Trabajo, derechos y dignidad: no a cualquier costo

Por Alberto Rubén Martínez (*)

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que el proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei no busca quitar derechos, sino “proteger el trabajo”. El argumento se apoya en un dato real: la persistente informalidad laboral que afecta a una parte significativa de la población económicamente activa. Ese diagnóstico no puede negarse ni minimizarse.

El problema aparece cuando, a partir de ese dato, se formula una conclusión equivocada. Sostener que “sin trabajo no hay derechos” no es parcialmente cierto: es conceptualmente erróneo. El derecho al trabajo no nace cuando aparece el empleo ni desaparece cuando falta. Existe porque está ligado a la dignidad de la persona. Cuando el trabajo no está garantizado, lo que ocurre no es la inexistencia del derecho, sino su vulneración. Confundir la ausencia de cumplimiento con la ausencia del derecho habilita políticas que, en nombre del empleo, terminan degradando al trabajador.

El trabajo es una condición económica. El derecho del trabajo es una construcción jurídica y política destinada a equilibrar una relación estructuralmente desigual: la que existe entre quien vive de su trabajo y quien detenta el capital. Por eso el derecho laboral no se limita a que “haya trabajo”, sino que fija límites, garantías y protecciones. No es un lujo posterior al empleo: es su presupuesto de dignidad.

El capital no genera valor por sí mismo; se valoriza a través del trabajo humano. Priorizar al trabajador no es una consigna ideológica, es una constatación económica y una obligación jurídica. Favorecer el trabajo es una tarea de los privados y también del Estado, pero no a cualquier costo. Cuando el Estado sacrifica derechos en nombre del empleo, no protege al trabajador: protege la rentabilidad.

La informalidad es un problema real y profundo. Combatirla exige políticas productivas, control estatal, reglas claras y un sistema laboral que no convierta la necesidad de trabajar en una herramienta de disciplinamiento. Lo que no exige —ni histórica ni jurídicamente— es desproteger al trabajador para atraer empleo. Esa receta ya se aplicó y no resolvió el problema que dice combatir.

Proteger el trabajo, sí. Pero protegerlo con derechos, no contra ellos. Porque cuando el derecho se retira, lo que queda no es más trabajo digno, sino más desigualdad. Y cuando la dignidad se subordina al mercado, el Estado deja de cumplir su función esencial.

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«Quien quiera oir que oiga»

(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)

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