La docente agraviada por el gobernador Pullaro inicia acciones legales

La docente agraviada por el gobernador Pullaro inicia acciones legales

Yolanda Arriola, docente y periodista de Villa Ocampo, anticipó que iniciará una demanda por injurias contra el gobernador Maximiliano Pullaro tras haber sido públicamente descalificada con la frase “tiene 10 años de carpeta médica”.

Por Marcos Anglada

La defensa invocará su ficha técnica escolar (tareas pasivas) y el régimen docente vigente. El caso se convierte en testigo de un clima institucional enrarecido.

En un mensaje público y luego en declaraciones a medios, Pullaro dijo que Arriola “hace 10 años que no trabaja y cobra el sueldo”. La docente niega esa afirmación, exhibe su condición de tareas pasivas y sostiene que el dicho oficial la deshonra y estigmatiza. Su representación legal prepara una acción por injurias y el reclamo de rectificación.

Lo que dice la documentación

  • Tareas pasivas: Arriola, de 65 años, está afectada a funciones no áulicas conforme su ficha técnica.

  • Régimen de licencias: el tope de licencias no admite una “carpeta médica” de una década; cualquier uso de datos de salud exige prudencia y confidencialidad.

  • Prueba: la defensa aportará constancias de servicio, intervenciones médicas y testimonios institucionales.

La demanda (ejes)

  1. Injurias y daño moral por atribuciones falsas y degradantes.

  2. Afectación de honra y buen nombre profesional.

  3. Reparación: pedido de rectificación pública y indemnización.

  4. Protección de datos sensibles: cuestionamiento al uso de información sanitaria como arma retórica.

Por qué importa

  • Precedente: el expediente Arriola puede fijar límites al discurso agraviante de funcionarios y ordenar estándares sobre datos personales de agentes estatales.

  • Salud democrática: evita que el poder convierta la información en arma contra quien interpela.

  • Docencia y dignidad: reafirma el derecho a preguntar sin ser perseguida ni escarnecida.

Lo que debería suceder

  • Rectificación institucional del agravio.

  • Protocolo de comunicación responsable: prohibición de usar datos de salud y legajos para descalificar.

  • Garantías para el debate público: respeto a quien pregunta, sin estigmas ni operaciones.

Fuente: Datos Duros TV – Norte Obligado

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