¿Una versión light del "Terrorismo de Estado"?

El gobierno de Axel Kicillof desafectó de la fuerza y denunció penalmente a 18 policías bonaerenses que realizaron una protesta por mejoras salariales en Ituzaingó y Tres de Febrero.

Por Alberto Martínez 

La acusación se basa en el supuesto delito de sedición, ya que la ley impide que los efectivos de seguridad realicen medidas de fuerza. Mientras tanto, el malestar en la Policía Bonaerense crece, con reclamos por salarios insuficientes, condiciones precarias y sanciones a quienes exigen cambios.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, desvinculó y denunció penalmente a 18 policías que realizaron una manifestación exigiendo un aumento del 100% en el salario básico, mejoras en la obra social y mejores condiciones laborales.

Según el gobierno, la protesta constituyó un acto de sedición, ya que la Constitución impide a las fuerzas de seguridad realizar reclamos de carácter sindical (cuestión que no es cierta y es una falacia). La denuncia generó un fuerte rechazo entre los efectivos y sus familias, que ven en esta medida una persecución política y laboral contra quienes alzan la voz.

¿Por qué protestan los policías bonaerenses?

📌 El aumento del 9% es insuficiente: La última paritaria otorgó un 7% en febrero y un 2% en marzo, quedando muy por detrás de la inflación.
📌 Salarios que no cubren el costo de vida: Un agente recién ingresado cobra aproximadamente $600.000, lejos de la canasta básica.
📌 Condiciones laborales deficientes: Falta de uniformes, turnos extenuantes y equipamiento insuficiente.
📌 Mal servicio de obra social (IOMA): Policías exigen acceso a clínicas privadas debido a la mala cobertura.
📌 Pedido de estabilidad y respeto: Exigen que no haya sanciones para quienes reclaman sus derechos.

Desde el Ministerio de Seguridad minimizaron la protesta, asegurando que las convocatorias en redes sociales no tienen gran impacto y recordaron que en el pasado otras movilizaciones no tuvieron gran convocatoria.

El antecedente de 2020 y la amenaza de más sanciones

Esta no es la primera vez que el gobierno bonaerense toma represalias contra efectivos que protestan. En septiembre de 2020, en plena pandemia, 1.200 policías fueron desafectados por participar en una revuelta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos.

En esa ocasión, el gobierno nacional intervino con la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, lo que permitió otorgar mejoras salariales a la fuerza. Sin embargo, muchos de los efectivos que se movilizaron fueron dados de baja y sancionados.

Ahora, el mensaje del gobierno es claro: cualquier efectivo que participe en protestas será expulsado y denunciado penalmente. “Si detectamos un policía fuera de la ley, lo echamos”, sostuvieron fuentes del Ministerio de Seguridad. ¿MÁS TERRORISMO DE ESTADO SIGLO XXI? ¿Y SI BUSCAN SOLUCIONES SERIAS QUE PREVENGAN ESTAS CRISIS REITERADAS?

¿Una persecución a quienes reclaman derechos?

La acusación de sedición contra los policías abre un debate sobre el derecho a reclamar condiciones dignas de trabajo. Aunque la ley impide medidas de fuerza dentro de las fuerzas de seguridad, el Estado tampoco garantiza canales efectivos de diálogo para atender los reclamos de los trabajadores policiales.

📌 ¿Por qué se sanciona a policías que reclaman sueldos dignos?
📌 ¿Por qué el gobierno no abre una instancia de negociación específica para la policía?
📌 ¿Es legítimo expulsar a efectivos sin previo sumario administrativo?

Los policías bonaerenses siguen atados a la paritaria estatal, sin poder negociar de manera independiente sus salarios ni sus condiciones laborales. Esto deja a la fuerza en una situación de desventaja frente a otros sectores, donde existen gremios reconocidos y representación sindical.

Mientras tanto, la inseguridad sigue creciendo

Mientras el conflicto crece, la provincia enfrenta una crisis de seguridad. Con menos efectivos en la calle y un clima de desmotivación dentro de la fuerza, la falta de respuesta a los reclamos policiales podría tener consecuencias directas en la seguridad de los ciudadanos.

Si el gobierno insiste en reprimir en lugar de dialogar, el malestar policial seguirá creciendo y el conflicto podría escalar a un nivel que comprometa la estabilidad de la fuerza y la seguridad pública.

La medida administrativa y la denuncia penal de 18 policías bonaerenses demuestra que el gobierno provincial no está dispuesto a negociar mejoras salariales ni condiciones laborales con la fuerza. El ajuste y la persecución contra quienes reclaman sólo profundizan el conflicto y dejan a la provincia en una situación de mayor inestabilidad. La pregunta es: ¿cómo garantizar la seguridad pública si los propios policías no tienen garantías laborales?

APROPOL Noticias

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