El gobierno de Unidos avanza en la instalación de su propia SIDE provincial. La impulsan en un contexto de descontrol institucional y convocan a personajes nefastos para su construcción. Te contamos quienes son.
Por Alberto Martínez
Sobre fines de diciembre último la coalición de UNIDOS avanzó con su mayoría automática en la Legislatura Provincial y obtuvo sin mayores inconvenientes la Ley Nº 14246 para la creación de un “SISTEMA DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO”. Esto se da en medio de la irresuelta causa (a mi entender pisada) donde se estableció claramente la existencia de una red de delincuentes (la mayoría funcionarios públicos) que con el claro aval tácito de Omar Perotti se dedicaron a espiar ilegalmente y armar causas a ciudadanos indefensos en vez de cuidarlos. Esta organización tenía una estructura de conducción central en el interior del Poder Ejecutivo pero además tenía respectivas “patas” policial, judicial y mediática de las cuales nos venimos refiriendo desde hace años.
DELITOS COMPLEJOS
Recordemos que durante la etapa de esplendor del “narco-socialismo” se avanzó en una estructura ministerial que fue la extinta “Secretaría de Delitos Complejos” que encabezó la Comisario (R ) Ana Viglione que debió renunciar y desmantelar ese engendro luego de que se conocieran las filtraciones de sus subordinados que proveían información sensible a la banda narco “Los Monos”.
CARTA BLANCA
Paralelamente a esta ley de inteligencia se avanzaba en otro escandaloso paso que fue darle mas “fierros” a los mismos fiscales que suman cuestionamientos éticos y legales vulnerando las garantías individuales y participando de una maraña de hechos delictivos. Recordemos también que por ejemplo en Rosario se ha llevado puesto a dos fiscales regionales (la última esta semana la Dra. Iribarren que huye a una jubilación acorralada por estos escándalos junto a Edery y Schiappa Pietra). Por esta semana la amiguita del fiscal Edery (Mariana Ortigala) confeso en sede judicial que estos funcionarios estaban al tanto de sus actividades de extorsión a cuenta y orden de esa banda narco. Con este engendro legal esos mismos fiscales “te pueden poner en la ganchera colgados (detenidos) 30 días” nos comentan los mismos abogados indignados en el Foro. Recordemos que ahora el Código Procesal Penal de Santa Fe (CPPSF) la detención se puede extender hasta por 30 días, sin necesidad de formalizar cargos amén del uso de cuasi tortura del instituto de la “Prisión Preventiva” y su confesión a través del “abreviado”.
RAZZIAS
Por estos días y tal cual sucede desde la “PlanDemia” reciente se han establecido cupos de detenidos “por portación de caras” (10 Bis) y cupos de motos y automóviles secuestrados al personal policial al que empujan a una flagrante ilegalidad de imprevisibles consecuencias no solo legales sino sociales debido a que muchas veces en comunidades pequeñas deben actuar contra sus vecinos. Esta actividad no solo fue reconocida por el ministro Cococcioni ante medios de prensa sino además azuzada por el propio gobernador que reclamó una “policía dura”.
Todo indica que el rumbo que adopta no sólo la gestión actual sino la estructura misma del Estado Provincial es en dirección a dejar al menos en segundo plano la cuestión de la legalidad misma enancándose en la cuestión de la inseguridad mientras según apuntan distintos sectores “pactan” vista gorda por baja de violencia con las mismas bandas que dicen combatir.
ESPÍAS CHATAFESINOS
En este contexto avanzan por orden y dependencia directa del mismo Ministro de Seguridad y Justicia (Cococcini) en la instauración de una Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) dentro de lo que en la “Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito” que establece las “bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”.
En ella se dice que alcanzará la “producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública”.
Las partidas presupuestarias “serán públicas” aunque contempla que “podrán mantener carácter reservado” (GUIÑO GUIÑO) los fondos que sean necesarios para las actividades de inteligencia y “cuya publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Todo el marco normativo estará bajo control de la Legislatura mediante una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, compuesta por cinco diputados y cinco senadores, en la que estarán representados los diversos sectores políticos.
SIN CONTROL
Acá está otro de los temas más urticantes y es que al menos hasta el momento no se conoce la creación de esa “Bicameral” es decir que están trabajando a full pero no hay y creo que por largo tiempo no lo habrá ese órgano que garantice la vigencia de la ley y prevea su violación oportunamente. Pullaro promulgó la norma con el Decreto N° 0206 y ahora tiene 90 días para aplicar el protocolo de actuación que está en marcha.
OPERADORES
Para esa etapa organizativa ya se han comenzado las tareas previas con reuniones donde comienzan a aparecer los mentores de esto entre los cuales se destaca la de Ana “La Chocha” Viglione (recordemos su paso por la Secretaria de Delitos Completos con debut y despedida incluida) que congrega a una pléyade de espías vernáculos entre los cuales se destaca el comisario Maximiliano Bertolotti (que tributa a Marcelo “La Picante” Saín) y otra treintena de personajes de su entorno de los cuales se desconocen más detalles de operaciones pero si que “están a órdenes directas de Cococcioni). Se sospecha que personal, tiempo y recursos son desviados a tareas inconfesables. Aunque en tándem con las TOE participan de algún que otro trabajo para “hacer estadística” y disimular.
FIERROS
Otra de las cuestiones en danza son la acelerada instalación en dos cabeceras (Santa Fe y Rosario) de equipamiento electrónico para espionaje en especial de teléfonos e Internet que al inicio de la gestión admitió su compra en EEUU cuando visitó ese país y que seguramente sello con la presencia del embajador de ese país en la capital provincial y la innegable presencia de agentes de la DEA en la región. Más allá del avance evidente la cuestión es ¿quien garantiza el correcto uso de estos recursos? ¡Y allí comienza a cobrar vuelo el contexto detallado y en especial los jugadores que aparecen en la cancha!.
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