Los trabajadores del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe llevan meses intentando ser escuchados por el Gobierno. Presentaron petitorios formales sobre condiciones de trabajo deplorables, reclamos salariales y derechos básicos que no fueron respondidos por las autoridades provinciales.
Por Marcos Anglada
A pesar de esta falta de respuesta, el gobierno continúa doblando la apuesta con ejecución de políticas de seguridad que profundizan la precarización y la arbitrariedad, tanto dentro del sistema penal como en la calle.
Este 15 de diciembre, la familia penitenciaria se moviliza frente a la Casa de Gobierno, cansada de un Estado que exige sacrificios sin reciprocidad, que promete modernización pero tolera condiciones inhumanas de trabajo y sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Los reclamos que circulan en la convocatoria van más allá del malestar: son demandas de supervivencia y dignidad.
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Petitorio mínimo y legítimo
Los trabajadores penitenciarios exigen al Gobierno de Santa Fe, entre otros puntos:
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Una mejora salarial real y urgente, no promesas ni aumentos insuficientes.
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Pago inmediato de horas extras adeudadas, por trabajo que ya fue realizado.
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Condiciones de higiene y seguridad dignas en los establecimientos penitenciarios.
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Comida digna para el personal, frente a raciones que rozan lo inhumano.
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Horarios laborales razonables, porque nadie es una máquina.
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Respeto pleno para jubilados y retirados, quienes dieron años de servicio y hoy son olvidados.
No se trata de un reclamo sectorial menor: se trata de defender condiciones mínimas de trabajo humano, en un servicio esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho.
Gestiones sin respuestas
La paciencia se agotó
Los testimonios que circulan revelan realidades intolerables: guardias sin baños, establecimientos con falta de higiene, infraestructura colapsada, jornadas interminables y salarios pulverizados por la inflación. Aun así, los trabajadores sostienen un servicio que el poder político solo recuerda cuando necesita un titular.
Este reclamo no es aislado ni espontáneo: es la continuación de un proceso de deterioro institucional que afecta también a policías, empleados estatales y ciudadanos, en el que el manejo de la seguridad se traduce en precariedad laboral, arbitrariedad operativa y ausencia de políticas públicas integrales.
El gobierno responde con cifras, no con derechos
Mientras los trabajadores penitenciarios plantean estas demandas básicas, el ministro de Justicia y Seguridad destaca que la cantidad de detenciones se ha duplicado respecto a 2023, atribuida a mayor presencia policial en la calle y a reformas normativas recientes presentadas como “resultados concretos” del Plan de Seguridad.
Es decir: el gobierno celebra cifras como si fueran sinónimo de seguridad, mientras ignora que la seguridad también se construye con condiciones laborales dignas, respeto a derechos y diálogo institucional.
Una movilización pacífica, un reclamo urgente
La movilización del 15 de diciembre no es un acto de bronca: es un reclamo de dignidad y supervivencia, una exigencia de derechos que no pueden esperar más. La fuerza penitenciaria convoca no solo a personal activo, sino también a personal de sanidad, administrativos, técnicos, guardias, jefaturas y jubilados, porque el deterioro que hoy golpea al Servicio Penitenciario no es ajeno a la policía ni a otros trabajadores del Estado.
La indiferencia de un Estado que exige sacrificios y niega derechos no solo erosiona la legitimidad institucional, sino que también profundiza la crisis misma que dice querer resolver.
Contacto Prensa: Acuña Mariano – +54 9 3426 13-5275
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