ROSARIO.- Son 13 ex convictos reincidentes condenados por distintos tipos de delitos. El pasado lunes se realizó una inspección ocular en la comisaría séptima la cual confirmó que cometieron falso testimonio agravado. La pena que les corresponde es de 10 años y no excarcelable.
El próximo jueves 26 y viernes 27 declaran en los Tribunales Federales de Rosario un grupo de detenidos que estaban alojados en la comisaría séptima de Rosario durante octubre de 2014, cuando se inició la averiguación de paradero del joven Franco Casco.
El caso -revelado hoy como una emblemática CAUSA ARMADA- giró hacia un encuadre legal grave cuando un grupo de estos convictos realizaron sospechosas declaraciones contra los trabajadores policiales que prestaban servicios en la dependencia.
Se debe destacar que los 33 presos declararon en CUATRO OPORTUNIDADES y no refirieron ninguna acusación a los trabajadores policiales.
En la última de sus declaraciones fueron obligados a concurrir a Fiscalía Federal con una patota de Gendarmería, y allí -sin ningún control por parte de la defensa- se les repreguntó una y otra vez hasta lograr que 13 convictos hicieran confusas y contradictorias declaraciones acusando al personal policial.
LOS ACUSADOS
Pablo A. y Cristian O. son los principales acusados.
El primero un preso reincidente condenado por estafa, tipo penal que requiere la habilidad para el engaño.
Su testimonio fue directamente solicitado por los abogados Salvador Vera y Santiago Bereciartua, llamativamente esta declaración -a exclusivo pedido de la querella- dio pie a la supuesta "perdida de piezas dentales" cuestión que fue controvertida y confirmada como falsa posteriormente.
El segundo, un preso psiquiátrico con un historial de traslados entre el Agudo Avila, Hospital de Oliveros y otros nosocomios mentales.
Pablo A. y Cristián O. están sindicados como los principales acusados, ya que en sus declaraciones no solo se confirmó que mintieron a sabiendas de que lo hacían, sino que también el grado de precisión en sus relatos -aunque contradictorios entre si- mostraron una versión ARMADA Y ACORDADA para perjudicar directamente a personas inocentes.
Cabe destacar que luego de 8 años de investigación no se recabó ni una sola evidencia objetiva que pueda acreditar lo dicho por los ex convictos, llamativamente toda las probanzas van en sentido opuesto y confirman que cometieron el delito de falso testimonio agravado.
EL RESTO DE LOS ACUSADOS
Mariano B., Jorge E., Ariel S., Matias E., Eduardo E., Dario N., Daniel B., Pablo Pereyra., Lucas J., Cristian M. y Anibal C., completan el grupo de acusados.
Sobre todos ellos se pediría inmediata detención ya que el delito que se les atribuye se acreditó definitivamente el pasado lunes y por las condiciones de los acusados (reincidentes con más de una condena) y una pena en expectativa de 10 años (falso testimonio agravado) los riesgos procesales serían elevados.
Ya se confirmó que a dos de estas personas se les dio el beneficio de las "salidas transitorias" y la incumplieron no habiendo regresado al penal donde cumplían condena, permaneciendo hoy día prófugos.
FAMILIARES MARCHARON PARA PEDIR SU LIBERTAD
Familiares y amigos de los policías acusados de asesinar a Franco Casco se movilizaron este martes para pedir por la libertad de los efectivos, debido a que sostienen que no hay pruebas para acusar a los policías. Desde el principio de la causa los efectivos sostienen su inocencia y piden su libertad, ya que cinco de los acusados se encuentran en prisión preventiva desde hace cinco años.
Desde la organización Inocente Colectivo convocaron a una movilización, que comenzó en Oroño y Montevideo y culminó frente a los Tribunales Federales de Oroño al 900.
Hugo Álvarez, hermano del comisario acusado, comentó en diálogo con Conclusión: “Hacemos esta marcha para que los jueces se basen en las pruebas y en la realidad, que ya saben todos los rosarinos, que estos trabajadores policiales son inocentes. Estamos buscando verdad y justicia”.
Al tiempo que denunció que “esta fue una causa armada militante, política y mediática en cierto punto, que formó la opinión pública. Este caso tiene que demostrar que es un proceso injusto, que se está juzgando gente inocente. El fenómeno de las causas armadas está corroyendo nuestro sistema judicial y democrático, necesitamos jueces justos”.
El referente de Inocente Colectivo pidió “empezar a investigar de manera seria e imparcial en qué circunstancias se ahogó Franco, porque su familia es la primera que merece una respuesta. Sabemos que él se retiró de la comisaría y falleció en circunstancias que nunca quisieron investigar”.
Con respecto a la convocatoria a la movilización, dijo: “Le pedimos a la gente que se acerque, que se saque las dudas. Se unieron diferentes organizaciones y gente que se está plantando para decir basta a las causas armadas. La convocatoria fue muy buena, muy amplia”.
“Nuestra esperanza es que el tribunal falle viendo las pruebas, hay inocentes detenidos hace cinco años”, cerró Álvarez.
Según indicaron desde la organización, los 19 policías están siendo injustamente juzgados en el marco de la causa por la muerte de Franco Casco y piden la presencia de la comunidad «para llevar luz y claridad iluminando el camino de la libertad». El juicio por la muerte del joven, en el que están sentados en el banquillo de los acusados 19 policías comenzó el 6 de diciembre pasado y aún se encuentra en trámite.
Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
Fuente: asociacion civil Inocente Colectivo / Conclusión
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