SAN LORENZO: A partir de una denuncia por irregularidades intervienen nuevamente la Unidad Regional XVII

Según el diario El Ciudadano, la intervención de la Unidad Regional XVII (URXVII) del departamento San Lorenzo que dispuso el gobierno de Maximiliano Pullaro este miércoles tuvo sus primeras repercusiones luego de que la cúpula de la Jefatura tuviera que ponerse a disposición de la investigación interna y que el jefe de la Alcaidía fuera pasado a disponibilidad no sólo en lo administrativo sino también en lo penal. Es que una denuncia presentada hace un mes que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) describió graves irregularidades que van desde falta de controles a presos como a familiares, ingreso de objetos prohibidos, drogas hasta la presencia de menores en los pabellones donde están alojados agresores sexuales. Un caso similar al que se produjo en septiembre de 2019 cuando el anterior titular fue imputado y por el cual fue desplazado el actual interventor Rapuzzi entre otros.

La Jefatura de Policía de San Lorenzo que también tiene a su cargo la Alcaidía entró en vigencia este miércoles tras ser designado el comisario Gustavo Rapuzzi y su segundo, Julio Schwindt, quien estaba en Villa Constitución. La decisión del Ministerio de Seguridad provincial tendrá una duración estimada en 180 días y fue multicausal, de acuerdo a lo expresado por fuentes oficiales.

Apartaron al jefe y subjefe de la URXVII Sebastián Igonet y Sebastián García, quienes se pusieron a disposición de la investigación. También el titular de la Alcaidía Luciano Casterán fue pasado a disponibilidad ya que “afronta dos investigaciones: la administrativa del ministerio y la penal del MPA”, agregaron voceros de la cartera los cuales resaltaron que la denuncia presentada en Asuntos Internos posibilitó agilizar los trámites administrativos para el nombramiento del interventor.

La presentación judicial hecha contra Casterán describió que algunos presos en la Alcaidía contaban con salidas a discreción, también había ingreso de celulares, drogas, no había requisas para ciertas personas con la presencia de familiares que recorría el penal sin control y que también había menores en pabellones donde están alojados agresores sexuales. Además, la denuncia dio cuenta del funcionamiento de un penal vip en la planta para medio centenar de reclusos.

La vigencia del penal VIP

Esta situación es idéntica a la descubierta en septiembre de 2019 donde una investigación del fiscal Aquiles Balbis determinó que el entonces jefe de la Alcaidía, José Budiño, cobraba unos 1.000 pesos señales a cada interno a cambio de beneficios.

Estos privilegios se vieron reflejados en el informe de Gendarmería Nacional con los resultados del allanamiento. Los uniformados de la fuerzas federales dieron cuenta que dentro del penal VIP había conexión a internet y Wi-Fi, celulares, chips de memoria, cuchillas de carnicería, navajas, televisores, bebidas alcohólicas, parrillas móviles, routers, tablets y hasta cajas de pizzas y empanadas con la marca de un deliverys.

También estaban alojadas dos hermanas de Walter “Viejo” Gónzalez, jefe de una banda dedicada al narcomenudeo de barrio Copello, quien estaba preso en ese lugar. En la Alcaidía de San Lorenzo sólo se pueden alojar varones.

Budiño terminó imputado como autor de los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La otra intervención

La URXVII ya había sido intervenida en diciembre de 2019 por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien nombró como interventor a Carlos Lemos, luego de un informe presentado por el jefe de la Policía provincial, Víctor Sarnaglia.

Fuente: El Ciudadano

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