Son las cifras que figuran en algunas de las facturas presentadas por los afiliados que pagaron de su bolsillo la práctica profesional. El monto promedio de las solicitudes es de 440 mil pesos.
Por Gustavo Castro
La decisión de anestesistas rosarinos de cobrarles sus honorarios a los afiliados al Iapos y que sean ellos quienes luego soliciten el reintegro a la obra social provincial derivó en la presentación de unas 100 facturas por montos que, en algunos casos, superan el millón de pesos.
Así surge de información interna del Instituto, a la que accedió AIRE, que resulta reveladora para identificar el contorno del conflicto, que explotó hace dos semanas en Rosario y por ahora queda circunscripto a ese distrito. Según estos datos de Iapos, al jueves pasado se habían presentado 95 pedidos de reintegro por parte de afiliados que habían pagado de su bolsillo por prácticas de anestesiología. El monto promedio de las solicitudes es de 440 mil pesos, pero hay al menos 6 facturas superiores al millón de pesos cada una.
“Hay un nomenclador de prácticas en función de las cuales distintos procedimientos pueden tener distintos montos. No es lo mismo una cirugía cardiovascular, un trasplante hepático que una endoscopía o algún procedimiento ambulatorio. Se entiende que los procedimientos más complejos sean más onerosos”, justificó días atrás Bruno Lomónaco, presidente de la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA), en declaraciones periodísticas.
Cuando se conoció la determinación de los anestesistas rosarinos, el ministro de Economía Pablo Olivares, quien tiene a su cargo la gestión administrativa de la obra social provincial, manifestó “una profunda preocupación” y advirtió que “los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios, el Iapos no tiene contrato con ellos, sino que el contrato que realiza la obra social es a través de gerenciadoras, que procuran la prestación de sanatorios. Lo que estamos viendo con profunda preocupación es que lo que está sucediendo con el Iapos es meramente un síntoma, la punta del iceberg, que parte de esos recursos humanos han salido de control de sus patrones y están comenzando a pedir honorarios al afiliado”.
“Esto se debe a que el Iapos es una institución de referencia para después realizarlo con las demás obras sociales, por una cuestión de Estado público y por una cuestión de volumen. El afiliado no tiene por qué pagar algo que ya Iapos está pagando a los empleadores de los anestesiólogos. La preocupación es que si este síntoma expresa que los patrones han perdido el control de sus recursos humanos (que le facturan a cualquiera de sus pacientes), ¿qué nivel de control va a tener el quirófano donde se va a entrar?”, sacudió el funcionario. Luego, Olivares sentenció que “el afiliado no tiene por qué pagar. Pero aclaramos que, en primer lugar, si por alguna razón se ve coaccionado a pagar, ese dinero va a ser reintegrado y ese monto va a ser debitado de la correspondiente gerenciadora porque es parte de lo que ya se está pagando”.
Y aseveró: “el Estado va a tomar medidas. La Asociación de Anestesiólogos de Rosario no tiene competencia para establecer aranceles, hemos analizado los estatutos, es una competencia del Colegio de Médicos. Lo que ha acontecido es que a lo largo de un tiempo ha sustraído de hecho las facultades para generar la oferta, es decir, los cupos de formación de anestesiólogo están siendo gestionada exclusivamente por los propios anestesiólogos. Eso ha regulado la oferta, han hecho acuerdos con anestesiólogos de otras provincias para que no puedan venir a prestar servicio aquí y que ni los de acá pueden prestar en otras provincias. Esto ha generado una cartelización con control del territorio. Esto está significando una presión en los aranceles de los sanatorios, que han tenido un incremento de esos aranceles de más de 500% en un año”.
Finalmente, el ministro aseguró que “desde el Iapos vamos a seguir muy de cerca esta situación. Sabemos que una cirugía que se tiene que reprogramar implica un riesgo, si por alguna razón algún afiliado tiene una alguna contingencia, el Iapos va a ser querellante ante esa situación y, por supuesto, vamos a propiciar las denuncias que correspondan. Desde el Iapos vamos a ser querellantes para que, si en alguna situación se configura alguna tipificación penal, podamos acompañar”.
Ante estas expresiones de Olivares, el presidente de ARA argumentó que “había que hacer algo a partir de un atraso muy importante en el cobro de los aranceles de febrero” y posteriormente intentó bajar el tono del conflicto, al señalar que “comparte la preocupación del ministro por la situación, pero somos optimistas de que alguna voz autorizada pueda interceder para que se normalice el cobro de las prestaciones”. Una fuente oficial sintetizó a AIRE el estado de situación: “Por ahora bajó el perfil y la intensidad del conflicto. Pero todo el sistema de salud de obras sociales está desmadrado”.
Fuente: Aire de Santa Fe
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