
Cococcioni anunció nuevos suplementos, suba de la tarjeta alimentaria y aumentos en OSPE y adicionales para la Policía de Santa Fe. HAY OPINIONES DIVIDIDAS ENTRE EL PERSONAL.
Por Rubén Pombo (*)
En una conferencia de prensa atravesada por el reciente malestar policial y el debate por las condiciones laborales —incluida la dimensión de la salud mental— el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, presentó un paquete de medidas que, según explicó, busca “fortalecer, acelerar y priorizar” políticas vinculadas al bienestar del personal de las fuerzas de seguridad, en un contexto donde el gobierno afirma haber “pedido mucho” a la Policía durante los últimos dos años.
“La inversión en seguridad es la prioridad número uno”, sostuvo el ministro, al tiempo que remarcó que el Ejecutivo “no va a escatimar recursos” para mejorar la situación del personal policial.
Tres nuevos suplementos: hasta $500.000 por zona priorizada y $250.000 para choferes
El eje central del anuncio fue la reformulación del sistema de suplementos específicos. Cococcioni explicó que el esquema salarial se volvió “complejo” por acumulación histórica de rubros, y que la decisión oficial es crear tres nuevos suplementos, que se suman a lo que ya se cobra y no eliminan adicionales previos.
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Plus de $500.000 para funciones operativas de calle (régimen 12×36) en ciudades priorizadas:
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Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, y Departamento La Capital: Santa Fe y Santo Tomé.
El ministro lo justificó por tratarse de “escenarios urbanos” con mayor complejidad delictiva y monitoreo intensivo mediante análisis criminal y sistema 911.
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Plus de $250.000 para tareas operativas similares pero en segundo nivel (departamentos con mayor complejidad o “vacancia”):
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Resto de La Capital y resto de Rosario (excluyendo las ciudades del primer nivel), más Caseros, San Lorenzo, General López, Constitución y Castellanos.
Aclaró que estos dos suplementos son excluyentes: quien cobra uno, no cobra el otro.
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Plus adicional de $250.000 para choferes habilitados (patrulleros, motovehículos y conducción de vehículos policiales), en toda la provincia, compatible con los otros suplementos.
Cococcioni argumentó que “de las dos personas que están en el patrullero”, quien conduce asume una “responsabilidad indispensable” y un riesgo mayor por el manejo de un móvil oficial.
Tarjeta alimentaria policial: sube 102,28% (de $86.847 a $175.682)
Otro anuncio fuerte fue el incremento de la tarjeta alimentaria policial, que estaba en $86.847 y pasará a $175.682, lo que el ministro cuantificó como un aumento del 102,28%.
Según explicó, el expediente ya tiene avance administrativo, por lo que su formalización debería ser rápida.
OSPE y adicionales: OSPE base a $8.000 y subas del 47% en adicionales por riesgo
En materia de pago por horas y servicios extraordinarios:
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Hora OSPE (la paga el Estado para servicio fuera de horario o franco):
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Hora base inferior: de $5.500 a $8.000 (+31%).
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Cococcioni afirmó que, tomando desde diciembre de 2023, el aumento acumulado sería del 600%.
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Adicionales (tres categorías por nivel de riesgo): +47% en las tres escalas:
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Rango bajo: de $2.781 a $5.283
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Rango intermedio: de $8.352 a $15.868
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Rango alto: de $11.000 a $21.000
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El ministro enfatizó que estas horas “son carga horaria extra” y deben estar “adecuadamente reconocidas”.
Salud mental: reforzar recursos, revisar protocolos y mejorar comunicación interna
Cococcioni dedicó un tramo extenso a la salud mental, señalando que existen herramientas disponibles, pero que muchas veces “no eran ampliamente conocidas” por sus destinatarios. Planteó como primera medida la difusión del programa vigente, y anticipó un fortalecimiento de la Dirección/área de bienestar policial.
Además, mencionó que hay 560 policías en seguimiento psicológico y que 480 abandonaron tratamiento, lo que llevó al gobierno a evaluar cambios en protocolos ante el abandono: contacto institucional, insistencia en la continuidad y seguimiento. También remarcó la dificultad de imponer terapias: “no hay forma de que una persona que se niega a una acción terapéutica, uno pueda imponérsela”.
En este punto, el ministro introdujo una idea clave: separar el rol de evaluación de aptitud (por ejemplo, portar arma) del rol terapéutico, para preservar “confianza y secreto profesional”.
Traslados, desarraigo y alojamiento: apoyo para alquileres y hotelería
En relación al desarraigo —tema vinculado al malestar histórico por traslados— el ministro explicó que existe un problema estructural: la fuerza recluta en un lugar y presta servicio en otro. Señaló que en años previos “cuatro de cada cinco” ingresos provenían del norte provincial, lo cual dificulta radicación en el sur.
En ese marco anunció dos líneas en evaluación:
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Programa de apoyo a alquileres para quienes decidan radicarse en el lugar de destino (ejemplo: Rosario).
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Política de hotelería para quienes quieran pernoctar en destino, similar a lo que Santa Fe aplica con fuerzas federales en Rosario.
Transporte: 12 colectivos y $1.000 millones mensuales
El ministro también repasó el transporte gratuito para personal policial: dijo que se pasó de 6 colectivos a 12, con una inversión de $1.000 millones por mes, y que podrían sumarse líneas según necesidad. Aclaró que es un “paliativo” porque el tiempo de viaje sigue existiendo, y no descartó modalidades complementarias para tramos menores, como boleto subsidiado.
Ejemplos salariales: entre $1,65 millones y $2,7 millones en casos operativos
Para dimensionar impacto, Cococcioni dio ejemplos de haberes iniciales (sin jerarquía ni antigüedad) en tareas operativas:
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Caminante (Brigada de Orden Urbano) en Rosario: $1.650.000.
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Chofer de Comando Radioeléctrico u operador motorizado: entre $1.900.000 y $2.300.000.
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Operador de brigada de explosivos: entre $2.450.000 y $2.700.000, según si conduce vehículo oficial.
Sobre las protestas: composición heterogénea y “gente ajena” a la institución
Consultado por el reclamo y la dinámica de las manifestaciones, el ministro sostuvo que no se trató de un grupo homogéneo: mencionó familiares, retirados, reclamos individuales e incluso “personal exonerado o condenado penalmente”, y afirmó que “se empezó a sumar gente que no tenía absolutamente nada que ver con la institución policial”.
Evito hablar en términos cerrados de “infiltrados”, pero describió un “cambio de composición” y señaló que, con el correr de las horas, se registraron conductas que derivaron en intervención policial para garantizar servicios.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
(c) APROPOL Noticias (2001 / 2026) – 25 años con información y algo más.
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