Tras la protesta policial que tuvo en vilo al país en el mes de mayo, el Gobierno provincial desplegó su estrategia para evitar que la manifestación ocurra nuevamente y para eso apeló a herramientas legales que para algunos están en tela de juicio.
Por Juan Gutiérrez
Matías Orrego, hermano de uno de los policías detenido y acusados de “sedición” y “conspiración” contra el Gobierno provincial, denunció irregularidades en la causa: “Es una persecución”, afirma.
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El caso de los siete policías de Misiones implicados en una investigación por supuesta “sedición” y “conspiración” involucra al sargento Joaquín Orrego, hermano de Matías, y también a Diego Correa, Adolfo Guirula, Elías Coutto, Iván y Ramón Arrieta.
Todos permanecen detenidos desde hace varios días en la Comisaría 2ª de Posadas; mientras que el referente de la protesta, el suboficial retirado Ramón Amarilla, está alojado en la Unidad Penal de Cerro Azul, el mismo lugar donde llevaron a Germán Kiczka.
Orrego sostiene que hasta la expulsión de la Policía que padeció su hermano es irregular.
El hermano del sargento Joaquín Alejandro Orrego compartió detalles sobre esta situación en diálogo con Plan B.
Joaquín Orrego fue detenido el pasado 18 de septiembre, acusado de intentar conspirar contra el Gobierno provincial a través de mensajes en un grupo de WhatsApp.
Según Matías, la detención se llevó a cabo de manera irregular y sin pruebas concluyentes. “Cuando trajeron el decreto, ni siquiera tenía la firma del Gobernador, y hasta el día de hoy no está publicado en el Boletín Oficial”, explicó.
“Mi hermano está detenido por mensajes que envió en un grupo de delegados, y lo acusan de formar parte de un grupo de WhatsApp llamado ‘Solo Cola’, del cual él ni siquiera formaba parte”, afirmó.
El hombre, de profesión docente, mencionó que la detención de Joaquín se realizó mientras éste se encontraba trabajando en Jardín América, como parte de una operación en la Brigada de Inteligencia de dicha localidad.
“Estaban realizando tareas de inteligencia sobre unas motos robadas que iban a ser cruzadas a Paraguay cuando lo llamaron para notificarle su detención. Fue incomunicado por más de 24 horas, y ni siquiera el abogado pudo verlo hasta el día siguiente”, relató Matías.
¿Irregularidades en el proceso judicial?
Una de las mayores preocupaciones de la familia Orrego es el manejo del proceso judicial. Según Matías, el Juez de Instrucción N° 3 a cargo de la causa, Fernando Verón, ya cuenta con las pruebas necesarias para resolver el caso, pero aún no se ha expedido.
“El viernes 4 de octubre ya recibieron los informes de las pericias sobre los grupos de WhatsApp y los celulares secuestrados. A mi hermano lo están manteniendo detenido sin ninguna prueba que justifique su arresto. Todo esto que hablan de sedición y conspiración no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.
La familia también cuestiona la manera en que se notificó la expulsión de la Policía.
“Nos notificaron de la expulsión de Joaquín con un decreto que no tiene la firma del Gobernador, y hasta hoy no ha salido en el Boletín Oficial. Mientras tanto, en Recursos Humanos de la Policía aún figura como personal activo”, denunció Matías.
Sin embargo, a pesar de estar técnicamente en actividad, Joaquín y los otros policías detenidos no cobraron sus salarios correspondientes al mes de septiembre. “Ni siquiera les pagaron los días que trabajaron antes de ser detenidos”, agregó. (VER NOTA: "MISIONES: Un muestra más de la violación de los derechos humanos de los policías").
“Es una persecución política”
Para la familia Orrego, la detención de Joaquín forma parte de una estrategia para intimidar a otros policías y evitar que reclamen por sus derechos.
“Creemos que esto es una persecución política. Quieren meter miedo a los demás policías para que no se levanten. Y lo lograron, porque todos los camaradas ahora tienen miedo”, expresó Matías con indignación. (VER NOTA: "MISIONES: El defensor de Amarilla sostiene que la justicia es manejada por el gobierno").
La situación tuvo un gran impacto en la familia, que reside en Santo Pipó y debe viajar diariamente a Posadas para seguir de cerca el proceso judicial. “Es un gasto enorme para nosotros, además del desgaste emocional que estamos sufriendo. Mi hermano está detenido sin motivo, y la justicia deja mucho que desear”, lamentó Matías.
A pesar de la frustración y el cansancio, la familia Orrego mantiene la esperanza de que se haga justicia. “Queremos creer que esto se va a arreglar, que Joaquín va a recuperar su libertad y que todo este proceso ilegal quedará en evidencia”, concluyó Matías. Mientras tanto, continúan a la espera de que el juez Verón se pronuncie y ordene la liberación de Joaquín y de los otros policías detenidos.
Plan B/ 8-10-2024
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