Razzias 10 bis: cuando la estadística empuja a la ilegalidad

Volvemos sobre un tema que venimos siguiendo hace más de un año y que hoy estalla en las calles de Rosario. Hablamos de los operativos de “razias 10 bis” ordenados políticamente por Pullaro, Cococcioni y Javkin.

Por Alberto Martínez (*)

 El método es viejo: barridos masivos, cupos, presión “por resultados”. El saldo, también viejo: vulneración de derechos para los sectores más frágiles y exposición jurídica y personal para quienes ejecutan las órdenes: policías y empleados municipales.

Lo dijimos y lo repetimos: hacer estadística no es hacer seguridad. Es forzar el Estado de Derecho para fabricar numeritos que luzcan bien en conferencia de prensa. Y cuando estos atajos chocan con la realidad —denuncias, amparos, incidentes con desenlaces indeseados— el hilo se corta por lo más delgado: primero cae el uniformado o el municipal; arriba, el blindaje político es de acero inoxidable.

Mañana, organizaciones sociales y colectivos LGBTI+, junto a personas en situación de calle y otras referencias barriales, marcharán al Concejo Municipal. No es casual. Cuando la ciudad empieza a oler a “control por control”, los primeros en advertirlo son quienes viven la calle, no quienes la planifican desde un Excel.

Lo que está pasando (y por qué está mal)

• Cupos y “10 bis”: órdenes formales e informales —sí, también por WhatsApp y grupos internos— empujan a llenar planillas antes que a cuidar personas.

• Derechos vulnerados: requisas y detenciones sin caso individualizado, foco en población visible y poco protegida.

• Riesgo organizacional: poner a policías y agentes municipales a ejecutar operativos de dudosa legalidad es subirlos a un ring sin casco. Cuando el caso se cae, la firma que queda en el expediente no es la del ministro.

Un mensaje a la tropa (sobre todo a la más joven)

Cuidado. No hay épica en desobedecer la ley para obedecer una planilla. Los políticos no van a cubrirles la espalda cuando pinten las responsabilidades. Quienes peinan canas lo saben: lo que no se debe hacer, no se hace. Si se hace, se asume que las consecuencias son personales.

Un mensaje a las autoridades

Volver a la legalidad no es “ser blando”, es ser serio. La seguridad se construye con inteligencia criminal previa, control focalizado, trazabilidad de decisiones y métricas que midan lo que importa (reducción de daños, resolución de casos, recuperación de territorios), no con “cifras de impacto” que duran un titular y rompen el tejido institucional.

No naturalicemos el atajo

La Argentina ya probó —varias veces— que el atajo punitivo degrada a las instituciones y envenena la convivencia. La Doctrina de la Sospecha Permanente es eso: gobernar por miedo, controlar sin garantías y castigar por anticipado. La salida no es más látigo; es más ley, mejor policía y menos marketing.

Ojalá que la movilización de mañana se exprese con fuerza y en paz, y que el Concejo Municipal esté a la altura para encauzar el reclamo. A los decisores: rectifiquen ahora. A la tropa: no se dejen usar. La seguridad sin legalidad no es seguridad: es un boomerang.

Seguimos el tema. Nos vemos en la próxima.

¡Quién quiera oír que oiga!

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Autor del libro «La Doctrina de la Sospecha Permanente» (2005) donde analiza en profundidad estas cuestiones.

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