CÓRDOBA: Cadetes de policía en la calle por una decisión. Necesidad y el tácito reconocimiento de un fracaso

En 2020 se amplió de 14 a 36 meses la formación, después del crimen de Blas Correas en un procedimiento criminal. Desde entonces se “secó” la calle de nuevos policías. Aplausos y advertencias desde tribunales a la nueva medida.

A través de un decreto, el gobernador Martín Llaryora creó el “Programa de prácticas profesionalizantes” en la currícula con que se forman los futuros policías. Salen a la calle 1.500 cadetes de segundo y tercer año, vestidos de policía, con chaleco antibala y con armas Byrna de letalidad reducida. Lo hacen acompañados de instructores porque no tendrán estado policial hasta su egreso. Hasta ahí el anuncio oficial.

La medida llega después de casi cuatro años de una decisión política trascendente que se tomó en el 2020, después del brutal crimen del adolescente Valentino Blas Correas. Lucas Gómez y Javier Alarcón, condenados a prisión perpetua por ese crimen, tenían causas judiciales pendientes por malas actuaciones como policías y Alarcón sumaba otro déficit: no había aprobado la prueba de tiro.

Ante semejante desquicio, el gobierno de Juan Schiaretti amplió de 14 meses a tres años la currícula de formación de los nuevos policías. Por la pandemia todavía había restricciones a la circulación, lo que había aplastado el índice de inseguridad.

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Lo que evidentemente no se mensuró en aquel momento fue el enorme daño colateral que se produciría: durante tres años ni un solo policía ingresó a la fuerza, a contrapelo del sostenido incremento de la inseguridad y a la intervención del nuevo Tribunal de Conducta que no tuvo piedad con las irregularidades que cometían los efectivos. Mientras, robos y hurtos aumentaban incesantemente, no había nuevos efectivos y los que estaban y cometían faltas o delitos eran sancionados con pasivas. No sólo faltaron policías en las calles, tampoco había comisionados en las fiscalías para investigar. Eso perduró durante todo el 2021, 2022 y 2023.

Jefe de la policía de Córdoba junto al Gobernador y el ministro de Seguridad

Recién en diciembre pasado ingresaron unos 700 hombres a la fuerza después de tres años de híper formación. Increíblemente una mujer de esa camada hoy se encuentra con prisión preventiva. En un procedimiento, a una semana de haber egresado de la escuela de policía, no supo qué hacer y disparó con una escopeta a la madre de un joven que protestaba en un control policial. La hirió con el arma de fuego y algo peor: después, esa policía y su dupla mintieron sobre cómo sucedió el episodio. Ambos afrontan graves cargos: lesiones graves, vejaciones, detención ilegal y falsedad ideológica.

En este contexto, la decisión actual del gobernador Llaryora y de su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, es un viraje que permite como lectura el contexto marcado hasta acá. El tácito reconocimiento -nadie lo dirá en voz alta- del error de haber “secado” la fuerza privándola de nuevos ingresos entre el 2020 y el 2023, con la consecuente merma no sólo numérica sino en efectividad en el combate de la inseguridad.

La necesidad imperiosa de mostrar acción. 1500 más hombres de azul -aún sin estado policial- con armas de letalidad reducida como las Byrna, más móviles policiales y un pedido reiterado del gobernador para que la Nación mande Gendarmería y fuerzas federales para combatir al narco en territorio cordobés.

A esta hora se sucede un operativo saturación con más de 100 policías de diferentes brigadas que permite la detención de imputados prófugos por causas de violencia familiar y de género de las seis Fiscalías del Fuero especial. Un botón de muestra del volantazo que acaba de producirse.

En un informe publicado por Perfil Córdoba en febrero pasado que adelantaba la implementación de recursos tecnológicos más las armas no letales para sumar poder de acción a las fuerzas de seguridad provinciales, el ministro Quinteros fue consultado sobre si la híper formación de tres años de la escuela de policía había dado resultados. “Más tiempo no es sinónimo de mayor capacitación”, respondió.

La prematura salida a la calle para “prácticas profesionales” de los cadetes puede ser leída como la admisión de todos los daños colaterales sufridos estos años y una muestra de proactividad ante la percepción de inseguridad que viven los ciudadanos.

Pulgar para arriba desde Tribunales
En Tribunales hay total apoyo a la iniciativa. En estos últimos años los fiscales de Instrucción padecieron la falta de policías. Hoy, ven con buenos ojos la inyección de aspirantes porque no sólo se necesita más presencia, aunque sea solamente disuasiva, de hombres de azul en las calles; sino también garantías de que un agente que se incorpora a la fuerza sabrá qué hacer ante una situación de conflicto.

No son pocos los casos en que fiscales y jueces vieron de primera mano la inexperiencia policial.

Con la misma intensidad con que aplauden la decisión de que vivan en la calle lo que aprendieron en la escuela, lanzan una advertencia: la garantía de éxito de la experiencia la dará la presencia real de instructores al lado de cada cadete.

Desde la academia, profesores de Derecho ya alertaron sobre la “vulnerabilidad” de los estudiantes o aspirantes en caso de que una situación conflictiva se desborde. Si les toca enfrentar a delincuentes armados estarán indefensos por la desproporción de una pistola con balas de plomo y una Byrna que apenas lastima.

Acto de presentación de los cadetes y los móviles

La precisión quirúrgica y la inteligencia con que la Plana Mayor policial organice la distribución de hombres y mujeres cadetes, sin estado policial, dirá con el tiempo si la decisión fue o no acertada.

A LA CALLE. Con el argumento de “prácticas profesionales” la Provincia apura la presencia de 1.500 cadetes que egresarán este año y el próximo en los patrullajes.