IRREGULARIDADES EN LA ALCAIDIA DE SAN LORENZO: Habla el abogado del Comisario Casterán

El miércoles pasado, nos desayunábamos con la noticia de que una empleada policial había denunciado graves irregularidades en la Alcaidía de San Lorenzo, entre ellas, presuntas salidas de presos y tráfico de drogas.

Inmediatamente, la Secretaría de Control emitió una resolución por la que dispuso el pase a disponibilidad del Comisario Luciano Casterán y un dependiente, a fin de investigar si lo denunciado es cierto. También trascendió que los exjefes de la policía departamental fueron desafectados a la espera de destino.

Esta editorial tomó contacto con el DR. FEDERICO GODOY, abogado de la Fundación Proteger y Servir, que asumió la representación del funcionario en el fuero administrativo. Consultado el profesional por los pormenores de los hechos, manifestó que:

“En el día de la fecha, efectivamente, he asumido la representación del Comisario Luciano Casterán en el fuero administrativo, es decir, en la investigación interna, de carácter disciplinaria, que se substancia en la Unidad Especial de Asuntos Internos, dentro de la que el Subsecretario de Control dispuso el pase a situación de revista de disponibilidad de mi patrocinado”.

“Hasta el momento no contamos con información oficial del legajo disciplinario, ya que la resolución por la que se instruye el sumario recircula sobre un recorte periodístico del Diario Síntesis de San Lorenzo que fue advertido por personal de la D.A.A.R.D de la U.E.A.I y que motivó la sustanciación del expediente con implantación de la medida cautelar de disponibilidad”.

“Sinceramente, no deja de sorprenderme que se haya adoptado ese decisorio en virtud de una noticia periodística y no por el contenido de la denuncia en sí, ya que la delación se habría formulado el 1ero de diciembre del año pasado y el acto por el cual se toman estas medidas se dio después de que la semana pasada se ventilaran los hechos públicamente, sin poner énfasis en la premisa fáctica de la presentación”.

“En ese sentido y desde el punto de vista jurídico considero que esta fundamentación rompe el Estado de Derecho y violenta claramente la defensa y la seguridad jurídica, razón por la que en la fecha hemos interpuesto un recurso de revocatoria y, a la vez, hemos planteado un incidente de recusación con respecto a la autoridad administrativa instructora, lo que tendrá que resolverse a la brevedad ya que aportamos un caudal probatorio interesante”.

Consultado el abogado acerca del tenor de las graves acusaciones por las que se sindica a su asistido, expresó que: “El contenido de la denuncia no lo conocemos, tampoco la identidad de la persona que la ha formulado, por lo que debemos ser cautos y dejar que se investigue tanto en el fuero penal como en el fuero administrativo, más allá de haber transcurrido más de un mes desde que presuntamente se radicó la denuncia a la fecha, donde comenzaron a diligenciarse las primeras medidas procesales en ambos campos. Destaco asimismo que Luciano se puso a disposición de Asuntos Internos ni bien trascendieron los hechos, entregando voluntariamente su arma”.

Y continuó: “Lo que sí puedo decir es que, de acuerdo a lo que salió en los medios de comunicación (que no sé si será lo que efectivamente consta en la denuncia), mi asistido niega todas las acusaciones por inexistentes y también es su deseo ejercitar su derecho a réplica, ya que son acusaciones gravísimas y se lo ha expuesto públicamente sin existir, por lo menos, un mínimo de apariencia de responsabilidad. En ese aspecto no cuestionamos la labor periodística, cuyo fin es comunicar; lo que sí cuestionamos es el apartamiento al lado investigador de la prensa; pues el solo hecho de haber editado esos titulares sin un ápice de trabajo de campo, ha ocasionado un grave menoscabo en la dignidad de mi cliente, afectando su honor y buen nombre y nada menos que su carrera policial que se puede catalogar como ejemplar e intachable, sobre todo en el último tiempo, ya que se desempeñó los últimos cinco años como Jefe de Alcaidía y jamás tuvo un inconveniente, mucho menos de esta naturaleza”.

“En ese sentido, siempre ha trabajado a conciencia, cumpliendo y haciendo cumplir los protocolos para el tratamiento en contexto de encierro de los reclusos, resguardando lo imprescindible, como la vida, el bienestar y la seguridad de los internos y del personal a cargo, pese a circunstancias adversas, como ser la escasez de elementos materiales para garantizar el funcionamiento de ese lugar de detención”.

Sobre los pasos a seguir, explicó que: “Mi asistido debe, en principio, defenderse en sede administrativa en función de lo que sea orden del sumario, que debe sostenerse a instancias de la denuncia formal. Eventualmente, el equipo de penalistas de la Fundación habrá de ejercer su representación en el fuero penal si es que es requerido, circunstancia que ignoro. Es decir, bajo ningún punto de vista debe defenderse en los medios de comunicación, pero pareciera que se ha ‘farandulizado’ la cuestión, por lo que tenemos que aclarar estas situaciones para evitar que luego se le reproche (en sede administrativa) haber infligido la previsión que manda guardar decoro en la vida pública y privada, aun cuando nada puede cuestionársele a quien es blanco de esas difamaciones y desacreditaciones”.

Consultado el Dr. Godoy por si la disponibilidad aplicada a Casterán se relaciona con la intervención a la Unidad Regional XVII, dijo que: “En principio son circunstancias ignotas para mí, no me constan. Puede ser, no lo sé. Me llama poderosamente la atención que Asuntos Internos tuvo más de un mes para llevar adelante una investigación seria en consecuencia de la denuncia, pero aplicaron todos los mecanismos juntos después de que se supiera por los medios la existencia de la denuncia y en ese aspecto puede que haya precipitado la intervención a la Unidad Regional que venía cocinándose lento desde fines de diciembre. Son lecturas que uno hace con el diario del lunes, pero a ciencia cierta lo único que me consta es que se ha afectado injustamente el honor y la reputación de una persona y se haya ‘dictado veredicto’ antes aun de iniciar una investigación”.

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