CAMBIO DE ERA: El Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Chaco recibe a familiares de policías

Por Hugo Alvarez (*)

Desde la Asociación INOCENTE COLECTIVO afirmaron que el caso es “a todas luces una causa armada”.El próximo 26 de febrero se cumplirán dos años de la muerte de Leandro Bravo, un hombre de 37 años que falleció cuando trabajadores policiales lo trasladaban a un hospital.

Las autopsias fueron determinantes y contundentes, refirieron a una prolongada asepsia en riñones con pus, corazón con secuelas vasculares de vieja data, pulmón de minero, falla multiorgánica y electrolítica que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Luego de una junta médica se reveló que esa fue la causa de muerte de Leandro Bravo.

Aunque todo ello se confirmó de manera razonada y definitiva, en torno a la muerte de Bravo se tejieron las más diversas y alocadas hipótesis, las cuáles nunca tuvieron basamento en evidencia científica.

Un elemento fundamental para que el caso siga en pie fue la participación de Comité Para la Prevención de la Tortura como mecanismo de presión sobre jueces de la Provincia, así como la participación de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Sub Secretaria del mismo rango.

Cómo suele suceder en estás ficciones jurídicas, el marco mediático y social es la puesta en escena donde se repite una y otra vez la des-información que obliga a la sociedad a ver el caso desde una sola óptica, los trabajadores policiales deben ser si o si culpables.

En lucha continua

Iris Noguera, Rosario Sotelo, Fernando Fleitas y Cecilia Diaz son referentes en Chaco de un movimiento nacional y popular que se fue gestando desde la provincia de Santa Fe y logró dar vuelta la causa armada “Casco” para luego comenzar a replicarse en toda la Nación a través de la Asociación Inocente Colectivo.
Este movimiento encarna la defensa del derecho de presunción de inocencia como eje fundamental de toda democracia, y como un principio que no se le puede negar a nadie.

En ese punto, trabajadores policiales, penitenciarios y de fuerzas de seguridad son las víctimas elegidas por pseudo Asociaciones que instalaron el falso relato de ser “organizaciones de Derechos Humanos”.

En Chaco, Iris, Fernando, Cecilia y Rosario junto a familiares y compañeros han realizado múltiples actividades que van desde encadenarse a la casa de gobierno, marchar y concentrar en diversos edificios judiciales hasta llegar a las puertas del Congreso de la Nación el pasado 16 de enero para pedir una audiencia con la Vicepresidente Victoria Villarruel.

Apoyo Político

Jorge Gómez es hoy el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chaco. Lleva una carrera que roza los 30 años en la justicia de esa provincia.

Cómo fiscal tuvo a su cargo la investigación por el crimen de la radióloga Tatiana Kolodziey que propició la creación de la figura penal de femicidio. También formó parte del equipo que investiga el homicidio de Cecilia Strzyzowski que derivó en la estrepitosa caída del "clan Sena".

El pasado jueves, Fernando e Iris a través de la gestión del jefe de policía del Chaco, el señor Fernando Romero, pudieron charlar con el Ministro de Justicia y comentar en profundidad todas las irregularidades que encierra el caso, entre ellas la participación de la Dra. Virginia Creimer quien fue contratada por las querellas.

Sobre esta particular médico itinerante, ya se había informado en diversos portales que cuenta con 12 denuncias por falso testimonio agravado a nivel nacional, además de que en la causa armada Bravo y la causa armada Ponce de León, ejerció sin matrícula que la habilite.

En la charla, además de informar toda la evidencia que confirma la inocencia de los cuatro trabajadores en la causa armada Bravo, se tejieron ideas que propician acercar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hacia una mirada que no excluya a trabajadores policiales, penitenciarios y de fuerzas de los principios consagrados en tratados de Derechos Humanos Internacionales.

(*) Presiodemnte de la Asociacion Civil Inocente Colectivo

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