autoridad habría dispuesto rescindir por incumplimiento la adjudicación del contrato perfeccionado por la Provincia de Santa Fe con mi parte mediante Orden de Provisión Nº 91/22 (Decreto Nº 2118/2022) disponiendo asimismo la pérdida de la Garantía de Cumplimiento del Contrato”. En ese contexto, FC Group plantea que “de resultar dichas versiones ciertas, dado que ninguna notificación se ha cursado al respecto a esta parte, vengo a solicitar se proceda a la notificación de dicha decisión, así como eventualmente interponer contra dicho acto administrativo formar recurso de revocatoria”.

Más adelante, “con el fin de estudiar los antecedentes y fundar el recurso”, la firma “solicita traslado de las actuaciones” con toda la documentación “suspendiéndose los términos que pudieran estar corriendo hasta el momento que se me ponga a disposición” el expediente. Además, reclama que se haga lo propio con la derivación de las presentaciones hechas por la compañía en el Tribunal de Cuentas y “ante la privada del ex ministro Rubén Rimoldi, en el marco de las amenazas recibidas por quien suscribe (N de la R: Fabio Cuppari, administrador) de parte de la CPN Ana Morel, en ese momento secretaria de Coordinación técnica y Administración Financiera del ministerio de Seguridad”. Y luego advierte: “Desde ya dejo planteado el caso constitucional en caso de una resolución adversa a mis pretensiones, y hago reserva de ocurrir por vía de recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia y/o por recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Ahora, la Provincia le debe correr traslado a la empresa para que en el lapso de diez días argumente la presentación. Posteriormente, dictaminarán la asesoría jurídica del ministerio de Seguridad y Fiscalía de Estado, para finalmente resolver el gobernador a través de otro decreto. Si, como se presume, Perotti rechaza el planteo de FC Group, se da por concluida la vía administrativa. Y allí se abre la puerta para la disputa judicial.

Fuente: Aire de Santa fFe

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