Cierran la causa franco Casco

Por Hugo Alvarez (*)

Dejando a un lado el impulso de la causa por la muerte del joven de Florencio Varela y dando un cierre simbólico a la misma, la acusación se centra ahora en buscar algún elemento proveedor de nuevas especulaciones.

Continúa en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario el juicio para intentar esclarecer en qué circunstancias se ahogó Franco Casco en octubre del 2014.

En ese marco y habiendo transcurrido casi treinta audiencias la acusación aún no pudo probar siquiera uno solo de los elementos abstractos con los cuales solicitó que la causa se eleve a juicio.

Si bien en un principio hubo un sinfín de indicios que la fiscalía y los primeros magistrados de instrucción creyeron convincentes, lo cierto es que al momento se elevar a juicio el caso, el total de la causa se basaba únicamente en dos especulaciones: la falta de tres dientes en el cadáver de Franco y el relato de algunos testigos.

Caída libre

En ese orden, la pérdida de dientes se relacionaba con un supuesto "trauma" el cual con mucha imaginación los acusadores situaron en un contexto de "violencia institucional preexistente" sin perjuicio de que no hubiera contra la comisaría y en la gestión del comisario Diego Álvarez ninguna denuncia por "violencia institucional" ni mucho menos contra los sindicados cómo "golpeadores" quienes aportaron un historial de trabajo ejemplar.

Para lograr esto, se tomaron selectivamente once relatos subjetivos y teñidos de parcialidad, para abandonar otros veintidós relatos que se conectaban con elementos objetivos y desincriminantes.

La pieza clave fue el relato de un interno que refirió oír una noche una golpiza, "un golpe seco" y luego "un silencio".

Con este elemento y un informe adulterado para tal fin se sostuvo todo el caso en su faz jurídica.

Al día de la fecha ese testigo reconoció que abogados de la secretaría de Derechos Humanos le consiguieron beneficios a cambio de que acusase a trabajadores policiales.

También reconoció que el abogado de una querella, el Dr. Salvador Vera se reunió con él para actuar en el mismo sentido.
En la faz objetiva y científica, se demostró que esos tres dientes fueron perdidos post mortem, sin perjuicio de que la misma persona que confeccionó el informe "incriminante" afirmó que de haberse producido un "trauma" el mismo fue semanas antes de que Franco pasará por la comisaría séptima.

Abrir el paracaídas

Ante está realidad la acusación no dudó.

Echando mano de un reconocimiento legítimo e impropio (que por tanto deviene en ilegal) se aventuró a pedirle a uno de los internos que purgaba una detención en la comisaría séptima en 2014 que viera en una pantalla las caras de los acusados -quienes fueron expuestos sin personas que tuvieran un parecido similar como lo indican las reglas más básicas en un estado de derecho- y distinguiera cuales eran para él "los buenos" y "los malos".

Quizá el momento más grosero fue cuando el propio presidente del Tribunal el Juez Otmar Paulucci le indicó al testigo que debía decir y a quién debía acusar bajo la siguiente directiva "en su declaración usted refirió que había un petisito que era el Jefe de todos los policías que era pegador. ¿Lo vemos ahí? ¿A ver si lo vemos? Va a haber otra tanda más no solo esta".

La forma de dirigirse al testigo e inducir su declaración provocó que el defensor público Martín Gesino objetara el arcaico y medieval método del juez, que lejos de permitir al testigo que reconociera personas y no "actitudes" le indicó no solo que debía señalar al jefe, sino que además le atribuyó la característica física de ser petiso, el grado de ser el titular de la comisaría y la carga de ser "pegador".

Ante esto se generó una controversia donde todas las defensas se plegaron a la solicitud del Defensor Oficial quien solicitaba que no se contestará a esa pregunta, y la de los acusadores que por el contrario buscaban exactamente una respuesta positiva a lo que el juez Otmar Paulucci preguntaba.

Finalmente el presidente del Tribunal denegó la petición de la defensa y convalidó la pregunta.

Por su puesto el testigo hizo caso al juez y como él se lo indicaba señaló al jefe como "pegador". 

The winner takes it all

En este sentido no es raro que se apunte y se busque señalar a Diego Álvarez.

Es la cara visible de un reclamo continuo e histórico donde por primera vez, un trabajador policial sosteniendo su inocencia y la de sus compañerxs enfrenta a un sistema judicial, político, mediático y social corroído histórica y culturalmente por mecanismos de odio, venganza, desconfianza y condena previa.

Además de sostener su INOCENCIA y la de sus compañerxs desde el primer momento, encontró poco a poco acogida en medios y periodistas que comenzaron a escuchar sus argumentos, los cuales siempre estuvieron sustentados en evidencias científicas y documentales las cuales se basan en hechos concretos y verificables.

Durante sus declaraciones brindó argumentos que no pudieron ser controvertidos ni por la fiscalía ni por las querellas, en ese sentido, ninguno de los abogados acusadores se atrevió siquiera a preguntarle algo ante el evidente temor de quedar en ridículo.
Su templanza durante los ocho años que lleva el proceso y los cinco años de encarcelamiento preventivo hicieron que su reclamo llegara a Washington D.C mediante la denuncia que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cuál en un hecho ampliamente histórico encontró respuesta favorable en menos de un año y medio.

Esta es la clara razón de que a un testigo cuyo reconocimiento y acusación son inverosímiles en torno al caso que se juzga (supuesto secuestro, torturas y muerte en la comisaría de Franco Casco) se le pide que señale al jefe como aquel que "una vez me pegó".

Una acusación que versa sobre supuestos hechos que sucedieron hace más de ocho años, en una comisaría provincial, sobre un preso provincial, a disposición de la justicia provincial y bajo la custodia de policías provinciales, sobre los cuales el testigo jamás hizo una denuncia, y sobre lo cuál, de comprobarse la veracidad de esos dichos debería intervenir la justicia provincial y no un Tribunal Federal.

Claramente "the winner takes all", y en este caso, si la Justicia Federal falla de acuerdo a la prueba y a la realidad que confirma la evidencia, todos los trabajadores policiales deben ser absueltos de culpa y cargo y restituidos en sus puestos.

Asimismo el Estado Argentino y aquellos que participaron en la construcción del caso deben ser sancionados.

Es un perverso juego a todo o nada, donde organismos políticos, sectores militantes, conglomerados mediáticos e interesas económicos pueden hallar un precedente que ponga inicio a un movimiento que acabe por erradicar una maquinaria montada en base al odio, la desconfianza, la venganza y el interés económico por saquear el Estado mediante programas construidos para perseguir, vigilar, culpabilizar y castigar a personas inocentes.

El inicio de ese cambio está ahora en manos de los jueces Otmar Paulucci, Eugenio Martínez y Moisés Vázquez, ellos eligen: JUSTICIA O BARBARIE.

(*) Presidente de la Asociación Civil Inocente Colectivo

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