MISIONES: Policías reclaman por cesantías y retención de haberes ilegales por causas gremiales

Elevaron al Superior Tribunal de Justicia el pedido de nulidad del decreto que expulsa a ex policías de las fuerzas.

En paralelo a la causa penal que los investiga por presunta sedición.

El recurso de amparo laboral, presentado en octubre por los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes, pasó a manos de la máxima autoridad de la Justicia misionera que deberá determinar si el decreto provincial, por el cual el referente Ramón Amarilla y otros siete expolicías fueron apartados de sus cargos en la fuerza provincial, fue legítimo

Mientras Ramón Amarilla, Diego Correa y otros seis ex policías continúan detenidos por la causa penal que los investiga por presunta conspiración para tomar la Jefatura de la Policía, hubo recientes novedades en la causa administrativa que iniciaron meses atrás. Los abogados laboralistas Roxana Rivas y Eduardo Paredes presentaron un recurso extraordinario al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que se expida respecto al decreto provincial por el cual los uniformados fueron cesanteados de sus puestos de trabajo y, por ende, suspendidos del cobro de sus salarios.

La medida judicial se presentó formalmente al STJ el lunes de la semana pasada. En esa línea, Rivas, en comunicación con Radio Up, pronosticó que “seguramente también será rechazado, pero eso nos permitirá ir a la instancia federal”.

En ese caso, anticipó, “iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” con la causa laboral contra los ocho ex policías que fueron partícipes del acampe por reclamos salariales que tuvo lugar en mayo de este año. Se trata de Ramón Amarilla, Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Ezequiel y Ramón Arrieta; Lisandro Quinteros, Joaquin Orrego y Adolfo Guirula, actualmente detenidos y acusados por sedición e intento de levantamiento contra la cúpula policial.

Sobre el procedimiento judicial en el fuero local, la letrada recordó que el recurso de amparo exigiendo la nulidad del decreto provincial 2024/24 se presentó el 14 de octubre ante el Juzgado Laboral 2 de Posadas, que lo rechazó casi de inmediato. “Hubo un rechazo in limine del recurso minutos después de que lo elevamos al sistema, ni siquiera lo vio el fiscal” explicó Rivas con indignación, alegando que “no se cumplió el proceso normal para este tipo de recursos”.

Ante esto, los abogados apelaron pero la medida fue rechazada también por la Cámara de Apelaciones. Fue tras conocerse esto que se tomó la decisión conjunta de elevar el amparo al STJ. Aunque, reconoció Rivas, sin expectativas de que fallen a favor de los uniformados.

“Esperábamos que pase algo como esto, pero queríamos agotar las vías institucionales locales”, argumentó la abogada laboralista. Uno de los planteos que sintetiza el recurso de amparo, según ella y Paredes, es que la situación de los uniformados se definió sin la debida división de los poderes provinciales ni la imparcialidad en la toma de decisión.

En ese sentido, discutió que “los agentes de policías no tuvieron ninguna garantía constitucional del debido proceso ni imparcialidad, porque todo el proceso (de cesantía) se hace en un acto mancomunado entre todos los poderes, incluida la presidenta del Poder Judicial”. Allí se refirió a la escena en la que el gobernador Hugo Passalacqua anunció la destitución de los ocho expolicías, acompañado de representantes de todos los poderes provinciales.

Es que en la conferencia de prensa que brindó en septiembre, el mandatario se presentó junto al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, agentes de las fuerzas policiales y representantes de la Legislatura. Y también con la presidenta del Poder Judicial, Rossana Pía Venchiarutti.

En esa línea, Rivas observó que “hubo una pre opinión del Poder Judicial antes de analizar el decreto provincial”. A lo que seguidamente consideró como “necesario salir de las instancias locales, porque vemos dudoso que la Justicia provincial no va a actuar de forma independiente”.

Rivas concluyó refiriéndose al escenario en el que se encuentran los expolicías y sus familias, que vieron cesados sus haberes y los beneficios de la obra social desde el mes de septiembre. Sobre esto, la abogada aclaró que “la cesantía no implica que estén totalmente apartados de las fuerzas, no obstante, la situación de estos trabajadores es grave porque ni siquiera cobran lo que la ley dice que les corresponde incluso estando cesantes”.

Ante la falta de salarios, allegados de Ramón Amarilla y sus colegas realizan colectas semanales de víveres y elementos que luego son distribuidas entre las familias de los expolicías.

Causa penal contra policías

Cabe recordar que los uniformados cesanteados atraviesan una causa penal, en paralelo al expediente administrativo laboral, por estar acusados de coacción, sedición y conspiración por supuesta toma de la Jefatura. Por este hecho, que lo investiga el Juzgado de Instrucción 3 a cargo de Fernando Verón, fueron detenidos formalmente en octubre pasado y permanecen alojados en las unidades penales de Cerro Azul, Loreto y Eldorado.

La medida de la prisión preventiva fue ratificada en noviembre por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Posadas, por lo que continúan tras las rejas, mientras avanzan las averiguaciones.

Las defensas de los ex policías habían apelado la decisión del juez Verón, argumentando sobre la falta de pruebas, la violación del principio de inocencia y la desproporcionalidad de la medida. Aunque los camaristas Marisa Ruth Dilaccio y José Alberto López desestimaron estos argumentos y consideraron que la prisión preventiva está justificada por la gravedad de los hechos, la posibilidad de que los imputados entorpezcan la investigación y el peligro de fuga.

El supuesto intento de desestabilización llegó a manos de la Justicia provincial luego de la detención del suboficial Diego Correa, quien mantendría una estrecha relación con esta organización, que según se desprende de la investigación, tendría firmes intenciones de inestabilizar la institución policial.

Fuente: El Territorio

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