Inspectores de tránsito y una empleada policial obligan a entregar los teléfonos para revisarlos, violando la privacidad y cometiendo un delito federal.
Por Rubén Pombo (*)
La maniobra, que se repite en operativos conjuntos en Rosario, viola derechos fundamentales. Hay imágenes reservadas del equipo que protagoniza estos procedimientos.
El poder sin ley: revisiones forzadas y sin respaldo judicial
En Rosario, se ha detectado una práctica alarmante que pone en riesgo las garantías constitucionales más básicas: inspectores de tránsito municipales, en connivencia con una empleada policial, obligan a ocupantes de vehículos a entregar sus teléfonos celulares. La maniobra se basa en presunciones arbitrarias de que estarían usando «aplicaciones no autorizadas» para evadir controles, pero no existe ninguna orden judicial que habilite tales inspecciones.
La conducta no solo vulnera el derecho a la privacidad, sino que puede constituir un delito penal grave: violación de correspondencia calificada por el sujeto activo, según el Art. 154 del Código Penal Argentino, cuando se trata de empleados públicos que abusan de su función para acceder a comunicaciones privadas.
Advertencia al personal: esto también es un delito
Desde APROPOL advertimos con claridad: todo agente policial que participe de estos procedimientos está incurriendo en una conducta penalmente reprochable, aun cuando lo haga por «instrucciones» de otro organismo. El abuso de autoridad no se ampara en la obediencia debida cuando vulnera derechos constitucionales.
El artículo 154 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quien, siendo empleado público, se apodere, inspeccione o divulgue correspondencia ajena sin autorización, incluidos dispositivos electrónicos.
Jurisprudencia, doctrina y advertencia a la ciudadanía
Tal como desarrolla el trabajo jurídico de Riquert, Gutiérrez y Radesca, esta figura penal fue considerada históricamente como una de las más graves infracciones contra la libertad. La acción de revisar un teléfono sin orden judicial es equivalente a interceptar una carta, un telegrama o una comunicación digital privada.
La ciudadanía debe saber: nadie está obligado a entregar su celular sin orden judicial. Recomendamos grabar, tomar nota de los nombres y luego efectuar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal o la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Imágenes reservadas y testimonios directos – Rosario – julio 2025
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