Efectivos de la Unidad Regional I denunciaron públicamente la falta de provisión de uniformes y equipamiento básico para el cumplimiento del servicio, situación que se arrastra desde hace meses y que hoy alcanza niveles críticos.
Por Marcos Anglada
Según relatan los propios trabajadores policiales, existen uniformes disponibles en el área de logística, pero la distribución se encuentra paralizada por demoras administrativas que dependen exclusivamente de la firma de la jefatura de unidad. Mientras tanto, los agentes continúan prestando servicio en jornadas promedio de 12 horas con indumentaria visiblemente deteriorada.
Las imágenes a las que tuvo acceso APROPOL muestran calzado con un desgaste extremo, sin condiciones mínimas de seguridad ni de higiene laboral. No se trata de una cuestión estética, sino de un riesgo concreto para la salud física de los trabajadores y de un incumplimiento grave por parte del Estado empleador.
La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19.587), así como los convenios internacionales de la OIT ratificados por la Argentina, establecen con claridad la obligación del empleador de proveer los elementos necesarios para el desarrollo de la tarea en condiciones dignas y seguras. Esta obligación es aún más estricta cuando se trata de fuerzas de seguridad que prestan servicios esenciales.
Desde APROPOL se advierte que este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural de abandono institucional, donde la burocracia y la falta de gestión terminan convirtiéndose en una forma silenciosa de violencia laboral.
Resulta inadmisible que mientras los discursos oficiales hablan de profesionalización, modernización y compromiso con la seguridad pública, los propios trabajadores deban salir a la calle con calzado roto y uniformes vencidos.
Un Estado que no puede garantizar lo más básico —un uniforme adecuado— difícilmente puede exigir eficiencia, compromiso y profesionalismo. La autoridad no se construye con slogans, sino con condiciones reales de trabajo.
La seguridad pública empieza por respetar los derechos humanos laborales de quienes la sostienen todos los días, incluso en las peores condiciones.
APROPOL Noticias

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