A cinco años del caso, terminaron las audiencias preliminares y desde la querella piden entre 6 y 12 años de prisión más distintas inhabilitaciones para volver a vestir el uniforme contra las y los agentes por tortura, robo, falsificación de documento e incumplimiento de deberes. En hecho ocurio en la madrugada del 23 de marzo de 2018.
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