En una entrevista publicada por el diario El Litoral, el Director General de Policía de Santa Fe, Daniel Filchel, defendió el nuevo régimen horario 12×36 y afirmó que esta reorganización “mejoró la organización del servicio y redujo el ausentismo”, destacando además una baja en los delitos predatorios y homicidios.
Por Marcos Anglada (*)
Sin embargo, detrás de este discurso oficial hay una realidad que no se dice: el impacto directo y cotidiano sobre miles de policías que deben trasladarse cientos de kilómetros para cumplir sus servicios, muchas veces sin apoyo logístico, sin vivienda cercana al destino y con salarios que no acompañan la exigencia.
La jornada que se estira más allá de las 12 horas
El esquema 12×36 puede funcionar razonablemente en contextos urbanos concentrados, pero en Santa Fe se aplica sobre una fuerza altamente descentralizada y trasladada compulsivamente. Numerosos efectivos cumplen servicio a más de 100 o 200 km de su hogar. El tiempo de viaje —en vehículos propios, colectivos o en condiciones precarias— se suma a la jornada operativa, estirándola a 14, 16 o más horas reales.
A esto se suman los riesgos viales, la fatiga operativa y la pérdida de descanso efectivo. Lo que en el papel aparece como “36 horas de descanso” en realidad se convierte, para muchos, en un ida y vuelta interminable entre su hogar y un destino impuesto.
El gran ausente: el salario
Mientras se habla de reorganización, no se menciona nada sobre salarios.
El haber policial en la provincia sigue rezagado frente a la inflación real y no cubre la canasta básica para muchas familias. Con el régimen 12×36, además, muchos pierden la posibilidad de realizar servicios adicionales, lo que lesiona aún más su economía doméstica.
No hay compensaciones por traslado, kilometraje ni vivienda. Tampoco hay reconocimiento económico específico por este régimen extendido.
Indicadores sin contexto
Filchel sostuvo que los delitos predatorios bajaron un 25 % y los homicidios un 50 % respecto a 2023. Sin embargo, no se aclara metodología, período ni fuentes estadísticas, ni se demuestra que el cambio horario sea la causa directa de esa reducción.
Además, no se miden los costos humanos y laborales: licencias, accidentes, rotación acelerada, conflictos familiares o desmotivación institucional.
Una política horaria no reemplaza una política laboral
La discusión de fondo no es el reloj, sino las condiciones estructurales de trabajo.
Sin salarios dignos, destinos acordes, compensaciones y planificación de carrera, cualquier esquema horario termina siendo una sobrecarga encubierta sobre el trabajador policial.
No hay seguridad sostenible si se construye sobre el agotamiento físico, económico y familiar de quienes la garantizan.
Es indispensable abrir un debate serio con participación del personal policial sobre los efectos reales del 12×36 y no limitarse a slogans estadísticos. Las políticas de seguridad no pueden avanzar a costa de quienes están en la primera línea.
La gente también habla: entre la calle y la desconfianza
Las declaraciones oficiales no circulan en el vacío. Los propios lectores de El Litoral reaccionaron con una mezcla de ironía, escepticismo y reclamos concretos.
“Por favor no se olviden de B° El Pozo, solo tienen que actuar para frenar la inseguridad”, reclamó Pocho Vargas.
“Mientras tanto, en Narnya…”, ironizó Rubén Monje.
“Yo camino 25 minutos por Guadalupe y no veo un solo policía en la calle”, escribió Miguel Martínez, quien relató incluso haber contado once patrulleros estacionados en un mismo punto.
Dante Bongiovani fue más profundo: “A ver si alguna vez se fijan en los recursos humanos. En Rosario se ven a los nuevos policías llegar a la terminal con sus mochilas a cuestas rogando que algún comerciante se las cuide durante la guardia. Ni hablar de los sueldos de miseria que les pagan.”
Otros comentarios aludieron directamente a la precariedad: “Está haciendo Uber para llegar a fin de mes”, señaló Cesar Aimone. “Ni nafta ni balas”, remató Omar Passadore.
Estas voces populares condensan lo que los números oficiales no dicen: problemas estructurales en recursos, salarios, logística y presencia territorial. Mientras las autoridades anuncian reformas “efectivas” y “nuevos modelos”, la ciudadanía percibe ausencia real, improvisación y desgaste visible del personal policial.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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