En Santa Fe se terminó de consolidar, bajo la conducción de Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni, una verdadera doctrina de trabajo para las fuerzas de seguridad. No está escrita en ningún decreto, pero baja en cada orden de servicio, en cada “cupo” impuesto, en cada operativo armado para la tribuna.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El eje es claro: mostrar poder aunque se violen derechos, naturalizar prácticas similares a las del Proceso Militar (1976/1983) bajo envoltorio democrático y colocar a la policía en el lugar más cómodo para el poder político: como herramienta de control social, no como institución al servicio del pueblo.
De las razzias a los “cupo 10 bis”: el mismo patrón con otro nombre
Antes se llamaban razzias masivas: camiones, detenciones indiscriminadas, humillación en la calle. Hoy, el sistema se “sofisticó”, pero la lógica es idéntica: se usan figuras como el artículo 10 bis (averiguación de identidad) con cupos diarios o semanales, casi como si fueran metas de producción.
No importa tanto si la persona está cometiendo un delito; importa llenar la planilla.
La sospecha deja de ser razonable para convertirse en obligatoria: si el policía no “produce” identificaciones, controles y actas, queda bajo sospecha él mismo.
En términos de Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), es perfecto: el Estado desconfiando del ciudadano y desconfiando de su propio trabajador, todo a la vez.
Cuando el ejemplo viene de arriba: la pedagogía de la humillación
El modelo se refuerza con escenas que el poder político presenta casi como “mensaje ejemplificador”: personas privadas de la libertad desnudas o semidesnudas, hacinadas, fotografiadas, tratando de emular el modelo Bukele.
No es solo un desborde: es un mensaje político.
Se le dice a la sociedad:
“Esto es orden: cuerpos disciplinados, derechos suspendidos, espectáculo punitivo para las redes”.
Y se le dice a la policía:
“Esto es lo que queremos que reproduzcas: mano dura, humillación, cero empatía”.
Lo que no se dice es el costo: esa pedagogía de la humillación baja en cascada y termina habilitando abusos cotidianos en barrios, rutas, comisarías y cárceles.
Catarata hacia abajo: cuando la conducción destruye años de trabajo democrático
Durante años —con avances y retrocesos— se intentó instalar la idea de una policía al servicio del pueblo, con controles civiles, capacitación en derechos humanos, protocolos de actuación, mecanismos de investigación interna más o menos serios.
No era el paraíso, pero había un horizonte:
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menos razzias,
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más procedimientos fundados,
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más discusión sobre abuso policial,
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algún esfuerzo por salir del molde del Proceso.
Esta nueva doctrina de trabajo hace exactamente lo contrario: arrastra todo eso como una catarata, desautoriza silenciosamente el discurso de “policía democrática” y retrocede al modelo del enemigo interno: el joven, el pobre, el que está en la calle, el que no puede defenderse.
El policía atrapado entre el Excel y el escarnio
Paradójicamente, esta doctrina tampoco cuida a la propia tropa.
El policía de calle sabe que:
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si no cumple con los cupo 10 bis,
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si no “mueve” gente,
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si no se alinea con el clima de mano dura,
termina señalado, trasladado, hostigado o aislado.
La conducción política y parte de la jerarquía lo usan como fusible: si algo sale mal, es un efectivo “que se excedió”, nunca una orden, nunca una lógica de trabajo.
Así, el trabajador policial queda encerrado en una trampa: o respeta derechos y se expone a sanciones internas, o entra en la lógica de la sospecha permanente, vulnera garantías y después queda solo cuando llegan los sumarios o las causas penales.
Militarizar la calle, precarizar la ley
La “Doctrina Pullaro–Cococcioni” retoma métodos y mentalidades del Proceso de Reorganización nacional (1976 / 1983), pero con lenguaje aggiornado:
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Antes: razzias “preventivas”.
Hoy: operativos masivos con excusas administrativas. -
Antes: la lógica del subversivo.
Hoy: la lógica del narco, del “sospechoso por portación de cara”, del “pibe de barrio”. -
Antes: represión abierta.
Hoy: normalización de la excepción via reformas legales, protocolos internos y campañas mediáticas.
En los papeles seguimos en democracia. En el trato real hacia la población y el personal de uniforme, la frontera se vuelve cada vez más difusa.
De la policía ciudadana a la policía maquinaria
Todo esto choca de frente con la idea de una policía como institución ciudadana: cercana, regulada, controlada democráticamente, que responde a la ley y no al capricho de tal o cual ministro.
La doctrina actual la convierte en maquinaria de ejecución: un instrumento que se activa cuando la política necesita mostrar “resultados” rápidos, sin importar si eso contradice tratados, constituciones o años de construcción institucional.
Para la Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), este escenario es ideal:
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se consolidan mecanismos de vigilancia dirigidos hacia abajo;
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se debilita la confianza entre policía y comunidad;
-
se refuerza la idea de que la seguridad sólo existe a costa de derechos.
Lo que está en juego: no solo derechos, también futuro institucional
Lo más grave no es solamente la violación de derechos hoy —que ya sería suficiente para escándalo permanente—, sino el mensaje a futuro:
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se desmoraliza al personal que cree en una policía distinta;
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se desalienta cualquier intento de sindicalización, control ciudadano o contrapeso interno;
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se legitima la idea de que “para que haya orden, hay que pasar por encima de la ley”.
En términos de proyecto histórico, esta doctrina de trabajo rompe el puente entre la policía y los tiempos democráticos. La regresa simbólicamente a 1976, aunque haya urnas y campañas.
«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)
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