Razzias 10 bis: una práctica ilegal, ineficaz y peligrosa que expone al personal policial

En las últimas 48 horas, APROPOL ha venido publicando información sensible sobre operativos “10 bis” en la Policía de Acción Táctica. Se trata de procedimientos que rozan la ilegalidad, exponen al personal a riesgos físicos y jurídicos, y reproducen lógicas represivas propias de épocas que creíamos superadas. Esta nota editorial pone las cosas en su lugar.

Por Rubén Pombo

Un método regresivo en pleno siglo XXI

Lo que históricamente se conoció como “averiguación de captura” (10 bis) reaparece hoy en Santa Fe bajo una fachada de modernidad y eficacia, pero en realidad no es ni legal ni recomendable. Se detiene a ciudadanos en verdaderas razzias, en zonas de alta tensión social, donde los vecinos no ven con buenos ojos estos procedimientos.

No se aplican en la Bolsa de Comercio ni en el Jockey Club; se concentran en sectores vulnerables. Como decía San Martín: “ley pareja no es rigurosa”. Aquí, la ley es claramente despareja.

Ineficacia demostrada con datos

Según estadísticas recientes del investigador Máximo Soso (UNL), de 4 000 detenciones realizadas bajo este sistema, solo una correspondió a una persona con captura activa. Es decir: un nivel de eficacia prácticamente nulo, con un altísimo costo operativo, institucional y legal.

Exposición jurídica del personal

Estas prácticas, toleradas por un Poder Judicial y un Legislativo que miran para otro lado, colocan al personal operativo en la línea de fuego. Si algo ocurre durante una detención o un traslado, quien termina pagando es siempre “el eslabón más delgado”: el agente que cumplió órdenes. Ya hay antecedentes de gendarmes y prefectos procesados por hechos similares en otros contextos.

Como ejemplo, la ministra Patricia Bullrich —una de las impulsoras federales de estas medidas— busca hoy fueros como senadora. Sabe que los problemas legales están a la vuelta de la esquina.

Dirigencia policial: entre la obediencia y la desfiguración

En las últimas horas, algunos jefes de la Policía de Acción Táctica reaccionaron a nuestras publicaciones con descalificaciones personales y discursos ante el personal que solo dejan en evidencia su falta de argumentos.

En vez de responder sobre el fondo —la legalidad y legitimidad de los operativos 10 bis— se enfocan en atacar al mensajero. Craso error: el personal sabe perfectamente cuándo le mienten.

Les recordamos que la conducción no se ejerce mintiendo ni sembrando miedo, sino garantizando dos cosas básicas:

1. Cumplimiento de la misión.

2. Bienestar del personal.

No son antagónicas; son complementarias.

El derecho al resguardo de la fuente

Algunos jefes cuestionaron que APROPOL preserve la identidad de quienes informan irregularidades internas. Les aclaramos: el resguardo de la fuente no es una cortesía; es un derecho constitucional y un deber periodístico.

Nunca hemos revelado ni revelaremos identidades. Cada dato es verificado, contrastado con otras fuentes y validado antes de publicarse.

Un llamado claro: organización sindical ya

Si existiera una organización sindical plenamente reconocida, con fueros y prerrogativas legales, estas situaciones podrían abordarse de manera ordenada, legal y transparente.

Mientras tanto, seguimos viendo cómo gobiernos de turno —el actual y los anteriores— reciclan prácticas autoritarias y regresivas. Cambian las caras, pero no el método.

“No es normal volver a ver estas razzias en democracia. No es legal, no es eficaz y no es justo. Y lo que es peor: expone a nuestros camaradas a riesgos graves, mientras los responsables políticos se sacan fotos. Si no se revierte esta práctica de raíz, el día que ocurra una tragedia —y todo indica que ocurrirá— no podrán decir que no estaban advertidos.”

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