El pasado 1 de enero de 2026, alrededor de las 08:00 horas, se produjo un siniestro vial de gravedad en la localidad de Nelson, departamento La Capital, cuyas circunstancias y posteriores actuaciones policiales han despertado serias sospechas de irregularidades, omisiones y posible encubrimiento institucional.
Por Marcos Anglada
Según la denuncia realizada por allegados del joven lesionado, el hecho involucró a Fausto L., de 19 años, quien circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, y a un automóvil Chevrolet Onix, conducido por H. L., actual funcionario público de la zona, figura pública ampliamente conocida en la localidad.
Un herido grave y un procedimiento que nunca existió
Como consecuencia del impacto, el joven resultó con lesiones de consideración, fue trasladado al SAMCo local y posteriormente derivado a un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, donde debió ser intervenido quirúrgicamente.
Lo que genera alarma no es solo el accidente, sino lo que ocurrió después.
De acuerdo con los testimonios aportados:
«El Morocho» es el funcionario que se habría presentado en la Comisaría 15ª de Nelson en estado de ebriedad manifiesta (como se lo suele ver), solicitando hablar con el comisario y el sumariante en turno.
Personal policial habría accedido a esa reunión fuera de todo protocolo.
No se habrían realizado extracciones sanguíneas a los conductores involucrados.
No se habría dado intervención a la Fiscalía en turno, como exige la normativa vigente en siniestros viales con lesionados.
No existiría expediente activo ni actuaciones formales registradas ante el Ministerio Público de la Acusación.
Estas omisiones, de confirmarse, constituyen faltas gravísimas, tanto desde el punto de vista administrativo como penal, y colocan a la dependencia policial nuevamente en el centro de la sospecha pública.
La pregunta inevitable: ¿encubrimiento por poder y dinero?
La denuncia apunta directamente al comisario D. C., jefe de la Comisaría 15ª, y al personal a su cargo, planteando interrogantes que la institución no puede seguir ignorando:
- ¿Por qué no se activaron los protocolos obligatorios?
- ¿Por qué no hay intervención fiscal?
- ¿Por qué el expediente no existe?
- ¿Se protegió a un funcionario político local?
- ¿Se utilizó la estructura policial para “hacer desaparecer” un hecho grave?
Mientras tanto, el joven atravesó una cirugía, con secuelas físicas y emocionales, sin que el Estado haya garantizado verdad, legalidad ni igualdad ante la ley.
Intervención de Asuntos Internos
Según información aportada por la familia denunciante, Asuntos Internos ya habría tomado intervención, lo que confirma que la situación no es un rumor, sino un caso bajo análisis institucional.
No se trata de una persecución ni de una acusación liviana: se trata de defender la legalidad, la transparencia y la dignidad del servicio policial, que se ve dañada cada vez que un uniforme se utiliza para cubrir al poder político en lugar de proteger al ciudadano.
Una práctica que no es nueva
Este episodio reabre una herida conocida: comisarías que funcionan como oficinas de negociación, donde la ley se aplica según apellido, cargo o billetera, y donde los trabajadores honestos pagan el costo de jefaturas que confunden autoridad con impunidad.
La pregunta final no puede seguir postergando:
¿Cuántos hechos más deben “arreglarse” para que se tomen decisiones de fondo?
¿Cuánto vale hoy la verdad en una comisaría?
El personal de esa comisaría ajena a estas presuntas maniobras exige una investigación seria, transparente y sin encubrimientos, con responsabilidades claras, caiga quien caiga.
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