Las torturas en Piñero no quedaron dentro de los muros: explotaron afuera. Y el costo fue sangre de inocentes.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Una advertencia cumplida: cuando el Estado humilla, la respuesta la recibe la sociedad
Lo que ocurrió en Santa Fe en 2023–2025 no fue un hecho aislado ni un error táctico: fue la consecuencia directa de una política de pretendida “mano dura performática” que violó tratados internacionales, expuso a agentes penitenciarios, agravó el conflicto carcelario y terminó desatando una represalia feroz sobre la ciudadanía.
APROPOL lo advirtió desde el primer día: “La humillación pública dentro de las cárceles no neutraliza a las bandas; las enfurece. Y el castigo no se lo llevan los responsables políticos, sino los trabajadores y el pueblo.”
Lamentablemente, así ocurrió.
La ONU confirmó las torturas. Santa Fe ya no puede mirar para otro lado
El Comité contra la Tortura de la ONU describió prácticas propias de zonas de excepción:
- presos desnudos,
- hacinados,
- sometidos a vejámenes,
- víctimas de submarino, golpes, tormentos y abusos.
Lo que Pullaro y Cococcioni presentaron como “orden” fue, para la comunidad internacional, violación grave a derechos fundamentales. Argentina está bajo examen internacional. Y Santa Fe quedó anotada como caso crítico.
El “modelo Bukele” criollo: un show político con costos humanos incalculables
Las escenas montadas en cárceles provinciales —fotos de presos desnudos, cuerpos en fila, sometimiento público— fueron celebradas por los funcionarios como si se tratara de un acto de heroísmo. En realidad, fueron un combustible inflamable.
La “estética Bukele” no se quedó en una foto: desencadenó un conflicto que terminó pagando la ciudad de Rosario.
– El gobernador Pullaro dió este paso pero no es suficiente, estos son asesinos y sus cómplices están libres,se va a necesitar algo más que videos o fotos desafiantes… pic.twitter.com/m1Mbp6q2y6
— Doctor House (@Bobmacoy) March 10, 2024
La reacción criminal: una masacre anunciada
La exhibición humillante de capos de bandas delictivas dentro de las cárceles desató la furia de las bandas detenidas.
Su represalia fue brutal y cobarde, dirigida contra los más indefensos:
- Un colectivero,
- dos taxistas,
- un playero,
todos asesinados en ataques que sembraron terror en Rosario.
No fueron crímenes aislados.
No fueron hechos “inexplicables”.
Fueron consecuencias directas y previsibles de una política equivocada.
Como señalamos en su momento: “Cuando el Estado improvisa fuerza, la ciudad paga violencia.”
El crimen organizado respondió donde más duele: en la calle, sobre trabajadores que no tenían nada que ver con el conflicto penitenciario.
Y como siempre: los trabajadores del Estado quedaron en el medio
Tras el show mediático:
- agentes penitenciarios terminaron imputados,
- policías quedaron expuestos sin respaldo,
- el conflicto escaló,
- la violencia se multiplicó.
Los funcionarios que montaron la escena quedaron impunes; quienes la ejecutaron, con riesgo y sin poder negarse, quedaron como responsables ante la Justicia.
La vieja historia argentina: las órdenes bajan desde arriba, las consecuencias caen hacia abajo.
Un patrón estructural: violar la ley no trae seguridad, trae caos
El Protocolo Bullrich a nivel nacional y la política Cococcioni-Pullaro en Santa Fe comparten el mismo ADN:
- crear la ilusión de orden;
- desplazar las garantías;
- exponer a trabajadores;
- provocar reacciones violentas;
- abandonar a las víctimas.
La ONU ya lo dijo. Los tratados lo prohíben. APROPOL lo advirtió. La realidad lo confirmó.
Seguridad no es espectáculo; seguridad es legalidad
La seguridad que se improvisa para la foto termina en entierros.
La disciplina basada en humillación termina en represalias.
Las políticas que violan tratados internacionales ponen en peligro al pueblo, no lo protegen.
Santa Fe se convirtió, sin quererlo, en un caso testigo mundial de cómo el autoritarismo performativo termina devorando a los inocentes.
Hoy la ONU exige justicia. APROPOL exige responsabilidad política. Y la sociedad exige respuestas.
La pregunta es simple: ¿Cuántos más deberán padecer para que el Estado vuelva a entender que la seguridad se construye con legalidad, no con crueldad?
–
«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)
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