10 BIS: “Hay orden que llevemos cupo diario de gente a las comisarías”

Esta situación que violenta las garantías no solo de los ciudadanos sin de la intervención legal de los policías es denunciada por nuestros camaradas. APROPOL RECLAMA ÓRDENES ESCRITAS Y EL CESE DE ESTA MODALIDAD.

En efecto se establecen de manera “informal” (verbal) la cuestión de “llevar por 10 bis” una determinada cantidad de personas en controles rutinarios. Esto además d ilegal por cuanto de manera excepcional se puede aplicar este recurso legal es también un factor de inseguridad para las dependencias (Comisarías) llenas de presos en su gran mayoría y que tampoco no dispone de personal necesario ni de instalaciones para albergar semejante saturación de detenidos.

Si se pudo establecer a través de medios capitalinos que “Este lunes, el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que se bajó la orden a los efectivos policiales de incrementar los controles de averiguación de antecedentes”

Siempre se tuvo la idea operativa de trabajar “a criterio” en la aplicación de este recurso legal que ha venido sufriendo mermas en cuanto a su aplicación como así a los plazos y modalidad de la misma. Esta nueva avanzada sobre las libertades individuales “para hacer estadísticas” seguramente va a traer problemas legales y de seguridad propia para el personal por cuanto debe cesar su aplicación en estas condiciones.

FALLO JUDICIAL

Las críticas a esta práctica de incrementar la averiguación de antecedentes se sucedieron en 2013 por parte del entonces juez de Instrucción N° 3 de los Tribunales de Rosario, Luis María Caterina que no obstante declarar la ley 11.516 –que autoriza esta práctica policial– como constitucional expresó que: “...la norma es razonable y respeta la Constitución nacional y los pactos internacionales asumidos por la Argentina, siempre y cuando se aplique tal como la ley lo establece y no como se está haciendo en estos tiempos, cuando se ha generalizado (de acuerdo a estadísticas que el juez tuvo en cuenta) la detención de ciudadanos "al voleo" o por simple "portación de cara"…” dijo.

También ordenó al Poder Ejecutivo que “...en un plazo de cinco días instruya al personal policial que solo podrá restringir la libertad personal cuando hubiere “... sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho lícito ...”, artículo 10 bis, incorporado por ley 11.516 a la ley orgánica de la policía de la provincia de Santa Fe (la N° 7395)...”

Asimismo el juez ordenó al Poder Ejecutivo que haga saber al personal policial que no puede proceder a la detención sin orden judicial (en los términos del mencionado artículo 10 bis) fundándolo en manifestaciones genéricas o imprecisas (particularmente la llamada “averiguación de antecedentes”), que no puedan justificarse debidamente.

Además Catterina argumentó que “...en todos los casos la detención que se produzca debe fundarse en referencias concretas y comprobables de las cuales el funcionario policial pueda dar razón y responsabilizarse, en su caso con la debida noticia judicial en los términos de las leyes en vigencia…”

CADA UNO EN LO SUYO

Un gobernador o un ministro no son policías ni necesariamente deben conocer la forma de trabajo de los mismos por cuanto deben dedicarse a gobernar y no simular estar a lo bukele arriba del patrullero que no conocen.

VOCES

Ya algunas voces de alarma se encendieron en la legislatura y seguramente lo harán en la justicia que como es de costumbre avanzarán con cuestionamientos a los policías confirmando que siempre la cadena se corta por el eslabón más débil.

¡Hay que abrir los ojos y entender que las órdenes ilegales deben cuestionarse!

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