2 enero, 2024

Organizaciones de familiares de policías convocan a un abrazo al Congreso de la Nación

Junto a organizaciones de todo el país, Inocente Colectivo convoca a una marcha Nacional. Será el próximo martes 16 de enero.

Por Alberto Martinez

Familiares de trabajadores policiales, de fuerzas y penitenciarios irán a Buenos Aires desde Chaco, Chascomús, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Neuquén, La Plata y Necochea. Pedirán que se revisen condenas erróneas y se ampare legalmente a quienes sufren el flagelo de una causa armada.

Desde Inocente Colectivo comunicaron que el próximo martes 16 de enero junto a organizaciones de todo el país marcharán al Congreso de la Nación para pedir una audiencia y entregar una carpeta con todos los casos de trabajadores policiales, de fuerzas y penitenciarios perseguidos en el marco de una causa armada o condenados erróneamente.

El objetivo es que desde el ejecutivo se articule un mecanismo que fomente la revisión de casos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Revisión de condenas erróneas y derecho a la verdad

Los promotores de la marcha fueron consultados por este portal, y todos estuvieron de acuerdo en que casos de gran trascendencia como la causa armada Duffau (Buenos Aires) la causa armada Canizzo (La Plata) la causa armada Blanco (Chascomús) o la causa armada Peloso Iturri (Neuquén) merecen una revisión exhaustiva por parte del poder judicial.

En esos casos se condenó a trabajadores policiales y penitenciarios (causa armada Iturri) a penas de prisión perpetua sin permitirles la revisión de sus causas.
Afirmaron que en todos hay prueba sobreabundante de que los trabajadores fueron condenados erróneamente, y exclusivamente por su condición de trabajadores de fuerza.

En otros casos como la causa armada Escobar (Rosario) trabajadores policiales son señalados como autores de un delito, posteriormente se los declara inocentes y su caso pasa al olvido.

En la causa armada Ponce de León (Chaco) un Jurado Popular declaró no culpables a trabajadores policiales que pasaron años encarcelados y aquellos que armaron la causa en su contra no hicieron la más mínima autocrítica.

En la causa armada Abregu en Laprida, trabajadores policiales acusados de haber asesinado a una joven que se ahorcó en su celda sufrieron el escarnio público y el manoseo mediático, fueron sobreseídos y aquellas organizaciones que armaron la causa en su contra aún no dieron ninguna explicación.

Inconstitucionalidad del artículo 280 y apoyo internacional

En cuanto a las penas de prisión perpetua, el motivo para la no revisión de los casos es la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cuál permite a la Corte hacer una selección discrecional de qué casos revisa o no.

Sobre esto, Hugo Álvarez, presidente de Inocente Colectivo sostuvo que “en el caso Mohamed vs Argentina, la Corte IDH (Corte Interamericana) se pronunció sobre el alcance del artículo 8.2.h de la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos) con respecto a sentencias penales de condena emitidas al resolver un recurso contra una absolución".

Dispuso que el derecho a recurrir el fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena”.

Álvarez señaló también que “la Corte IDH indicó que para que el recurso sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que se puedan analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos más importantes y determinantes que se tuvieron en cuenta para dictar la sentencia condenatoria”.

Por otro lado sostuvo “nosotros tuvimos la experiencia de llegar hasta la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) con una petición en el marco de la Causa Armada Casco. Ahí tuvimos una acogida favorable en tiempo récord. Normalmente se tarda entre 10 y 15 años para resolver la admisión de un caso, a nosotros nos lo admitieron en 15 meses".

Eso pasó porque la mirada internacional está notando la proliferación de falsas denuncias, causas armadas y condenas erróneas con el foco puesto en trabajadores policiales, de fuerzas y penitenciarios.

"La petición que llevamos al Congreso tiene el espíritu, la voluntad y convicción de que vamos a lograr que el derecho internacional de los Derechos Humanos sea aplicado de forma amplia y no restrictiva, y que se revisen todas las condenas erróneas sobre trabajadores policiales, penitenciarios y de fuerzas, así como también se empiecen a detectar los mecanismos de la falsa denuncia y las causas armadas a fin de prevenir este flagelo” finalizó.

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