Un nuevo foco de conflicto se abrió en la Policía provincial.
Por Marcos Anglada (*)
Alrededor de 350 ex cadetes ya recibidos, oficialmente designados por decreto y con credencial policial otorgada, no pudieron recibir su arma reglamentaria, chaleco balístico ni uniforme completo al momento de la reciente entrega de equipamiento.
La situación generó desconcierto, indignación y fuerte malestar tanto entre los jóvenes efectivos como en sus familias.
Nombrados formalmente, pero sin apto definitivo
Los agentes figuran en el mismo decreto de nombramiento que el resto de sus compañeros. Tienen legajo administrativo confeccionado y credencial emitida. Sin embargo, no cuentan con el “apto definitivo” firmado por la Dirección de Medicina Legal, lo que bloqueó la entrega del armamento y del equipamiento reglamentario.
Los jóvenes aprobaron todas las instancias académicas, entrevistas y evaluaciones finales exigidas durante los dos años de formación en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) pero la sorpresa llegó después de la designación formal mediante decreto del gobernador.
Según relatan familiares, tras el decreto se habría emitido una nueva nómina citando a parte del grupo para una evaluación adicional, cuyo contenido y alcance no fue comunicado oficialmente.
Viajes a Santa Fe y ausencia de respuestas
Varios de los policías fueron convocados a viajar a la ciudad de Santa Fe para nuevas evaluaciones psicológicas sin que se les explicara claramente el motivo ni los plazos de resolución. (ver nota oficial: https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/285249/ )
Una madre relató que su hija, tras egresar y figurar en el decreto, viajó a retirar sus pertenencias con la expectativa de iniciar funciones plenamente equipadas y regresó sin arma ni chaleco, mientras sus compañeros se formaban uniformados.
La escena, según describen, fue vivida como una situación humillante.
Incertidumbre sobre su situación laboral
El interrogante central es claro: si están nombrados por decreto, ¿Cuál es su situación administrativa real?
No hay hasta el momento información oficial que detalle:
- si están en funciones administrativas transitorias,
- si perciben salario completo,
- si la designación podría quedar condicionada,
- o cuál es el plazo estimado para la resolución definitiva.
La falta de comunicación institucional alimenta la incertidumbre.
¿Problema administrativo o cambio de criterio?
Trascendió además que existirían demoras en la provisión completa de equipamiento por parte de la empresa contratada, lo que habría generado una entrega parcial (otra foto para el relato que trata de esconde improvisación en el mejor de los casos).
Sin embargo, más allá de eventuales demoras logísticas, la cuestión central es la situación psicofísica posterior al decreto. Si los agentes aprobaron los exámenes durante la cursada, egresaron formalmente y fueron designados, la aplicación de una nueva instancia evaluativa exige fundamentos claros y comunicación transparente. Allí apuntan al jefe de Medicina Legal Dr. Zalazar al que señalan como responsable de esta demora.
Otro frente sensible en un contexto delicado
El episodio se produce en un momento particularmente sensible para la institución, tras semanas de conflicto interno, reclamos laborales y debate público sobre condiciones estructurales de trabajo y salud mental.
En ese marco, cualquier decisión administrativa que afecte a centenares de nuevos efectivos requiere precisión, información oficial y canales de explicación institucional.
El silencio, en cambio, amplifica el malestar.
Pedido de información oficial
Desde APROPOL se solicita que el Ministerio de Justicia y Seguridad informe con claridad:
- el fundamento técnico de las nuevas evaluaciones,
- los criterios aplicados,
- la situación administrativa concreta de los 350 agentes,
- y el plazo de resolución.
Cuando se trata de personal ya designado por decreto, la transparencia no es una opción.
Es una obligación.
AMPLIAREMOS
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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