En el Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario, dependiente de la Unidad Regional II, una medida interna volvió a encender las alarmas por violencia laboral. Según denunció una familiar de uno de los agentes afectados, a varios trabajadores que tomaron carpeta médica se les impuso, “de castigo”, el horario 8×16, con franco únicamente los días miércoles.
Por Rubén Pombo
La decisión no es menor. Muchos de estos agentes viven a varios kilómetros de Rosario y dependen de combinaciones de colectivos para desplazarse. En ese contexto, asignarles un régimen 8×16 —sin transporte disponible para regresar— se convierte en una forma de presión que afecta directamente su salud, sus ingresos y su vida familiar.
“¿Las personas no tienen derecho a enfermarse? ¿Tienen que ser robots para el Estado? Es una vergüenza”, expresó la denunciante, sintetizando el malestar que crece entre los trabajadores. La frase expone una sensación compartida: detrás de la formalidad de los servicios, se esconde un castigo encubierto.
En ningún reglamento de la Policía de Santa Fe existe una figura que permita sancionar a un agente mediante la modificación arbitraria del régimen horario. Tampoco la Ley 12.521 habilita a utilizar los turnos como mecanismo disciplinario. Aun así, la UR II aplica desde hace años este tipo de medidas informales que operan como sanciones indirectas, difíciles de cuestionar y fáciles de imponer.
La práctica configura un caso claro de acoso institucional. Cambiar un 12×36 por un 8×16 como represalia por haber usado una carpeta médica convierte a un derecho —la licencia por enfermedad— en una sospecha permanente. La salud del trabajador deja de ser una preocupación y pasa a interpretarse como una deslealtad. Es, además, una conducta prohibida por la normativa laboral y por los estándares internacionales de la OIT.
En el fondo, lo que aparece es una cultura de castigo implícito: si te enfermás, pagás; si pedís licencia, te rompo el horario; si reclamás, te marco. Una lógica que coincide con lo que APROPOL denuncia desde hace años: la construcción del trabajador policial como sospechoso por defecto, aún cuando se encuentra enfermo y con justificación médica.
Esta modalidad de represalia —no escrita, no regulada y difícil de impugnar— vulnera derechos básicos, agrava el estrés laboral, deteriora vínculos familiares y complica el desempeño profesional. También profundiza la desconfianza hacia las autoridades y alimenta un clima de miedo que poco tiene que ver con la conducción moderna de una fuerza de seguridad.
Lejos de un acto administrativo, lo ocurrido en el CRE aparece como una medida de fuerza disfrazada de organización interna. Un castigo que se ejerce desde arriba hacia abajo, sin control, sin procedimiento y sin respeto por la dignidad del trabajador.
Mientras estas prácticas se mantengan en la sombra, la salud laboral de la policía seguirá siendo un territorio sin protección. Y Rosario —otra vez— queda como ejemplo de cómo la arbitrariedad termina supliendo a la ley cuando se gobierna desde la sospecha y no desde el respeto.
AMPLIAREMOS
APROPOL Noticias