SANTA FE: Denuncian que Pullaro espiaba ilegalmente opositores ante que Saín

Juan Lewis, uno de los abogados defensores de los imputados en la causa por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad, planteó que los fiscales Hernández y Jiménez llamaron a determinadas personas con poder para que sean querellantes. Van nueve meses de investigación y hasta ahora no hay un solo imputado. Lewis también dijo que Carlos Arietti tiene fuerte injerencia en esta causa.

Un año después de que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez iniciaran las investigaciones sobre supuestas tareas de espionaje durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, ninguno de los once sospechados fue imputado formalmente y, en el marco de esta causa, se descubrieron tareas de recopilación de datos que se realizaron mientras ese Ministerio era conducido por el actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro.

Así lo reveló el abogado Juan Lewis, quien representa como defensor a la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman; a la jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur, Débora Cotichini; y otros exfuncionarios como Pablo Alvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard.

Según Lewis, en discos rígidos que se habían borrado se detectaron tareas de recopilación de datos sobre el secretario general de UPCN, Jorge Molina, sobre familiares y personas vinculadas laboralmente con él. Esta información se recopiló sin orden judicial durante la gestión de Pullaro en el Ministerio de Seguridad quien, en estos momentos, es querellante en la misma causa. En el programa Ahora Vengo, que conduce Luis Mino por Aire de Santa Fe, Lewis sostuvo que hay fiscales que utilizan este tipo de causas con fines políticos o "para ascender", y mencionó el caso del actual fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, frente al proceso que se iniciará el año próximo para designar a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación. "Estamos hablando de investigaciones que llevan más de un año y no hubo todavía una sola imputación formal a los acusados. Esto no ha privado al MPA de hacer una propaganda en los medios, lesionando la honorabilidad de estas personas que quedan como sospechosas de hechos complicados, pero totalmente estrafalarios", resaltó Lewis. Además, reveló que algunas personas supuestamente investigadas por la recopilación de datos fueron llamadas por los mismos fiscales para que sean querellantes.

- ¿Por qué se demoró tanto tiempo en mostrar los elementos que había en el expediente?

- Yo no puedo decir exactamente cuáles fueron los motivos de los fiscales de sustraerse de esta obligación republicana de mostrar los elementos sobre los que realizan una acusación tan pesada. Pero creo que tiene que ver con el sentido que se le dio a esta causa, que se utiliza en el marco de disputas electorales, o del aprovechamiento de la administración de Justicia para ascender en alguna carrera judicial. Cuando mostraron lo que tenían, se demostró que no hay seriedad ni elementos contundentes. No se puede sostener la acusación de espionaje... No solo lo decimos los defensores, sin varios tribunales, que plantearon que la acusación no reúne los elementos mínimos para esta imputación. - Se dio una situación particular con un disco rígido que había sido borrado. - Dentro de toda esta evidencia colectada, había un disco rígido que demostró que no había ninguna información que comprometiera a los imputados. En cambio, existían algunos archivos que habían sido borrados y pudieron ser recuperados, que daban cuenta de perfiles patrimoniales de personas, armados en 2017 y 2018.

- ¿Quiénes son esas personas?

- Esto surgió por la intención de un sindicalista de ser querellante. Había perfiles (recopilados) que se dirigían a él y a su entorno familiar, por hoteles y diferentes negocios en Santa Fe y otros lugares. Pero esos perfiles eran de 2017 y 2018, cuando estas personas (los imputados) no eran funcionarios públicos. Eran perfiles de Jorge Molina y de otra persona que está al frente de un multimedio. Pero en este caso -el de la persona al frente de un multimedio- fiscales de Rosario dijeron que sí había una causa donde este empresario había sido investigado, pero no fue imputado porque no encontraron evidencias para hacerlo. La recopilación de datos sobre el empresario fue en 2021, pero a pedido de una Fiscalía. En el caso de 2017 y 2018 -el de Jorge Molina- no había ninguna orden judicial. De todos modos, yo no creo que sea espionaje -en el caso de Molina- porque las bases son las mismas que se imputan ahora. Es recopilación de información. Esa recopilación se hizo durante la gestión del diputado Pullaro, que ahora es querellante en esta causa. Cuando él lo hizo no era espionaje. Pero cuando lo hicieron otros es espionaje. 

- ¿Por qué no se le pone punto final a esta causa?

- Porque estas casusas están hechas con otro sentido, que sirven a otros intereses mezquinos, que no tienen nada que ver con la administración de Justicia. Algunos funcionarios se prestan y encaran estas casusas que quedan abiertas durante mucho tiempo con el cuento de que son complejas, y de esa forma se interviene en función de sus intereses. Algunas personas porque quieren neutralizar la figura del exministro Sain, otros quieren neutralizar por completo a exfuncionarios imputados, hay fiscales que buscan trascendencia mediática y pública con vistas al concurso para nombrar nuevas autoridades del MPA en 2023. Y para injerir en el debate político en las elecciones del año que viene. 

- ¿Es el caso del fiscal regional Carlos Arietti?

Exacto... ese es uno de los supuestos.

- Si Arietti tiene esta apetencia por llegar a ser fiscal general, ¿los fiscales Hernández y Jiménez trabajan a favor de Arietti?

- Mariela Jiménez se jubiló, queda Hernández. Hicimos varios planteos por medidas que no se resolvían, hasta que lo llamaban por teléfono a Arietti y él venía en persona. No es una regularidad desde el punto de vista del MPA, porque los fiscales regionales pueden dar instrucciones para ciertas clases de actos, pero esto demuestra el involucramiento de Arietti en esta causa.

- ¿Con la intención de llegar a ocupar el cargo de Jorge Baclini?

- Tal cual... En esta época siempre aparecen estas investigaciones rimbombantes para que algunos fiscales generen propaganda o ciertas presiones al poder político para que sus pliegos marchen sin complicaciones.

- ¿Esta situación no generará una investigación sobre Pullaro?

- Creemos que debería. Si se manejan con la misma vara, deberían investigarlo a Pullaro. Considero que no se trata de espionaje, pero si están investigando esto, en los mismos términos debería ser investigado Pullaro que hoy, además, es querellante. En 2017 y 2018 aparecen estos perfiles hiperdetallados sobre un sindicalista y su entorno, sin orden judicial, pero a los fiscales no se les ocurrió convocarlo a Pullaro. Sí lo hicieron con respecto a mis defendidos y el resto de los imputados, con elementos mucho más débiles. Hay alguna preferencia o formas preferentes, según quién sea el destinatario de la imputación. Parece que elige para que lado se va.

- A Sain la Legislatura lo destituyó por sus actividades políticas. Pero hubo una foto de Jorge Baclini con Pullaro y gente de Juntos por el Cambio. - Hay diferentes formas de reaccionar de acuerdo a quién sea la persona. Esto no es admisible... La aplicación de la ley debe ser igual para todos. No voy a juzgar los hechos, ni los dichos de Sain, ni de Baclini... Pero los encargados de aplicar la ley lo hacen de una forma en un caso, y de otra forma en otro. Eso está a la vista. Deben explicarlo porque en una república se deben dar explicaciones.

- Después de tanto tiempo.  ¿hay novedades sobre la causa?

- En principio no... hasta ahora no ha habido ninguna novedad. Los pasos se deciden desde la Fiscalía, pero no sabemos qué se tienen guardado en la manga. Hasta ahora no ha habido ninguna imputación formal a ninguno de los once imputados.

Los fiscales los llamaron para que sean querellantes

El empresario de medios sobre el que se recopiló información en el marco de una causa judicial es Gustavo Scaglione, uno de los propietarios del Grupo La Capital en Rosario. En este sentido, Lewis sostuvo que junto a otras personas se presentó como querellante "porque quieren ver qué se estaba investigando sobre ellos. El problema no son ellos, sino los fiscales que hicieron algo bastante extraño". El abogado aseguró que los fiscales "fueron llamando a algunas personas que supuestamente fueron espiadas y cuyos nombres les parecieron significativos. Supongo que por el poder o por lo que fuera".

- ¿Los fiscales los llamaron para que se presenten como querellantes?

- Sí. Entonces, estas personas fueron y se presentaron. Ellos mismos lo dijeron en la audiencia.

- ¿Qué se sospechaba supuestamente sobre Molina o Scaglione?

- Ellos no saben. Justamente por eso querían ver la causa. Y allí se dan cuenta que el el caso de Molina era de 2017 y estaban borrados los archivos. Pero cuando se hace la pericia esos archivos aparecen. Ellos fueron convocados y dijeron vamos a ver qué hay. En algunos casos aparece que había causas judiciales que le daban sentido a la investigación, como sucede con Scaglione. Pero cuando se investiga no siempre se termina convocando a imputativa a una persona. A veces se determina que no tiene relación o que no se pueden probar los hechos. Entendemos que no hubo espionaje, sino que se trata de acceso a bases de datos que puede tener cualquier estudio jurídico o empresa financiera, a través de bancos de datos como Gnosis, Sudamericana Data, Google o el Veraz... Si lo puede hacer una empresa o un estudio, por qué no lo puede hacer el Estado.

Fuente: Aire de Santa Fe

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