Se da de manera explícita y según nuestras fuentes responde a una directiva “en personal del propio gobernador” en las reunión de los sábados en la sede local de la gobernación . AUSENCIA TOTAL DE RESPUESTAS DE ASUNTOS INTERNOS ANTE LAS DENUNCIAS.
Personal policial que presta servicios en esta zona nos confían los siguiente: “...Buenas tardes, quería ponerlos en conocimiento respecto a los traslados de personas por artículo 10 bis….” y agregan: “…Nos obligan a llevar a cualquier persona sin importar circunstancias y motivos, llevándonos al personal a caer en una falsificación ideológica, debido a que el 10 bis tiene que ser justificado mediante una "actitud sospechosa" lo que lleva a que el personal tenga que inventar, lo que nos puede traer consecuencias penales. Dando los jefes este tipo de órdenes que se consideran improcedentes, si no hacemos lo que solicitan somos castigados con recargos, esto lleva a que el personal tema por éste y otro tipo de represalias. Nos gustaría que esto tome visibilidad y estado público…”.
Está claro que el diseño de este plan de seguridad está basado en la ilegalidad que se ve por ejemplo en estas órdenes y en exponer legalmente al personal policial con órdenes no escritas que mañana serán negadas por quienes las dan verbalmente. La ausencia de control está claro se debe a que son decisiones políticas del más alto nivel. La inacción judicial también.
RECOMENDACIÓN
Ante una orden ilegal hacerle saber a quien la emite de lo que esta realizando y de su voluntad de reclamar por ello. Inmediatamente con los medios de prueba (ordenes escritas, etc) que se disponga hacer la denuncia ante la fiscalía en turno solicitando certificación de denuncia para posteriores tramites judiciales y/o administrativos. RECOMENDACIÓN NO CONCURRIR A ASUNTOS INTERNOS DADO QUE SE HA COMPROBADO QUE NO HACEN ABSOLUTAMENTE NADA PARA SOLUCIONAR ESTE GRAVE PROBLEMA.
PLAN
La implementación de este tipo de políticas en el marco de la seguridad responde a un modelo de control social extremo que se viene instalando sostenidamente y donde la mentada “inseguridad” es la excusa para llevar a sostener ante la población este tipo de atropellos no solo para el detenido o demorado sino cambien para el policía que es usado como mano de obra barata para violar la ley que juró cumplir y hacer cumplir. En este plan el policía pasa a ser literalmente una fuerza de ocupación del territorio y las consecuencias serán visibles mas rápido de lo que pensamos.
INEFICACIA
Es tal la mentira del gobierno que, más detenidos hay, más delitos se cometen en la capital provincial; eso saldría a la luz con solo dar a conocer la cantidad de detenidos que hacen semanalmente y cuántos de ellos tienen antecedentes. El gobierno solo muestra que se detuvieron por 10 bis 1.000 personas, pero nos dicen que 990 no tenían ningún antecedente; de hecho hay cientos de denuncias contra policías y habeas corpus por estos atropellos dispuestos por el gobierno y que pusilánimes jefes ordenan.
DERECHOS HUMANOS Y LEGISLADORES AUSENTES
Estas situaciones deberían ser abordadas por la Secretaría de Derechos Humanos, con el señor Emilio Jatón a la cabeza, y no solo en pos de las libertades individuales de los ciudadanos; y ponemos más el acento, por lo que es nuestra organización; en la posición que ponen a los trabajadores policiales, quienes son víctimas de salvajes denuncias por cumplir órdenes improcedentes; porque esto de “poner presión para meter gente presa bajo el premio de tener francos”, es lisa y llanamente un delito de quien da esas orden.
También la Legislatura santafesina debe tomar cartas en el asunto, y estudiar de derogar el artículo 10 bis de la Ley Orgánica, que pasó a ser una herramienta de apriete para los policías; y una máquina de encerrar gente para hacer estadísticas de parte de los gobiernos.
¿TE DAS CUENTA PORQUE NO QUIEREN RECONOCER UN SINDICATO QUE TE DEFIENDA?
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