90 días sin cobrar una miseria y encima quieren espiarlos

Mientras el Ministerio de Seguridad no paga becas de $90.000, lanza un protocolo para investigar vínculos familiares de policías y penitenciarios. ¡NO TAN DEMOCRÁTICOS!

Por Marcos Anglada (*)

Hace 90 días que **aspirantes a policías y penitenciarios en la provincia de Santa Fe no cobran una beca básica de apenas $90.000. No hay resolución. No hay actualización. No hay excusa válida.

Pero mientras tanto, el gobierno provincial, por medio de la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, anunció que avanzarán en controles sobre los vínculos familiares, sociales y afectivos de los trabajadores de seguridad.

Sí, leyó bien: no hay plata para pagarles, pero hay tiempo y recursos para espiar a sus familias.

La miseria de siempre, el control de siempre

Los becarios de las fuerzas están cobrando cifras indignas, con más de 3 meses de atraso, sin viáticos formales ni equipamiento adecuado. Muchos de ellos viajan a dedo o caminan kilómetros para asistir a clases y prácticas, mientras en los despachos se firman protocolos de “investigación de entornos” como si estuviéramos en plena Guerra Fría.

“No te pagan, te controlan. No te cuidan, te vigilan. Así funciona este modelo de seguridad de escritorio que se cae a pedazos en la calle.”

¿De qué se trata este nuevo protocolo?

Según informó Rosario3, el Ministerio de Justicia y Seguridad implementará una herramienta para identificar vínculos personales que puedan poner en riesgo la función o la imagen institucional.

Aunque la medida se presenta como necesaria tras casos de filtraciones (como el del 911), en la práctica habilita un sistema de espionaje interno que vulnera derechos constitucionales.

Y la pregunta que nadie responde es: ¿Quién define qué vínculo es riesgoso? ¿Qué controles hay sobre los que controlan? ¿Qué garantías tienen los investigados?

Hipocresía institucional: el caso del jefe perseguido por una amistad

Hace pocos días, el propio gobierno pidió la destitución de un Director de Policía con más de 30 años de servicio, por el simple hecho de haber compartido una promoción con un detenido en una causa judicial. Sin proceso, sin defensa, sin salario. Solo por “tener un vínculo”.

“¿A esto llaman política de seguridad? ¿A destruir carreras y dejar familias sin sustento por un contacto de hace décadas?”

Ya existen mecanismos previos: no hace falta violar derechos

Los informes ambientales previos al ingreso al ISeP han sido históricamente el filtro institucional legítimo para evaluar el entorno del aspirante. Hacerlo después, durante la carrera, como herramienta de vigilancia continua, es una práctica peligrosa que roza lo inconstitucional.

Desde APROPOL lo decimos sin vueltas:

• Pagar becas en tiempo y forma no es un lujo, es una obligación.

• Tratar al trabajador como sospechoso permanente no es prevenir, es perseguir.

• Este modelo de “orden” encubre una política de recorte, desconfianza y maltrato.

La seguridad no se construye con hambre, ni con miedo, ni con vigilancia ideológica.
Se construye con respeto, derechos, formación y justicia.
Y si no entienden eso, lo único que están garantizando es la inseguridad institucional.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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